Los CIACS o la arqueología de un eufemismo. Edgar Celada Q.

Los CIACS o la arqueología de un eufemismo

Edgar Celada Q.
Área de Justicia y Seguridad
Ciudadana / IPNUSAC

Resumen

Estimulado por el debate acerca de la renovación del mandatado de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), este artículo sostiene que los CIACS (cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad) son un eufemismo nacido de las negociaciones de paz entre el gobierno de Guatemala y la guerrilla, que oculta su origen en la criminalización del Estado ocurrida durante la guerra civil de 36 años. Rastrea los orígenes tanto de los CIACS como del proceso de criminalización del Estado, señalando su imbricación con el entorno de Guerra Fría y su expresión en la Doctrina de Seguridad Nacional. Propone una periodización para una historia aún pendiente de los CIACS y finaliza aludiendo a algunas manifestaciones actuales del objeto de estudio.

Palabras clave. Estado, Doctrina de Seguridad Nacional, Guerra Fría, CIACS, escuadrones de la muerte, Ejército, Policía, terrorismo de Estado, CICIG.

 

Si me dicen que el sol, que por el cielo

describir un gran círculo se mira,

camina en torno de él con raudo vuelo,

como sé que la tierra es la que gira

sobre sus mismos polos, sin recelo

digo que lo que dicen es mentira

aunque la vista así lo represente:

¿Por qué? Porque el discurso lo desmiente

José Batres Montufar / Las falsas apariencias

 

Un arraigado rasgo de la idiosincrasia guatemalteca hace usual, normal o socialmente aceptado apelar a eufemismos para referirse a hechos o situaciones, cuando menos, incómodas, bochornosas y hasta delictivas. Los ejemplos abundan: las y los lectores de estas notas pueden hacer el ejercicio de enumerar cuántas veces al día se evade llamar las cosas por su nombre.

Cuando esa práctica se lleva al terreno de la política y del gobierno de la sociedad, se llega a extremos como el que ha vivido Guatemala desde el 29 de marzo de 1994, cuando los representantes del Gobierno de la República y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) sortearon un escollo de las negociaciones de paz acudiendo a un eufemismo para evadir llamar por su nombre a las prácticas arbitrarias e ilegales realizadas de forma habitual por el Estado mismo: los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad, después abreviados como CIACS.

En efecto, el compromiso IV del Acuerdo Global sobre Derechos Humanos, suscrito en Oslo, Noruega, en la fecha indicada, establece que “Para mantener un irrestricto respeto a los derechos humanos, no deben existir cuerpos ilegales, ni aparatos clandestinos de seguridad. El Gobierno de la República reconoce que es su obligación combatir cualquier manifestación de los mismos.” (Gobierno de Guatemala / URNG, 1997: 22).

A falta, por el momento, de fuentes que aporten información sobre cómo nació el eufemismo en la mesa de negociación entre el Gobierno, el Ejército y la guerrilla, no hay otra opción que atenerse a lo que parece evidente: la fórmula “cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad” era la ruta de escape frente a la imposibilidad política y jurídica de que el gobierno reconociera abiertamente la existencia de aquellas prácticas de Estado, atribuyéndolas a unos ambiguos como difusos CIACS.

No sería, por cierto, la primera vez que en la historia nacional se acudiera a un eufemismo para dejar en la impunidad las ilegalidades y arbitrariedades nacidas de una práctica sistémica de Estado. Por ejemplo, las élites que dirigieron la revuelta anticabrerista en 1920, prefirieron el expediente de la deposición de Manuel Estrada Cabrera alegando “incapacidad mental” antes que llevarlo a un juicio que hubiese dejado al desnudo todo un sistema del cual sacaban ventaja las propias clases gobernantes y no solamente el autócrata.

Curiosas, por su actualidad para el asunto que nos ocupa, resultan las anotaciones de Hübner acerca del desenlace judicial y político de ese capítulo de la vida nacional:

“Nunca se le hace (a Estrada Cabrera) un verdadero juicio de residencia. No pocos guatemaltecos se niegan a acusarlo y hasta a servir de testigos contra él. Unos por consideración, otros por comodidad, los más por miedo. El propio gobierno –ahora el de su antiguo ministro de Instrucción, el general José María Orellana, que se esfuerza hasta donde puede en servirse de la experiencia de su antiguo jefe-, es el menos interesado en que se enjuicie, nacionalmente, a Estrada Cabrera. Y mucho menos en correr el riesgo de que le condenen. ¿A dónde puede llegarse en Guatemala, piensan el nuevo dictador y sus acólitos liberales, si todo un ex señor presidente, ingresa, condenado legalmente a una ‘bartolina’? (Hübner, 1992: 477).

Tal cual, se hizo con ese “Estrada Cabrera colectivo” al cual se denominó CIACS en 1994. La realidad de las negociaciones de paz y el realismo de los negociadores parecen haber dado origen al eufemismo. Nunca el Estado, con la sartén de las negociaciones por el mango, habría consentido en enjuiciarse a sí mismo, ni la insurgencia disponía de la fuerza suficiente como para, en este asunto concreto, imponer algo más que esa definición ambigua e imprecisa. Resultaba, por decirlo de algún modo, un eufemismo inevitable.[1]

En este artículo se sostiene que los llamados CIACS eran, en su origen y buena parte de su desarrollo, expresiones organizativas y modalidades operativas de los más altos poderes del Gobierno de la República, funcionales a las estrategias de control y supresión de las luchas sociales, de sus organizaciones y líderes opuestos al modelo de dominación militar-oligárquico establecido a partir del golpe de Estado castrense del 30 de marzo de 1963.

Desde este punto de vista, los CIACS fueron el eufemismo con el que se denominó a las prácticas ilegales y criminales desde dentro del Estado, como parte de esa estrategia de contención de la lucha social, identificada por el poder y la ideología dominantes de aquella época como “comunismo”.[2]

Se trata de prácticas ilegales y criminales desarrolladas como políticas de Estado, sustentadas en una arraigada cultura de ilegalidad del poder público, alimentadas por el anticomunismo visceral de las clases gobernantes y por la inoculación macartista propia de la Guerra Fría, y organizadas con el asesoramiento técnico-político, el entrenamiento de sus ejecutores y el financiamiento de agencias de seguridad e inteligencia del Gobierno de Estados Unidos. El estudio de los CIACS, en otras palabras, ilustra cómo se aplicó y ambientó la Doctrina de Seguridad Nacional a las condiciones de Guatemala.[3]

No está de más recordar lo que, durante las últimas semanas, se ha venido repitiendo a propósito de la socialmente demandada renovación del mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG): no hay una “definición” precisa y de aceptación general sobre los CIACS.

