Desde el 19 de diciembre de 2010, el Estado guatemalteco ha iniciado una ofensiva contra el narcotráfico en el país. En otras palabras, estamos
asistiendo al inicio de una guerra contra el narcotráfico en el país con
todo lo que ello implica. Lo más grave de todo este asunto es que esta
ofensiva se sustenta en el decreto del estado de sitio en el departamento
de Alta Verapaz y el que se vislumbre una medida similar para los
departamentos de Izabal, San Marcos y Zacapa. Ello implica el que se
suspenden los derechos ciudadanos de libertad de acción, detención legal,
interrogatorio a detenidos o presos, libertad de locomoción, derecho de
reunión y manifestación y portación de armas. El asunto es que en función
del combate al crimen organizado esta suspensión de derechos y garantías
afectará también a todos los movimientos sociales que se resisten a los
megaproyectos y a cualquiera de las otras políticas públicas que impulsadas
por el actual gobierno resultan lesivas para los sectores más vulnerables
del país.
No puedo sino expresar mi escepticismo con respecto a los resultados de
las guerras contra el narcotráfico. En Colombia los resultados fueron
importantes en lo que se refiere a la desarticulación de los ahora
legendarios cárteles de Cali y de Medellín. Pero el narcotráfico sigue
operando en dicho país, ahora a través de organizaciones criminales que no
tienen la envergadura de los ya mencionados cárteles pero que resultan
igualmente eficaces en el cultivo, trasiego de estupefacientes y los
dividendos que dichas actividades rinden. En México, después de cuatro años de guerra contra el narcotráfico los resultados tampoco son buenos. Puede concederse que determinados cárteles como el de La Familia Michoacana y el de los Beltrán Valencia han resultado particularmente afectados por la ofensiva militar y policiaca que el gobierno de Calderón desató desde el 2006. Pero en términos generales, los cárteles siguen operando y algunos hasta expandiéndose hacia el sur como ciertamente los guatemaltecos lo saben con el caso de los Zetas. Más de 30 mil muertos ha causado en México la guerra contra el narcotráfico y es muy probable que el gobierno actual se vaya en 2012 en el contexto de un evidente fracaso.
Por ello es que no me impresionan los resultados que se han dado a conocer
en los primeros días de la ofensiva gubernamental contra el narcotráfico en
Alta Verapaz. Las capturas de sicarios y operadores, el decomiso de armas y
aeronaves, so noticia corriente en México y sirven más como propaganda
gubernamental que como medida efectiva contra el narcotráfico. Es indudable que la guerra contra un enemigo interno puede convertirse en un arma política y de legitimación, de incremento de popularidad para el gobernante en turno. El presidente Álvaro Uribe lo logró exitosamente en Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia con sus excesos y errores lo ayudaron grandemente. Llegado a la presidencia de México después de unas elecciones de pésima calidad sino es que en el marco de un fraude electoral, Felipe Calderón en México usó la guerra contra el narcotráfico con la esperanza que le rindiera los mismos resultados que a Uribe en Colombia. Pero al parecer no ha sido lo mismo. Uribe logró modificar la constitución colombiana y logró una reelección. Y la fuerza política que lo apoyó ha logrado la continuidad con el actual presidente Juan Manuel Santos. En México, nadie duda que el PAN perderá las elecciones
presidenciales en 2012 y que es probable que el PRI vuelva a gobernar.
Calderón se ha ido quedando sólo pues los grandes poderes empresariales
tienen la mira puesta en el recambio del 2012.
Atacado desde la derecha por ser poco enérgico con la delincuencia, el
presidente Colom indudablemente está tratando de proyectar un cambio de
imagen con la guerra que ahora ha declarado al narcotráfico. Personeros de
algunas cámaras empresariales ya ha empezado a aplaudirlo. En un año
electoral como el que ahora comenzamos, es imposible dejar de hacer la
asociación de esta ofensiva contra el narcotráfico con los afanes de
continuismo del gobierno actual. Con estados de sitio en Alta Verapaz y
probablemente en otros departamentos, con noticias reiteradas de capturas y decomisos, la imagen blandengue del gobierno actual puede contrarrestarse.
Pero el narcotráfico podrá resistir dicha ofensiva, mientras la ofensiva
militar y policiaca no se complemente con otras medidas de fondo como el
fortalecimiento del Estado dotándole de mayores recursos (lo que implica
una reforma fiscal progresiva), una efectiva política contra la corrupción
y el lavado de dinero, la creación de fuentes de empleo para amplios
sectores de la población, una política efectiva para resolver la miseria
campesina.
Peor aún. Como ha sucedido en otros países, podrá crear una base social
aprovechando su enorme poder financiero para manipular las necesidades
sociales de la población en las regiones en las cuales opera. Es necesario
que entendamos que el combate a la delincuencia de todo tipo es de carácter
integral.
Autor: Carlos Figueroa Ibarra.
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