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Irmalicia Velásquez Nimatuj

Como parte del imparable proceso de criminalización -contra lideres comunitarios que defienden su territorios- que impulsa el gobierno de Alejandro Giammattei, a través del sistema de justicia, el Tribunal de Mayor Riesgo E, presidido por la jueza Eva Recinos, condenó con jactancia y sin permitir el pleno ejercicio del derecho a la defensa a Angelina Coy Choc, Olivia Mucu Ich y Rosa Ichi Xi a 75 años de prisión, el 30 de marzo.  A pesar de que la pena máxima, según legislación nacional, es de 50 años.

Los hechos ocurrieron en la comunidad q’eqchi’ de Semuy II, ubicada en la parte baja de la Sierra de las Minas, a orillas del lago de Izabal, donde los comunitarios libran una batalla por la legalidad y certeza jurídica de la tierra contra la empresa de palma aceitera Naturaceites, Sociedad Anónima.

El Ministerio Público y el tribunal E solo permitieron que en el proceso prevaleciera su tesis que argumenta que el 3 de septiembre de 2019, en la mañana una patrulla de 9 marines llegó a la aldea, buscando siembras de marihuana y pistas clandestinas del narcotráfico.  Al llegar a la escuela comunitaria acusaron a Angelina, Olivia y Rosa de estar armadas con palos, machetes y piedras e interceptar y retener a los marines e incitaron a la población a asesinarlos, siguiendo ordenes telefónicas de César Montes.

El MP y la jueza Recinos se negaron a aceptar la propuesta de peritajes de la defensa, primero, sobre el papel del ejército en comunidades indígenas; segundo, analizar la perspectiva de género y el papel de las mujeres en comunidad y tercero, un análisis antropológico para comprender el contexto de la comunidad.

Esta sentencia en contra de las señoras se realizó sin haber aclarado ¿Por qué los marines responsables de custodiar los espacios acuáticos realizaban patrullajes terrestres en la comunidad, violando la legislación nacional que, además, no les da facultades para patrullar?  ¿Por qué ingresaron con gorros pasamontañas intimidando a la comunidad? Las mujeres les increparon ¿qué hacían en su territorio y por qué asustaban a sus hijos? Pero no fueron solo tres. 

El juicio no probó que las acusadas o alguna de las presentes asesinaran a los marines.  Además, una de las sentenciadas, Angelina Coy, fue baleada en las piernas por los marines y quedó tirada -de hecho, tiene problemas para caminar como observó el tribunal- entonces, ¿Cómo pudo ella asesinarlos?  Los comunitarios indican que el detonante fue el ataque a balazos de los marines a la señora Angelina, por eso, la comunidad reaccionó atacando a los militares, generándose un enfrentamiento que dejó marines muertos y comunitarios heridos. 

Sin embargo, el tribunal E ignoró la voz de la comunidad y más allá de lo que el MP pidió, que fueron 25 años de cárcel para cada una, abusando de su poder les otorgó 25 años por cada militar, sentenciando a cada una a 75 años.  Esta es la justicia que aplican a las mujeres indígenas por defenderse.

¿Por qué los marines responsables de custodiar los espacios acuáticos realizaban patrullajes terrestres en la comunidad, violando la legislación nacional que, además, no les da facultades para patrullar?  ¿Por qué ingresaron con gorros pasamontañas intimidando a la comunidad? Las mujeres les increparon ¿qué hacían en su territorio y por qué asustaban a sus hijos? Pero no fueron solo tres. 

Fuente: [elperiodico.com.gt]

Narrativa y Ensayo publica este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

Irma Alicia Velásquez Nimatuj
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