El Acuerdo Global sobre Derechos Humanos, obviamente, no la hace y en el Acuerdo entre la Organización de las Naciones Unidas y el Gobierno de Guatemala relativo al establecimiento de una Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, del 12 de diciembre de 2006, se establece que se entenderá por CIACS a aquellos grupos que se organizan para “cometer acciones ilegales para afectar el pleno goce y ejercicio de los derechos civiles y políticos” y que están “vinculados directa o indirectamente con agentes del Estado, o contar con capacidad de generar impunidad para sus acciones ilícitas” (ONU / Gobierno de Guatemala, 2006: 4).

Nótese, en esa definición, cómo nuevamente está “esfumada” la génesis paraestatal de los CIACS, dejando en pié –únicamente- el rastro de su motivación esencial: “cometer acciones ilegales para afectar el pleno goce y ejercicio de los derechos civiles y políticos”.

Tal dificultad para definir a los CIACS tiene que ver tanto con la naturaleza eufemística de esa denominación, como con los cambios históricos operados en ellos, en el entorno estatal, nacional e internacional. Sobre este último factor, el entorno internacional, no deja de llamar la atención que en el origen de los CIACS jugó un papel decisivo el asesoramiento, entrenamiento y financiamiento del gobierno de EE.UU, y es ahora desde allí, en sus poderes Ejecutivo y Legislativo, donde se levantan voces fuertes en respaldo de la CICIG. Paradojas de la historia, que podrían ser objeto de un análisis adicional y para el cual ahora no disponemos de espacio, ni tiempo.

La cultura de la ilegalidad y el origen de los CIACS

El respeto de la legalidad no ha sido, precisamente, un rasgo distintivo del ejercicio del poder público. Ni el conservadurismo cuasi monárquico del carrerismo, ni los gobiernos “liberales” de la república finquera-cafetalera-bananera fueron modelo de apego a las propias leyes.

No por casualidad un diplomático porfirista, Federico Gamboa, hacía notar, en abril de 1906 a la Secretaría de Relaciones Exteriores de México que en Guatemala “es de pública notoriedad que el Poder Judicial y la policía lejos de ser una garantía y un amparo, respectivamente, son para propios y extraños en sus vidas e intereses algo más que una amenaza” (citado por Gutiérrez, 2005: 192).

Es, precisamente, sobre esa secular cultura de la ilegalidad (y la impunidad) como habrán de desarrollarse las prácticas y las estructuras criminales dentro del Estado, a las que eufemísticamente se llamará CIACS.

Aunque la formación de estos empieza a gestarse a mediados de la década de 1960, hay evidencias de condiciones de ilegalidad y de modalidades de operación gubernamentales muy anteriores a su generalización. Tal es el caso, por ejemplo, de la violación de la correspondencia en los servicios públicos de correo: una investigación realizada en 1993 por la oficina del Procurador de los Derechos Humanos y cuyo expediente[4] pudo consultar el autor, permitió establecer que en la Dirección General de Correos existía, desde 1944, una oficina dedicada a la apertura ilegal de la correspondencia privada, que los nombramientos de quienes allí trabajaban los hacía el Estado Mayor Presidencial y que las autoridades civiles no tenían control sobre lo que se hacía en esa oficina.

En su excelente investigación sobre los aparatos de control estatal en contra de los trabajadores, Marta Gutiérrez se refiere también a esa “Oficina Técnica a donde era trasladada la correspondencia considerada sospechosa. Se encontraba a cargo de oficiales del Ejército y empleados de telégrafos” (Gutiérrez, 2011: 140). Y cita al ex dirigente sindical de los telegrafistas, Marco Antonio Figueroa, quien afirmó “era una oficina que nosotros sabíamos que estaba allí, pero no teníamos ni acceso, ni mayor información” (Ibídem).

Lo que interesa destacar es cómo las prácticas y las estructuras ilegales se apoyan en una arraigada cultura de violación sistemática de la ley, expresión de una tradición también extendida en nuestra historia: la incoherencia entre discurso y conducta, tanto privada como pública.

Si bien la histórica cultura de la ilegalidad es una condición favorable para el desarrollo de los CIACS, éstos no derivan automáticamente de ella: son el resultado de un momento histórico concreto, en unas condiciones nacionales concretas, las de Guatemala entre 1966 y 1996. La cultura de la ilegalidad sumada al uso igualmente ilegal e ilegítimo de la violencia lleva a una situación en la que

la violencia ejercida de manera ilegal, haciendo uso del terrorismo de Estado, se convierte fácilmente en una violencia clandestina. De esta manera, el Estado, en esas circunstancias, ejerce la violencia por medio de actos ilegales que pretende enmascarar. Este enmascaramiento se debe a que no se quiere perder la legitimidad tanto en los linderos del territorio que gobierna como en el seno de la comunidad internacional. El Estado que actúa así viola su propia legalidad y esto lo convierte en un gigantesco criminal (Figueroa Ibarra, 2013: 174).

Vistos en una perspectiva histórica concreta, específica, los CIACS son, además, resultado de la aplicación cada vez más exacerbada de una determinada forma de entender la seguridad, esto es, la Doctrina de Seguridad Nacional, uno de los peores vástagos de la Guerra Fría. En el desarrollo de ésta, señala acertadamente Grandin, “la importancia de la intersección entre los intereses nacionales e internacionales para contener la democracia latinoamericana no puede subestimarse” (2007: 13).

