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A lo largo de estas semanas  me he estado refiriendo al tema del genocidio y de las violaciones a los derechos humanos en Guatemala. He recibido comentarios críticos de lectores y lectoras que me recriminan el olvidar que “los guerrilleros no eran blancas palomitas”. En efecto no lo eran, porque si lo hubieran sido no se habrían  enfrentado a tiros con  uno de los ejércitos contrainsurgentes más avezados del continente. Pero al mismo tiempo que recibía estos comentarios que agradezco, la familia del ingeniero Sergio Linares Morales me ha hecho llegar información sobre las condiciones en las cuales fueron encontrados sus restos en las inmediaciones del Destacamento Militar de Comalapa, Chimaltenango.

En 2003 según me dicen, Rosalina Tuyuc recibió informaciones de que en algún lugar  distante 300 metros de dicho destacamento, se tenían noticias de la existencia de cementerios clandestinos.  En  el informe oficial sobre  el caso  de Sergio, la Fundación de Antropología Forense de Guatemala (FAG) indica que  en 2003 comenzó las labores de exhumación y encontró los restos óseos de 220 personas. Los restos de Sergio Linares Morales fueron encontrados en una de las aproximadamente 52 fosas que existían en el lugar, en la cual  también se encontraban los restos de otras cinco personas las cuales se presume fueron asesinadas al mismo tiempo y lanzadas a dicha fosa. Una de las cinco osamentas, además de la de Sergio Linares Morales, corresponde a quien en vida fuera Amancio Villatoro, líder sindical de la Fábrica de Chicles Adams. Por ello se presume que los restos de estas otras personas  pueden corresponder a los de algunos de los 183 capturados que aparecen  en el llamado Diario Militar.

En la inmensa mayoría de países del planeta, este macabro hallazgo  hubiera sido noticia espectacular y por largo tiempo. En un país de memoria débil como Guatemala, esta monstruosidad, rápidamente pasa al olvido.  Pero el hecho de haber encontrado en la cercanía inmediata de un destacamento del ejército guatemalteco, los restos de 220 personas es un  estremecedor indicio de la magnitud del genocidio en este país. Un lector de esta columna, Manuel Aler,  me ha hecho la aguda observación  de que la diferencia entre los crímenes cometidos por el ejército y las policías y los cometidos por la insurgencia, es que en el caso de los primeros correspondían a una estrategia mientras que los segundos fueron actos viles productos de  decisiones individuales o de pequeños grupos pero nunca parte de una estrategia.

En efecto, la estrategia de la guerrilla enmarcada en “la guerra revolucionaria del pueblo” o “guerra popular revolucionaria” implicaba el conjunto de acciones políticas y militares para convertir la lucha armada en una lucha armada de masas. Para ello flaco favor le hubiera hecho a la contrainsurgencia una política de masacres y ejecuciones para amedrentar a la población. Lo que se buscaba era generar simpatías en esta última y posteriormente el  involucramiento de la misma en la guerra contra el régimen. En el caso de la contrainsurgencia, el objetivo fundamental era “quitarle el agua al pez”.  Entre 1978 y 1982, la torpeza del régimen de Lucas Garcías hizo que las ejecuciones extrajudiciales selectivas y el terror masivo (las masacres) se convirtieran en el recurso fundamental para lograrlo. Entre 1982 y 1983 el terror selectivo y masivo se alternó con medidas políticas y hasta de contenido social. Este fue el sentido  de la concepción de “fusiles y frijoles”, “Techo, tortilla y trabajo” y este fue el inteligente aporte del gobierno de Ríos Montt. Si la gran burguesía y el alto mando del ejército no hubieran sido tan obtusos, hubieran hecho entre 1978 y 1982 un recambio apelando a liderazgos históricos como los de Manuel Colom Argueta y Alberto Fuentes Mohr. Este recambio le hubiera quitado parte importante de simpatías a la insurgencia. En vez de ello la dictadura militar los asesinó y creó condiciones para el auge insurgente que se observó entre 1979 y 1982.

En conclusión, independientemente de los repudiables actos que pudiera haber cometido la guerrilla, asesinatos, masacres y terror no fueron los recursos idóneos para lograr sus objetivos. En el caso de la contrainsurgencia, no se puede decir lo mismo. El terror estatal se convirtió en una necesidad  ineludible ante un proceso de insubordinación social que se le fue escapando de las manos. El triunfo de la revolución en Nicaragua en julio de 1979, la irradiación revolucionaria hacia El Salvador y las noticias que de ello se tenían en campos y ciudades de Guatemala, fueron  factores decisivos en la sublevación no solamente en la ciudades, pero más importante  aún, en regiones de población indígena y campesina.

Como siempre ha sucedido en la historia, era necesario ahogar en sangre y de manera ejemplar aquella rebelión. Con mayor razón que la misma no era solamente de clases medias y pobres urbanos, sino la más grande insurrección  indígena y campesina  de la historia contemporánea del país.

He aquí pues la causa de por qué fueron asesinadas  y enterradas 220 personas en los terrenos aledaños al Destacamento Militar de Comalapa.

[stextbox id=»warning»]En la inmensa mayoría de países del planeta, este macabro hallazgo hubiera sido noticia espectacular y por largo tiempo. En un país de memoria débil como Guatemala, esta monstruosidad, rápidamente pasa al olvido.[/stextbox]

Carlos Figueroa Ibarra

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