Guatemala, un engendro neoliberal
Manuel VIllacorta
La problemática guatemalteca es tan compleja, tan cargada de peligros y de monumentales desafíos, que considerarla como una realidad angustiante no es exageración. Y lo más grave es que nos hemos acostumbrado a vivir en medio de esta realidad, lidiando con los efectos de una pobreza extrema que engulle a más y más guatemaltecos. Lidiando con la resignación a no tener autoridades y mucho menos, políticas públicas orientadas a la educación, la salud, el empleo y la seguridad colectiva. ¿Por qué llegamos a estos dramáticos extremos?
La respuesta es obvia: porque nunca logramos consolidar un Estado democrático, un gobierno fuerte y una sociedad responsable de sus derechos y obligaciones. El Estado autoritario durante los gobiernos militares ciertamente conculcó todo tipo de libertades, tampoco estuvo exento de corrupción. Pero ese Estado autoritario tenía como paradigma una fuerte presencia institucional. Un ejemplo: de 1970 a 1974 gobierna Guatemala el general Carlos Arana Osorio, a quien se le atribuye el inicio de la represión, pero que dejó como legado un Estado con objetivos puntuales. Creó, por ejemplo, instituciones públicas que en su momento aportaron significativos logros para el país: el Instituto de Ciencia y Tecnología Agrícola (ICTA), Instituto Nacional de Comercialización Agrícola (Indeca), Instituto Nacional Forestal (Inafor), Centro Nacional de Promoción de Exportaciones (Guatexpro), Corporación Financiera Nacional (Corfina), Banco de Desarrollo Agrícola (Bandesa), Instituto Técnico de Capacitación y Productividad (Intecap), Banco Nacional de la Vivienda (Banvi), Instituto de Fomento y Desarrollo del Petén (Fydep). Todas estas instituciones articularon alianzas técnicas con organismos internacionales. Muchos profesionales con visión de Estado y de tendencia desarrollista se vincularon a las mismas, generando estudios y proyectos de probado impacto.
Con los sucesivos gobiernos estas instituciones se politizaron, nació el clientelismo y la corrupción. Durante el gobierno de Álvaro Arzú se plantea como solución una drástica reducción del Estado; la mayoría de estas instituciones fueron clausuradas y, de paso, se privatizan empresas públicas que le generaban ingresos por servicios al Estado: la Empresa Eléctrica de Guatemala (Eegsa), el Instituto Nacional de Electrificación (INDE), Ferrocarriles de Guatemala (Fegua) y Guatel. Mientras el capital privatizador llenaba sus arcas a lo largo y ancho del país, el Estado entraba en la crisis fiscal más severa de toda su historia: se convirtió en un Estado débil e irremediablemente desfinanciado. Lo demás es historia.
Hoy, un Estado agónico busca recursos desesperadamente, a través de una Superintendencia de Administración Tributaria, que hace todo lo posible para recaudar fondos para paliar las severas crisis que tenemos en educación, salud, seguridad e infraestructura. Lo hace cuando prácticamente ya no tenemos instituciones estatales. Lo hace cuando carecemos de políticas públicas. El neoliberalismo desmanteló el Estado y su fórmula falló. Al menos para el pueblo, quien es ahora el que carga con los horrendos costos de tal atrocidad.
El Estado autoritario durante los gobiernos militares ciertamente conculcó todo tipo de libertades, tampoco estuvo exento de corrupción.
Fuente: [http://www.s21.gt/2016/07/guatemala-engendro-neoliberal/]
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