Guatemala fue, conviene no olvidarlo, un “show case” de la intervención imperial exitosa, de allí que desde el momento mismo del derrocamiento de Jacobo Árbenz Guzmán, en 1954, se inicia una atención especial de diversas agencias del gobierno de Estados Unidos para capacitar, tecnificar y financiar la “modernización” de las instituciones de seguridad. Atención privilegiada que conducirá, según documentan abundantemente Palma y González (2013), tanto a una ascendencia decisiva (por no decir tutela) estadounidense sobre las instituciones guatemaltecas de seguridad, como a un modelo militarizado y centralizado de las políticas públicas de control y represión de la “amenaza comunista”.

Durante el gobierno de facto del coronel Enrique Peralta Azurdia (1963-1966) es cuando se produce un giro importante de la asesoría estadounidense, así como en la acentuación y organización, coordinada primero y centralizada, después, de las prácticas ilegales y criminales desde el Estado.

Según anota una fuente estadounidense

Escuadrones de la muerte, nunca antes visto en América Latina, se iniciaron durante este período. Líderes del Ejército, funcionarios del Gobierno y empresarios que apoyaron y financiaron a menudo los escuadrones de la muerte, tenían estrechos vínculos con varios gobiernos de Estados Unidos. Los escuadrones tenían listas de personas sospechosas de ser comunistas, o que se oponían al sistema vigente de control de la élite corporativa-ejército. Quienes estaban en las listas fueron perseguidos y asesinados (Third World Traveler, s/f).

Este giro está asociado al nombre de John Longan, quien en algún momento de 1965 llega a Guatemala procedente de Venezuela[5] (donde tenía su base de actividad como asesor en seguridad del gobierno estadunidense) a solicitud del embajador John Gordon Mein. Según Grandin (2010: 97), Longan habría sido el organizador del primer escuadrón de la muerte en Guatemala, a mediados de la década de 1960. En otro texto, el mismo historiador norteamericano consigna que durante esta segunda estadía en Guatemala, Longan tuvo una misión temporal:

Organizar una unidad de seguridad de respuesta rápida. En tres meses, este pelotón, que trabajó bajo el nombre de Operación Limpieza, había efectuado más de 80 asaltos y múltiples ejecuciones extrajudiciales, incluyendo una acción en la que durante cuatro días de marzo (de 1966) capturaron, torturaron y ejecutaron a más de 30 prominentes líderes izquierdistas de oposición (Grandin, 2007: 117).

El propio experto estadounidense reportó en enero de 1966 a sus superiores en Washington que en cumplimiento de la asesoría solicitada, en una reunión efectuada en noviembre de 1965 con otros asesores estadounidenses “propuse, y los demás presentes estuvieron de acuerdo, que yo elaborara planes inmediatos y de largo plazo, tanto abiertos como encubiertos” (National Security Archive, S/f: Doc. 1. Las cursivas son del autor).

En ese mismo documento desclasificado Longan consigna que

después de varias reuniones celebradas en una casa de seguridad con los Jefes de las tres agencias policiales arriba mencionadas,[6] fue obvio que debido a la rivalidad, la falta de cooperación, y la desconfianza entre estas tres agencias, de hecho no existía ningún plan u operación coordinada. Informé inmediatamente al Embajador Mein que sería necesario acudir a los más altos niveles del gobierno para lograr una adecuada coordinación. El Embajador Mein y yo nos reunimos con el Coronel Peralta el 30 de noviembre y discutimos la problemática en términos generales, pero en ese momento no llegamos a tocar lo concreto… Sin embargo, dos días después, cuando hablé con el Embajador, él sugirió que yo fuera directamente al Palacio a plantear el problema… Hasta ese momento, mis planes todavía no existían en forma escrita. Sí discutimos mis recomendaciones detalladamente y el Secretario del Presidente tomó varias notas, después de lo cual las llevó inmediatamente al Coronel Peralta quién ordenó que las recomendaciones fueran formuladas en forma de planes y convertidas en acciones inmediatamente. A partir de ese momento, me impliqué en montar los planes para las operaciones encubiertas y abiertas (Ibídem. Las cursivas son del autor).

El plan de Longan, descrito en sus grandes líneas por él mismo en el documento citado, tenía cuatro ejes: a) “Abierto – inmediato”; b) “Abierto – largo plazo”; c) “Encubierto – inmediato”; d) “Encubierto – largo plazo”. Para el tercero de estos ejes, el asesor estadounidense propuso

Que se establezca inmediatamente una casa de seguridad y que toda la información sobre extorsiones y secuestros sea enviada allí. Todas las agencias policiales están penetradas por los comunistas. Obviamente, una operación de tipo casa de seguridad era la única solución. Inmediatamente se preparó un cuarto en el Palacio (Nacional) para este propósito y como se señaló en el informe del Sr. Costello, se destacó inmediatamente a guatemaltecos para poner en marcha esta operación. Desde el principio, dejé muy claro que había que mantener la separación entre las operaciones abiertas y las encubiertas, con CAS[7] dándole seguimiento a la operación encubierta y el Asesor en Jefe de Seguridad Pública dándole seguimiento a la abierta (Ibídem. Las cursivas son del autor).

Lo apuntado en los párrafos precedentes es lo más parecido que puede encontrarse a la partida de nacimiento de los CIACS. Estos tienen una historia aún pendiente de ser sistematizada, documentada, investigada y divulgada. Por lo pronto, es posible proponer una periodización tentativa, a saber:

1. Creación y primeros pasos (1966-1970)
2. Establecimiento del control central (1970-1976)
3. Los años del auge (1977-1986)
4. Años de adaptación (1986 en adelante)

Esta cronología es muy aproximativa y su intención, más que la precisión en el marcaje de los años, es señalar momentos característicos. La investigación del fenómeno seguramente aportará una periodización mucho más precisa. Cada una de estas fases guarda correspondencia con la dinámica de la lucha social, política y militar en el país a lo largo de 30 años y más allá de la firma de los Acuerdos de Paz en diciembre de 1996, en particular con las contradicciones y los acomodos en las esferas del poder militar-oligárquico.

Los que se fueron por la libre[8] y la centralización vertical del mando

La primera fase de existencia de los CIACS está asociada, como ya se apuntó, con el giro de la asistencia estadounidense al Gobierno de Guatemala y su énfasis en lograr una acción “contra el peligro comunista” coordinada por los mandos castrenses, supeditando a las fuerzas civiles de seguridad (Policía Nacional, Policía Judicial y Guardia de Hacienda). Se corresponde, también, con la primera fase del conflicto armado interno, que tuvo como escenario principal el Nororiente del país y el espacio urbano metropolitano de Guatemala.

