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Carlos Figueroa Ibarra

El martes 29 de marzo de 2022, el Tribunal E de Mayor Riesgo de Guatemala,   los jueces Elvis David Hernández Domínguez, Juan José Jiménez Tejax y María Blanca Estela Sitavi, condenaron al Comandante César Montes a 175 años de prisión por un crimen que no cometió. El Fiscal había pedido cincuenta años de prisión para César Montes, pero a los jueces del referido tribunal se les hizo poco y le impusieron una pena tres veces y medio mayor. César cumplió ochenta años en este mes de marzo, por lo que cualquier pena por leve que sea es una condena grave para sus expectativas de vida.

Se ha dicho hasta el cansancio y lo repetiré una vez más: César Montes no pudo ser autor material del crimen cometido contra los tres marinos septiembre de 2019  en la aldea Chajmayik, también conocida como  Semuy 2 en El Estor, Izabal. No fue el autor material de ese asesinato porque se encontraba a cientos de kilómetros del lugar, ni tampoco pudo haber sido autor intelectual del mismo porque no tuvo comunicación alguna con los habitantes de Semuy II ni antes, ni durante,  ni después del sangriento hecho. Además, no existe señal telefónica en el lugar por lo que  era imposible que César se comunicara por esa vía con los pobladores. La presencia de los marinos en Semuy II no fue  conocida con anticipación  así que los hechos se dieron repentinamente, por lo que tampoco pudo haber planificado con antelación dicho crimen.

Los 175 años de prisión son una muestra infame de ensañamiento contra un hombre de avanzada edad y revela el sentido de venganza que tiene  la condena. Venganza en dos sentidos. La primera, tiene un antecedente inmediato  por que en los últimos años no pocos ex-militares  y antiguos jefes policiacos  vinculados a crímenes de lesa  humanidad han sido condenados a largas condenas de prisión en el marco de la justicia transicional. Se trata de que al menos un antiguo comandante guerrillero también sea condenado. La segunda venganza tiene un contenido simbólico: se trata de criminalizar a la insurgencia guerrillera que actuó durante treinta y seis años en contra de la dictadura militar y un orden injusto a través de una de sus figuras históricas, César Montes.

Pero el sentido de la condena va más allá de estas motivaciones. Expresa el contenido actual del Estado guatemalteco. El mismo es hoy expresión de la alianza de los más rancios intereses oligárquicos mezclados con  el crimen organizado, la alta delincuencia de cuello blanco asentada en la corrupción y la derecha neofascista. En ese sentido el Estado guatemalteco es un Estado criminal con un sentido ultraderechista. La alianza referida, llamada coloquialmente el Pacto de Corruptos, ha logrado cooptar a casi todas las instancias del Estado y particularmente las referidas al Poder Judicial y al Ministerio Público.

Así las cosas, la feroz condena contra César Montes se articula a una agenda de guerra judicial (Lawfare) que no solamente tiene un sentido anticomunista sino también va encaminada a proteger los intereses criminales enquistados en el Estado. Jueces y fiscales  que actuaron contra el Pacto de Corruptos hoy se encuentran perseguidos o en el exilio. Igualmente funcionarios de la  defenestrada Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG)  también están siendo perseguidos, encarcelados o han tenido  que salir al exilio. El Estado criminal  devuelve en sentido de revancha los golpes que ha recibido  por la justicia transicional que ha condenado a violadores de derechos humanos y los golpes que ha recibido por la justicia anticorrupción que igualmente ha condenado a  los corruptos e integrantes del crimen organizado.

Resulta descorazonador el silencio y pasividad con que una parte de los sectores progresistas y de los movimientos sociales han observado la injusticia contra César Montes. Se pierde de vista que la ofensiva del Estado criminal no solamente está encaminada hacia los antiguos insurgentes,  hacia los opositores al tinglado delincuencial que hoy gobierna al país, hacia los funcionarios y exfuncionarios honestos que se le han  opuesto, sino también contra los luchadores sociales que se oponen al extractivismo y defienden los derechos humanos. Cómo no recordar al pastor luterano antinazi Martin Niemöller cuando escribió: “Entonces vinieron por mí, pero ya no había nadie que hablara por mí”.

Así las cosas, la feroz condena contra César Montes se articula a una agenda de guerra judicial (Lawfare) que no solamente tiene un sentido anticomunista sino también va encaminada a proteger los intereses criminales enquistados en el Estado. Jueces y fiscales  que actuaron contra el Pacto de Corruptos hoy se encuentran perseguidos o en el exili

Narrativa y Ensayo publica este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

Carlos Figueroa Ibarra
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