Promoviendo la conflictividad
“Redes que atentan contra el Estado de Derecho y la inversión privada en Guatemala”.
Un documento de 26 páginas cuyo encabezado reza “Informe preparado para el Presidente de la República y autoridades gubernamentales en materia de seguridad, justicia y desarrollo energético”, circula por la Internet. Su título es “Organizaciones que promueven la conflictividad social en Guatemala”. Y su subtítulo indica “Redes de organizaciones locales e internacionales que promueven la conflictividad social, atentan contra el Estado de Derecho y desestimulan la inversión privada en Guatemala”. La fecha que aparece en su portada es marzo de 2012. Y no trae firma responsable.
El documento asegura que las “extensas redes locales e internacionales de organizaciones que promueven la conflictividad y niegan la validez del estado (sic) de derecho construido en Guatemala, tienen como hilo conductor el financiamiento llegado desde Europa”. Y afirma que “localmente, se han potenciado algunas entidades y organizaciones convertidas ahora en intermediarias financieras y estratégicas” para el mismo fin, como Winaq, URNG, CUC, CONIC, la Diócesis de San Marcos, FRENA, FNL, Fundación Menchú, Wakib’ K’ej, Tzum Kim Pop, CALAS, Madre Selva, CONGCOOP, Plataforma Agraria y COPAE. El documento afirma que los principales integrantes internacionales de la red que financia esta “actividad desestabilizadora” son: International Rivers, Fund for Global Human Rights, Oxfam Internacional, Mugen Gainetik, Red Latinoamericana contra las Represas y por los Ríos, sus Comunidades y el Agua (REDLAR), Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), Cooperación Internacional para el Desarrollo y la Solidaridad (CIDSE), Comité Académico Técnico de Asesoramiento a Problemas Ambientales (CATAPA) y Ayuda de la Iglesia Noruega (AIN).
Enmarcado en la lógica contrainsurgente de la Política Nacional de Seguridad –la cual criminaliza la protesta social tildando de “terroristas” a activistas políticos, líderes populares, estudiantes e intelectuales críticos–, este documento pretende ser la fundamentación “académica” de las medidas de militarización de la seguridad ciudadana que el actual gobierno, la cúpula oligárquica y organizaciones fascistas como la Liga Pro Patria, la Fundación contra el terrorismo y Avemilgua impulsan para imponer por la fuerza el “modelo extractivista” de minerales estratégicos –mismo que destruye el hábitat de miles de habitantes empobrecidos por la agotada economía oligárquica local.
Si uno va (clic derecho) a las Propiedades del documento, halla que fue escrito por (o en la computadora de) Miguel Lisandro Castillo Girón el 16-3-12 a las 20:11:23 y que fue modificado el 14-1-13 a las 18:48:56. En el diario local Siglo Veintiuno (23-5-11) se consigna que “Miguel Lisandro Castillo Girón es profesor del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Francisco Marroquín, especialista en proyectos de formación política, gobernabilidad local, descentralización, entre otros. Cuenta con un BA en Ciencias Políticas y MA en Relaciones Públicas de Indiana University y ha realizado estudios en métodos de análisis de factibilidad política en Harvard University.” También aparece como asesor de la SESAN, en el renglón 029, con un salario de 24 mil quetzales, en el sitio web correspondiente.
Aparte de que Castillo asuma o no su autoría, se impone un debate público sobre el injurioso contenido del libelo.
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