Como es sabido, una de las líneas estratégicas del dispositivo militar en el Nororiente fue incorporar a la acción contrainsurgente a civiles de filiación anticomunista, muchos de ellos afiliados al Movimiento de Liberación Nacional (MLN). Tales contingentes civiles se coordinaban y estaban supeditados al mando castrense, pero al mismo tiempo tuvieron un margen de autonomía útil a los efectos de otro de los componentes propagandísticos de la contrainsurgencia: presentarlos como “grupos paralelos”, “escuadrones de la muerte”, a los cuales se buscó nombres de evidente intención terrorista y acordes a la ficción de una lucha entre extremistas de derecha y extremistas de izquierda.

Así nacieron la Mano Blanca, o simplemente Mano (Movimiento de Acción Nacionalista Organizado), la NOA (Nueva Organización Anticomunista), el Rayo, la Crag, la Rosa Púrpura, entre otros, que, de acuerdo con un documento secreto atribuido al MLN, titulado Guerrilla y antiguerrilla en Guatemala, son “diferentes grupos clandestinos antiguerrilleros, los cuales inician una guerra psicológica que va de la impresión a la distribución de hojas volantes, hasta el envío de anónimos amenazadores a los más connotados intelectuales de la izquierda revolucionaria” (Comité de Defensa de los Derechos Humanos, 1969: 39).

Según corroboraría tres décadas después la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, el uso de civiles

que actuaron como fuerzas paramilitares, tuvo su origen en 1966 con el surgimiento de los denominados «escuadrones de la muerte». De las 35 organizaciones paramilitares de este tipo, que se tiene registro, 15 iniciaron sus operaciones en 1966. Durante la década de los sesenta, se trataba sobre todo de comisionados militares, de empleados de algunos dueños de grandes fincas y militantes de partidos políticos de ultraderecha, que apoyaban las acciones de tales comisionados y del Ejército (CEH, 1999: Cap. I # 215).

La imagen de la lucha entre organizaciones extremistas de izquierda y organizaciones extremistas de derecha (estas últimas, sin duda, son la denominación precursora de los eufemísticos CIACS), fue denunciada en dos extensos como documentados informes remitidos al Comité de Derechos Humanos y a la XXIII Asamblea General de la ONU por el Comité de Defensa de los Derechos Humanos, publicado en México en 1969. Es, dice uno esos informes,

infantilmente contradictorio querer presentar la situación como lucha entre facciones clandestinas, cuando los miembros de las organizaciones ‘clandestinas’ de derecha utilizan las cárceles del Ejército y del Gobierno; se movilizan en los vehículos del Estado con placas confidenciales de los servicios de seguridad; poseen centros de tormento celosamente guardados por policías militares; cuentan con las imprentas de la Editorial del Ejército para elaborar su propaganda; tienen acceso a los archivos confidenciales del Ejército, en donde aparecen los nombres de personas que actualmente forman parte de las listas de los asesinados. En fin, no es posible aceptar que se trate de dos facciones clandestinas en pugna, cuando existen todas las evidencias de la participación, culpabilidad y apoyo de la oligarquía nacional, del Gobierno y del Ejército en el genocidio (Comité de Defensa de los Derechos Humanos, 1969: 184).

El nivel de autonomía alcanzado por algunos de los grupos punitivos de extrema derecha es fuente de confusión, sirvió para pretender enmascarar la responsabilidad gubernamental por la política terror y por momentos llegó a ser real, aunque finalmente liquidada por los mismos métodos ilegales y sangrientos que se aplicaron a todo presunto opositor al régimen.

El origen de esa autonomía se encuentra en el hecho de que la represión ilegal y violenta encontró una base social y política “natural” en el “partido de la violencia organizada”, el MLN. Pero el reclutamiento de civiles para efectuar labores paramilitares y parapoliciales no exime de responsabilidad a los entes gubernamentales que impulsaron esa política. Solamente para este período formativo, cuando el involucramiento de aquella base social se hizo indispensable, puede hablarse de “grupos ilegales de extrema derecha” relativa pero no absolutamente independientes del apoyo logístico y operativo del aparato de seguridad del Estado.

El caso típico es el de la Mano y la suerte que corrió su principal organizador, Raúl Estuardo Lorenzana. Como es sabido, en medio de una sorda lucha política entre la extrema derecha aliada con los mandos castrenses y una fracción del gobierno del entonces presidente Julio César Méndez Montenegro, el 18 de marzo de 1968, Lorenzana organizó y ejecutó el secuestro del Arzobispo Metropolitano, monseñor Mario Casariego. El secuestrador exigió al prelado cautivo

“convencer a (el presidente) Julio César (Méndez Montenegro) de no cometer el error de seguir en la jugada política de destituir a los coroneles (Rafael) Arriaga Bosque y (Carlos) Arana Osorio; si ello llega a suceder las derechas se sentirán inseguras y como usted ve, nosotros sabremos que la maniobra es comunista a todas luces; en sus manos está, pues, que en Guatemala haya guerra o paz” (Comité de Defensa de los Derechos Humanos, 1969: 194).[9]

Tras la liberación de Casariego, un mes después del plagio, el 19 de abril de 1968, Lorenzana Morales fue ametrallado por “desconocidos”, causando su muerte y la de su acompañante, Carlos Padilla, también presunto ejecutor del plagio. Tales fueron los métodos a los que apeló el Ejército, como verdadero aprendiz de brujo, para “disciplinar” a quienes osaban actuar por la libre.

Según reconoce un informe de la CIA, citado por Grandin:

Los estrategas militares armaron y echaron a andar varios grupos terroristas clandestinos, incluyendo a unos 3000 civiles dedicados al anticomunismo con vínculos con el MLN. “Mano Blanca” fue formada por derechistas pero luego cayó bajo control del Ejército… personal, armas, fondos e instrucciones de operaciones fueron proporcionados por las fuerzas armadas. La cuota en muertes subió (2007: 169).

