Pueblos indígenas y la paz en Guatemala V
A 20 años, el acceso a tierra y al desarrollo rural siguen sin avanzar.
María Aguilar
Como parte de sus consideraciones, el Acuerdo sobre Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria (1996) planteó que la Paz debía “cimentarse sobre un desarrollo socioeconómico orientado al bien común que responda a las necesidades de toda la población”. Esto como requisito para “superar las situaciones de pobreza, extrema pobreza, discriminación y marginación social y política que han obstaculizado y distorsionado el desarrollo social, económico, cultural y político del país y han constituido fuente de conflicto e inestabilidad”.
Para el área rural, el acuerdo proveía la estrategia de facilitar acceso a tierra cultivable a través del Fondo de Tierras y la Secretaría de Asuntos Agrarios. Se esperaba que al democratizarse el Estado se facilitaría su función de orientador, fiscalizador y promotor de desarrollo, de inversión pública y prestación de servicios. Central para el cambio sería la participación de las mujeres y el fortalecimiento de la autonomía municipal. Así como el incremento en gasto y cobertura educativa y de salud.
Aunque el mismo acuerdo resaltó que “el desarrollo socioeconómico requiere de justicia social,” la realidad que se construyó desde 1996 fue opuesta. Por eso, a lo que hoy en Guatemala se le llama “desarrollo” no es más que a las estrategias de las elites para evadir impuestos, mantener salarios de hambre y destruir el medio ambiente con proyectos extractivos y monocultivos. Eliminando, criminalizando e insultando a quien se les oponga, en su mayoría indígenas. Esto ha resultado en que más del 80 por ciento de la población viva en pobreza, afectando especialmente a población indígena.
A 20 años, el acceso a tierra y al desarrollo rural siguen sin avanzar. El mejor ejemplo es la negativa de pasar la bastante diluida ley de Desarrollo Rural. Además, ha aumentado la conflictividad agraria, para febrero de 2015 la Secretaría de Asuntos Agrarios había acumulado 1,377 conflictos que involucraban a 173 mil 903 familias. Los pueblos más afectados son el Q’eqchi’, K’iche’ Ixil y Q’anjob’al porque muchas de las comunidades que accedieron a tierra después de la paz, comprobaron que obtuvieron tierra no productiva que llegó acompañada de deudas millonarias. Por eso, al igual que las promesas de paz, las promesas a desarrollos propios son aún temas pendientes.
A 20 años, el acceso a tierra y al desarrollo rural siguen sin avanzar.
Fuente: [www.elperiodico.com.gt]
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