Irmalicia Velásquez Nimatuj
En estos momentos es urgente visibilizar desde los niveles nacionales e internacionales la compleja situación que enfrentan en Guatemala las vidas y el trabajo a favor del Estado de Derecho de las pocas juezas y jueces honestos, especialmente los de Alto Impacto, por la violencia legal que están viviendo a través de la propia Corte de Constitucionalidad (CC) y de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) dado que sus magistrados están total y públicamente alineados con las acciones que demanda el Pacto de Corruptos, las elites económicas, militares y el crimen organizado que buscan revertir por todos los medios “legales” e ilegales el trabajo de los togados.
Por eso, los están sometiendo a una violencia emocional a través de amenazas públicas o solapadas que les envían por medios inimaginables; a la persecución material de la que son objeto afuera de sus residencias, tribunales o en las calles al ser seguidos por vehículos con o sin placas, acciones que han tenido que denunciar públicamente; así como el acoso laboral que viven dentro del propio sistema de justicia por colegas e infiltrados en los tribunales en donde laboran.
En otras palabras, lo que los jueces probos están enfrentando son represalias por el trabajo, apegado a derecho que han realizado, como parte de las funciones que les corresponden, por eso, esta campaña tiene un nombre: criminalización.
Frente a la realidad de las y los jueces honestos es necesaria la visita del Relator sobre Independencia Judicial de la Naciones Unidas, Diego García-Sayán, quien está al tanto de lo que ocurre en Guatemala porque estas acciones las ha presentado en sus informes al Consejo de Derechos Humano de la ONU. Por su lado, el vicepresidente de la República, Guillermo Castillo Reyes, consciente de la precariedad y peligrosidad en que se encuentran las vidas y el trabajo de los jueces independientes ha realizado gestiones para la materialización de la visita.
La CC y la CSJ intentan aparentar legalidad en sus acciones, sin embargo, los ciegos son ellos, porque la población dentro y fuera del país observa, cómo están instrumentalizando el sistema de justicia a su favor, tal y como lo hicieron en el caso de Ríos Montt. El plan está diseñado: vengarse de fiscales y jueces quitándoles inmunidad, destruyendo, anulando pruebas o retrayendo investigaciones en casos de alto impacto para dejar libre a los responsables de los crímenes que tienen al país viviendo en anarquía.
La criminalización de los jueces que tienen o no medidas cautelares y de los operadores honestos está minando la lucha contra la corrupción, por eso, la justicia universal debe garantizar sus vidas y su trabajo. De lo contrario, la justicia proba de Guatemala terminará, como la mayoría de sus ciudadanos honestos, viviendo y operando en el exilio.
El plan está diseñado: vengarse de fiscales y jueces quitándoles inmunidad, destruyendo, anulando pruebas o retrayendo investigaciones en casos de alto impacto para dejar libre a los responsables de los crímenes que tienen al país viviendo en anarquía.
Fuente: [elperiodico.com.gt]
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Profesora visitante Departamento de Antropología en la Universidad de Oregon.
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