Suerte similar a la de Lorenzana tuvo, varios años después, otro connotado integrante de la “Mano Blanca”, Oliverio Castañeda Paiz: lo mismo que su paisano zacapaneco, Castañeda Paiz llegó a tener un importante margen de autonomía, pero cayó en desgracia, al parecer, porque llevó su autonomía hasta el punto de desafiar al presidente Carlos Arana Osorio.

Un interesante reporte de la embajada de Estados Unidos señala que llamado al Palacio Nacional por el entonces coronel y presidente, el hombre fuerte de Zacapa y diputado por el MLN, Oliverio Castañeda Paiz, recibió la orden de tomar unas largas vacaciones fuera del país. Castañeda cumplió inmediatamente y estaba visiblemente afectado por el enfrentamiento con Arana, cuando comentó el incidente con funcionarios de la embajada, al día siguiente de ocurrido, señala el reporte firmado por el embajador Nathaniel Davis, quien comenta: “este incidente con Castañeda indica la contundencia de Arana cuando está alterado, y es una clara evidencia de que tiene planes de tomar las decisiones clave en materia de orden público” (Davis, 1970. Las cursivas son del autor).

Tratando de explicar el roce entre Arana Osorio y el primer vicepresidente del Congreso, el jefe de la misión diplomática estadounidense apostilló:

Qué motivó a Arana, es incierto. Castañeda sugiere que surgió de sus esfuerzos para llevar a cabo su propia investigación en torno al asesinato del alcalde de Zacapa. Otras fuentes indican que hombres de Castañeda estaban implicados en el asesinato de Víctor Hugo Rodríguez, en Chiquimula. Se dice que Rodríguez es un ex izquierdista que se convirtió en un seguidor y confidente de Arana. (Ibídem. Traducción libre del autor).

Castañeda Paiz fue ejecutado el 25 de junio de 1971, según todos los indicios y el contexto, por agentes del Estado.

En la cronología de los CIACS propuesta, 1970 es el año en que se avanza decisivamente hacia la centralización de lo que Mario Sandoval Alarcón admitiría como “un plan de ilegalidad total… (que) ha dado resultados” (citado por Sharckman en Jonas y Tobis, 1974: 344). El segundo período está marcado por las medidas tomadas por el gobierno de Carlos Manuel Arana Osorio para disciplinar a grupos operativos salidos de control, en el marco de la lucha de poder entre facciones de extrema derecha que hacían gobierno y que habrá de tener como momentos cúspide la imposición de Kjell Eugenio Laugerud García como presidente, en 1974.

Quedan anotadas ya las ejecuciones de Lorenzana y Castañeda Paiz como ilustrativas de los métodos utilizados por el poder castrense para “disciplinar” a quienes se iban por la libre. El resultado es que, “a partir del gobierno de Arana Osorio, la represión ya pasó casi totalmente a manos del Ejército y la Policía, sin que eso significara desestimar el uso de organismos paralelos, o de represores individuales que, por lo general, tenían entrenamiento militar o policial” (Cazali, 2001: 45).

En efecto, la toma del poder por la facción más dura de la contrainsurgencia, representada por Arana Osorio, se vio acompañada por el aparecimiento de “nuevos” escuadrones de la muerte. De acuerdo con la Comisión para el Esclarecimiento Histórico,

los escuadrones de la muerte continuaron actuando de manera impune como estructuras clandestinas adjuntas de inteligencia militar del Ejército destinadas a generar terror en la población. A los escuadrones de los años anteriores se sumaron nuevos como el Ojo por Ojo y la Organización CERO. Una de las ejecuciones de Ojo por Ojo fue la del ex diputado del PGT y primo del Presidente Méndez Montenegro, César Montenegro Paniagua, en la ciudad capital el 4 de abril de 1970 (CEH, 1999: Cap. I # 248. Las cursivas son del autor).

Nótese cómo el informe de la CEH emplea el concepto de “estructuras clandestinas adjuntas”, que emparenta con el eufemístico CIACS. Pero insistamos en que el asunto iba más allá de grupos de matones con nombres aterrorizantes: se trataba de unas estructuras gemelas o espejo, o como se pueda expresar mejor el hecho de que actuaban para investigar, reprimir y liquidar a los opositores al régimen (civiles o armados) de manera “no oficial”.

Sus prácticas eran si duda ilegales, pero el problema de la denominación es que, en sentido estricto no eran “grupos”, sino la institucionalidad misma la que actuaba con ilegalidad y recurría a esos procedimientos claramente ilegales de manera deliberada y sistemática. Por otra parte, la denominación de “clandestinos” tiende a dejar en la sombra el hecho de que sus participantes no eran en absoluto clandestinos para sus jefes y las más altas autoridades del Estado.

Lo que eufemísticamente se denominó como CIACS fue expresión de una modalidad de ejercicio ilegítimo, ilegal y “clandestino” de la violencia desde el Estado en contra de la población. Esta violencia “clandestina” tiene como correlato formas “abiertas” (que no legítimas) y en conjunto adquieren características de terrorismo de Estado. Carlos Figueroa Ibarra explica que “para no perder legitimidad nacional e internacional, el Estado guatemalteco se vio precisado a ejercer la represión predominantemente de manera clandestina” (2013: 174).

A juicio del sociólogo, en la dialéctica del terrorismo abierto y el clandestino, este último se practicó principalmente en los mayores centros urbanos, donde se trató de mantener

la escenografía democrática con los propósitos legitimadores antes mencionados. Las ciudades, principalmente las más importantes, fueron escaparates en los cuales el Estado precariamente trató de demostrar a la población y a los demás países que la democracia era un hecho y que la violencia era obra de “las extremas” (Figueroa Ibarra, 2013: 175).

Los CIACS en su salsa

La tercera fase en la historia de los CIACS, según nuestra propuesta de periodización, se marca con el desarrollo y auge de las luchas sociales post terremoto (1976-1980), el ascenso de la insurgencia y la generalización de la confrontación armada (1980-1986), procesos nacionales que ocurren en un contexto centroamericano de ascenso de la lucha revolucionaria (triunfo sandinista en Nicaragua, inicio de la guerra civil en El Salvador).

