A luz el cobre encomendero-criollo
Edgar Celada Q.
eceladaq@gmail.com
A falta de alguna de esas sorpresas siempre posibles en Guatemala, hoy debería reiniciarse el conocimiento, en el pleno del Congreso de la República, del paquete de reformas constitucionales en materia de justicia.
El ambiente que rodea lo que debería ser un ejercicio legislativo sustantivo, es de total enrarecimiento.
Las bochornosas semanas que precedieron a la elección del nuevo presidente de la Corte Suprema de Justicia y la desvelada campaña contra Iván Velásquez, titular de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, fueron los acordes introductorios de la batalla legislativa que se reinicia hoy en fase pública.
Asistimos a una trifulca que siguió a pesar del traspié que el proyecto de reformas tuvo al final de 2016, y que sube de nuevo a las tablas porque la discusión en plenario no podía posponerse indefinidamente.
Tal vez los acérrimos adversarios de la reforma habrían querido darle largas al asunto. Pero la gravedad de la crisis en el Organismo Judicial, puesta en evidencia con el caso de Blanca Stalling y la complicada elección de Nery Medina como nuevo presidente de la CSJ, hace inviable la política del avestruz.
De ahí que los poderes tradicionales optaran por el manido zarandeo del petate del muerto, para “desacreditar” por la vía del miedo y la desinformación a un proyecto de reformas que va más allá del temido pluralismo jurídico.
Desde hacía meses era claro que una de las líneas para torpedear la reforma sería, precisamente, la jurisdicción indígena. Así, a las puertas del “debate” en el pleno, sale a luz el cobre encomendero de los herederos de la patria del criollo.
Se gastan millonadas en cuñas de radio y televisión. ¿Para qué? ¿Acaso para informar? No. Todo lo contrario.
Lo hacen para explotar a fondo los prejuicios étnicos, para activar los peores reflejos condicionados del racismo y la discriminación.
Hablan de igualdad ante la ley. Ajá: ¿el Derecho encomendero-criollo reconoció e hizo efectiva, alguna vez, esa igualdad para los pueblos indígenas? ¡Qué cínicos e hipócritas!
Desenmascarado el propósito retardatario de la campaña publicitaria, cabe alertar a la ciudadanía pensante: la reforma constitucional en materia de justicia es el piso mínimo si hemos de avanzar realmente hacia un estado de derecho, aunque sea en el marco liberal-republicano.
Debe estarse alerta para que, en el juego de las enmiendas redactadas en lo oscurito de los pasillos legislativos, no se sacrifique el mínimo por el cual se pronunciaron numerosos ciudadanos en los procesos de consulta.
Ese mínimo incluye: Reconocimiento del pluralismo jurídico; separación de funciones judiciales y administrativas en el OJ; establecimiento de una verdadera carrera judicial, basada en el mérito y la capacidad; estabilidad en el cargo de jueces y magistrados; creación de un sólido Consejo de la Carrera Judicial; autonomía financiera del OJ; transparencia y credibilidad para los procesos de elección de Fiscal General y de la Corte de Constitucionalidad.
Fuente: [www.s21.gt]
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