Para ningún otro momento de esta historia es tan cierta nuestra hipótesis del eufemismo: en ningún otro momento los CIACS fueron tan idénticos a los aparatos de seguridad del Estado. En palabras de Marta Gutiérrez, “la generalización de las formas clandestinas de terror pasó a formar parte del engranaje institucional” (2011: 137). Utilizando información proporcionada por Elías Barahona, “el Topo”[10], esta fuente documenta cómo durante las reuniones semanales entre el ministro de Gobernación y altos oficiales de Inteligencia Militar

Se afianzaban las coordinaciones entre las agencias de seguridad que llevaban a cabo los planes represivos y de terror contra los ciudadanos y los opositores políticos, incluyendo los listados de condenados a muerte que luego se hacían públicos en los boletines de los grupos paramilitares (Gutiérrez, 2011: 135).

Fue mediante este tipo de coordinaciones, seguramente, como se decidieron las ejecuciones extrajudiciales del abogado laboralista Mario López Larrave, los dirigentes estudiantiles de enseñanza media Aníbal Caballeros y Robin García, del líder universitario Oliverio Castañeda de León, y de los líderes socialdemócratas Manuel Colom Argueta y Alberto Fuentes Morh, entre muchos.

Aquí es donde alcanzan su mayor desarrollo estas prácticas y se consolidan estructuras que no son en absoluto paralelas, sino funcionalmente articuladas a la institucionalidad de la represión.

La coordinación referida por Barahona puede malentenderse si no se subraya en seguida que expresaba la supeditación de la autoridad civil (durante largos ocho años en manos de Donaldo Álvarez Ruiz) al poder militar. Como ya se apuntó, desde los albores de los CIACS y con la asesoría de personajes como Longan, una de las líneas maestras del dispositivo de seguridad fue la coordinación, primero, y la supeditación, finalmente, de las instituciones civiles a las militares. Se crearon mecanismos denominados de “operación conjunta” entre cuerpos policiales y castrenses, pero “ello no significaba que se trataba de una relación horizontal entre ambas instituciones. Más bien, lo que se buscaba era optimizar las actividades de la policía en función de las estrategias contrainsurgentes ya desde entonces desplegadas por el Ejército” (Palma Murga y González, 2013: 297).

Se trata de un proceso complejo, cuyo análisis escapa a los objetivos y posibilidades de este trabajo, en el que haría falta la revisión del desarrollo de los órganos de inteligencia castrense[11] y los mecanismos específicos utilizados por el ejército para subordinar a las fuerzas policiales, especialmente la Policía Nacional.[12] Pero no puede dejar de decirse que bajo esas condiciones de subordinación, las fuerzas policiales utilizaron el “disfraz” de “escuadrones de la muerte” siguiendo instrucciones decididas centralmente desde el comando del poder militar, al más alto nivel.

En abono de nuestra hipótesis sobre los CIACS como eufemismo, conviene hacer notar cómo incluso fuentes informadas caen en la confusión y la desinformación sobre su naturaleza. Así mientras afirma que en la segunda mitad de la década de 1970 “la inteligencia militar resucitó a los viejos escuadrones de la muerte”, Gutiérrez narra cómo el Boletín No. 3 del Ejército Secreto Anticomunista (ESA),[13] “fue llevado a los periódicos por miembros de la (Policía) Judicial”, inmediatamente después apunta que “el ESA era una estructura clandestina que funcionaba dentro del aparato represivo del Estado; formaban parte de él oficiales y soldados de alta en el Ejército y en las policías, y funcionaba con recursos del Estado” (Gutiérrez, 2011: 134).

En realidad, y esto es especialmente cierto para esta tercera fase de la historia de los CIACS, no se trataba de “estructuras clandestinas” que funcionaran dentro del aparato represivo del Estado, sino de las estructuras de seguridad del Estado ejecutando métodos ilegales y clandestinos de represión. Parece un sutil juego de palabras, pero es de esa tramposa ambigüedad de donde nace el eufemismo.

Hay, también, una base orgánica-material que da asidero a la infundada idea de “grupos paralelos”, de cuya existencia da cuenta Vela cuando afirma que

en paralelo con las transformaciones operadas en la órbita militar, en este período se crearon unidades policiales que desarrollaron funciones de contrainteligencia: el Cuerpo de Detectives (3.XI.70. Decreto ley 56, de 1971); el Octavo Cuerpo de Detectives (Sección Judicial o Policía secreta), dirigida por el Ministerio Público, adscrita a la Policía Nacional (Acuerdo Gubernativo 5-76, del 21 de enero de 1976); el Comando seis (1978); el Reglamento de la Guardia de Hacienda (28.V.1978), creó las secciones de Servicios Confidenciales, Inteligencia y Narcóticos; el Departamento de Seguridad e Investigaciones Especiales del Ministerio de Finanzas Públicas (24.III.1980); el Centro de Reunión de Información y Operaciones CRIO (1981), una especie de instancia coordinadora de máximo nivel para asuntos de seguridad.

 

Tal despliegue institucional implicaría a la postre un reto para la propia institución militar. Las unidades policiales paulatinamente alcanzaban relativos grados de autonomía,[14] a la vez que eran vistas como una competencia para la institución castrense. Por ello, las primeras acciones en la materia, tras el golpe de Estado de 1982, se dirigieron a disolver y controlar tales aparatos (Vela, 2002: 80-81. Las cursivas son del autor).

La percepción de que se trata de “grupos paralelos” y la ocultación de la participación de la institucionalidad de seguridad del Estado en la planificación y ejecución de prácticas ilegales, criminales y terroristas (que fue siempre, desde el inicio, una de las razones de la “clandestinidad”) se acentúa a partir del establecimiento del primer gobierno civil nacido de la Constitución de 1985. En nuestra propuesta de periodización de los CIACS, 1986 es un año de referencia para marcar el inicio de una nueva fase: aunque por lo menos durante los siguientes diez años (1986-1996) la situación no tendrá variaciones sustanciales, serán los años en que los CIACS inician su transición. Es con los Acuerdos de Paz cuando se entra de lleno a esta fase de adaptación, desde posiciones de poder muy extendidas hasta un repliegue defensivo con garantías plenas de impunidad, de sobrevivencia y articulación a intereses “no ideológicos”.

De cómo el establecimiento de gobiernos civiles a partir de 1986 no implicó el desmantelamiento de los mecanismos ilegales de control y represión hay numerosos estudios, pero son, nuevamente, fuentes estadounidenses las más útiles (dado que están libres de sospecha) para referir algunos ejemplos. Así, un documento de la CIA de 1989, desclasificado por el gobierno de Estados Unidos y publicado por The National Security Archive, reseña que

grupos vigilantes que operan desde dentro de la Policía Nacional y la Policía de Hacienda guatemalteca, frustrados por lo que perciben como incapacidad del sistema judicial para hacer frente al creciente índice de criminalidad, están “capturando y asesinando individuos con muchos antecedentes penales”. El autor cree que estas actividades están siendo dirigidas por el jefe de la Policía Nacional “o posiblemente alguien más arriba”. Una fuente incluso considera que el Ejército ha autorizado una banda de civiles comisionados militares para “hacer redadas de criminales y personas indocumentadas” y entregarlos al Ejército para ser asesinados ya que el Ejército “no tiene medios legales para procesarles”. Estos grupos parecen ser diferentes del escuadrón de la muerte Jaguar Justiciero, un grupo que ha resurgido recientemente y del que se piensa tiene “una lista negra actualizada de 200 individuos” (s/f. Documento 32).

Dos asuntos cabe destacar de ese resumen: la ya mencionada pervivencia de un mando superior al tanto de las operaciones ilegales, y el arraigo de la cultura “escuadronera” de la seguridad, a la que me he referido ya en otro trabajo. De este modo concreto, la aplicación a las condiciones de Guatemala de la Doctrina de la Seguridad Nacional

siembra la cizaña de la corrupción y los espacios para el florecimiento de la economía del delito, socialmente admitida como ‘daño colateral’ o como ‘mal necesario’, así como a la formación de una cultura de ‘dejar hacer, dejar pasar’, fuente de la impunidad que habría de convertirse en una característica estructural del Estado guatemalteco (Celada, 2014: 90).

A un punto tal, que se llega a la necesidad de establecer la CICIG.

La criminalización del Estado o “cuando despertó, los criminales ya estaban allí”

El problema para la CICIG es que se le encarga ocuparse de un eufemismo dado que, como se dijo al principio, no hay un reconocimiento abierto por parte del Estado de que se le pide controlar y perseguir a los remanentes de un vástago del propio Estado. Apenas se hacía un reconocimiento vago y acaso vergonzante de que los CIACS eran “una referencia específica a grupos que emergían de la política contrainsurgente y que a la sombra del Estado seguían operando contra toda persona sospechosa de ser enemiga”, según lo consigna un documento reciente del Movimiento Pro Justicia, MPJ (2015: 1).

En efecto a la CICIG se le asignó la tarea de investigar y contribuir a la persecución penal de unos CIACS que, en efecto, ya no eran aquellos que hemos rastreado en este trabajo pero que tenían en ellos un vínculo genético que ni el Acuerdo Global sobre Derechos Humanos ni el acuerdo ONU/Gobierno de Guatemala se animaron, siquiera, a evocar.

Hasta ahora nadie, ni la propia CICIG, hace una investigación sistemática sobre los CIACS y su evolución, sobre todo a partir de la firma de los Acuerdos de Paz de diciembre de 1996. Hacia 2002, es decir seis años después y para cuando se propuso crear la no nata Comisión de Investigación de Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad (CICIACS) ya era más que evidente que allí había un déficit (no el único) sustantivo en lo acordado para poner fin a la guerra civil. En esa época, recuerda el MPJ

imperaba un marco de extrema violencia, criminalidad e impunidad, tendencia que ya no respondía exclusivamente a asuntos inconclusos del enfrentamiento armado en Guatemala. Para entonces, aquellas viejas estructuras contrainsurgentes habían evolucionado y realizado un tránsito hacia el crimen organizado y la corrupción organizada.

Estaban emergiendo como nuevas expresiones criminales, pero seguían orbitando alrededor de las instituciones del Estado, en especial de las fuerzas armadas civiles y militares, y otras dependencias que históricamente habían estado bajo control del régimen militar como migración, aduanas, la policía, incluso las finanzas públicas. (Movimiento Pro Justicia, 2015: 1)

A contrapelo de la historia, una de las afirmaciones más corrientes en el discurso oficial de al menos los últimos cuatro gobiernos, es que el crimen organizado “se infiltró” en las instituciones de seguridad del Estado. El estudio de los CIACS permite superar esa visión falsa, al demostrar que lo ocurrido en Guatemala fue la criminalización de esas estructuras como resultado de la aplicación de una línea extralegal e ilegal de acción contra las luchas sociales, los opositores civiles al régimen militarizado y los insurgentes.

La hipótesis de la “infiltración” niega de hecho que las prácticas ilegales y violatorias de los derechos humanos fueran una política de Estado, supone que los poderes paralelos son “desviaciones” focalizadas a través de las cuales se “infiltran” desde el exterior las organizaciones criminales, cuando el proceso ocurrió a la inversa: es desde las estructuras criminalizadas como se llega a los vínculos con el narcotráfico, el contrabando, el robo de vehículos, el secuestro de personas, el tráfico de armas, entre otros ilícitos.

Como bien señala el MPJ,

cuando todavía se estaba negociando la firma de la paz, el entramado institucional del país ya estaba influenciado por grupos que habían transitado de las experiencias contrainsurgentes hacia el crimen organizado, las redes de corrupción, la acumulación de poder económico y el ejercicio espurio del poder público.

Con la mutación, llegó la cooptación de casi todos los espacios de poder público, incluyendo especialmente el sistema de partidos políticos para utilizar a las instituciones de derecho público en el logro de sus objetivos: fomentar, encubrir y potenciar los ilícitos como el contrabando, el narcotráfico, lavado de dinero, entre otros. En resumen: enriquecerse con impunidad.

Para lograr esto, penetran a las instituciones, compran funcionarios o se asocian con ellos. Utilizan la corrupción, la violencia y otros métodos para procurarse impunidad y eso necesariamente los ha orillado a buscar el control del Estado.

Los CIACS tienen una evolución que, considerados desde sus móviles, podría representarse como en el Diagrama 1:

Diagrama 1

Evolución de los CIACS por sus móviles

Sin embargo, sería un error suponer que los CIACS como se los visualizaba en largo período de gestación de la CICIG (2002-2006) y los de hoy, son una mera prolongación de las estructuras desarrolladas a lo largo del conflicto armado. Uno de los retos de la investigación es cabalmente descubrir cómo se han ido adaptando y cuáles son los soportes que les otorgan vida propia, una vez concluida la confrontación armada.

Del mismo modo, es posible proponer una tipología de los CIACS de la actualidad, en el entendido de que ella no supone separaciones rígidas entre los grupos. Por el contrario el estudio concreto del fenómeno, tarea aún pendiente para la CICIG, podría establecer las mezclas entre ellos, tanto en cuanto a composición como la combinación de sus móviles.

Diagrama 2

Tipología de los CIACS, hoy

Sin duda esta tipología debe ser complementada y eventualmente reelaborada, pero esa es una tarea pendiente a cuya realización aún deben agregarse los rastros por encontrar de ese eufemismo, al cual la investigación histórica está obligada a ponerle nombre y apellido.

 

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[1] Más allá de maximalismos extemporáneos, el déficit en el tratamiento de las prácticas ilegales y criminales desde el Estado mismo no invalidan la relevancia, aún actual, del Acuerdo Global sobre Derechos Humanos. En él se asumieron compromisos que hoy mismo deberían ser objeto de reclamo social. Así, en cuanto al fortalecimiento de las instancias de protección de los derechos humanos, en el numeral 2.2 se dice: “En lo que respecta al Organismo Judicial y al Ministerio Público, el Gobierno de la República de Guatemala reitera su voluntad de respetar su autonomía y de proteger la libertad de acción de ambos frente a presiones de cualquier tipo u origen, a fin de que gocen plenamente de las garantías y medios que requieran para su eficiente actuación”. Y como compromisos en contra de la impunidad se asumió, entre otros, el siguiente: “3.1 Las partes coinciden en que debe actuarse con firmeza contra la impunidad. El Gobierno no propiciará la adopción de medidas legislativas o de cualquier otro orden, orientadas a impedir el enjuiciamiento y sanción de los responsables de violaciones a los Derechos Humanos”. Véase, Gobierno de Guatemala / URNG, 1997: 20-21.

[2] El autor de estos apuntes sostiene que las llamadas estrategias contrainsurgentes fueron expresiones particulares de una estrategia mayor de control y disciplinamiento social, una respuesta de clase, para mantener, defender y profundizar el modelo terrateniente-burgués agroexportador de acumulación, y de lo que Tischler (2001) llama “forma finquera de Estado”.

[3] Entre otros, para información y análisis documentados sobre el particular, véase: Palma Murga y González, 2013; Gutiérrez, 2011; Schirmer, 2001, y Grandin, 2007.

[4] Caso oficina de intercepción de correspondencia, EXP. EIO 46-93/DI.

 

[5] Longan llegó por primera vez a Guatemala en 1957 como asesor de la Policía Nacional a cuenta del Programa de Seguridad Interna de Ultramar de Estados Unidos. Permaneció aquí unos 18 meses y luego estuvo en “otros sitios problemáticos de la Guerra Fría –Brasil, Venezuela, Tailandia y República Dominicana”(Grandin, 2007: 117)

[6] Policía Nacional, Policía Judicial y Guardia de Hacienda.

[7] CAS son las siglas en inglés de Personal de Acciones Encubiertas/Covert Action Staff, brazo operativo de la sección de la CIA en Guatemala, según explica National Security Archive.

[8] Uso en préstamo el título de la conocida novela de Mario Roberto Morales, sin ánimo de sugerir que los “libreteros” a que refiero aquí puedan equipararse con los de aquella narración.

[9] Un fragmento más extenso del diálogo entre Lorenzana y Casariego es citado por esta misma fuente: 187-194.

[10] Utilizo aquí la denominación empleada por el propio Barahona (2011) en su novela autobiográfica.

[11] Para el análisis detallado de este aspecto particular, véase Vela, 2002.

[12] El informe Del silencio a la memoria apunta sobre el particular que “los registros del AHPN revelan que las relaciones entre la PN y el Ejército se establecieron a través de distintos procedimientos, siendo uno de los más importantes el que afectaba directamente la cadena de mando. Durante el período de investigación, el cargo de Director General de la institución policial fue ocupado por cinco coroneles de alta en las fuerzas armadas. Otro de los mecanismos que hace evidente tal relación es el análisis del flujo de comunicación entre ambas instituciones. La investigación cuantitativa desarrollada en el AHPN revela que, solamente del período 1960-1996, en este acervo existe alrededor de 175 mil documentos que refieren la relación entre la Policía Nacional y el Ejército.” (Archivo Histórico de la Policía Nacional, 2011: 155).

[13] De paso, llamo la atención en el paralelismo entre la Mano Blanca y el ESA. Mientras la primera fue creada desde el MLN de Mario Sandoval Alarcón, el segundo fue un membrete inventado bajo la inspiración de Donaldo Álvarez Ruiz, a la sazón líder histórico del Partido Institucional Democrático (PID), durante algún tiempo aliado del MLN, al que desplazaría desde el gobierno de Kjell Laugerud García y más claramente en el de Romeo Lucas García. Por lo visto, la diferencia entre la Mano y el ESA no era únicamente de nombres, también de “derechos de autor” o padrinazgo político.

[14] Para subrayar cómo volvemos a topar con el asunto ya tratado en párrafos superiores: la autonomía relativa. A este respecto, cabría usar como ejemplo el paralelo entre los casos Lorenzana-Castañeda Paiz, y los de Manuel de Jesús Valiente Téllez y Pedro García Arredondo. Entre estos dos últimos hubo una confrontación mortal por causas que ahora no entro a detallar, pero que reflejan no solamente la autonomía relativa que alcanzan los cuerpos policiacos, sino también la profunda criminalización a la que llegan.