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Ha resultado estremecedor para mí recibir un comunicado del Grupo de Apoyo Mutuo emitido a propósito de la captura a mediados de julio,  del ex jefe policiaco Pedro García Arredondo.  Ha sido estremecedor porque  a pesar de que García Arredondo será juzgado  solamente por su participación en la desaparición en1981 del estudiante universitario Edgar Sáenz Calito, en realidad se le imputan innumerables crímenes cometidos a fines de los años setenta y a principios de los ochenta del siglo XX. El GAM  menciona entre los asesinatos  en los cuales Pedro García Arredondeo pudo haber participado, el de mis padres, Carlos Alberto Figueroa y Edna Ibarra de Figueroa.
Ya lo he escrito en esta columna. En relación a éste hecho no me embarga ningún odio personal. Me interesa sobre todo la Memoria, la Verdad y la Justicia que incluye  por supuesto el caso de mis propios padres, pero también el de aproximadamente 200 mil  guatemaltecos. Pedro García Arredondo  en su calidad de jefe del Comando Seis de la policía nacional, fue el prototipo del esbirro civil en la década de los ochenta del siglo XX en Guatemala. En ese sentido, junto a Manuel Valiente Téllez,  García Arredondo es  el heredero de esbirros tristemente celebres del ubiquismo y después de la mal llamada liberación nacional. Me refiero a Bernabé Linares y Santos Miguel Lima Bonilla. La particularidad de estos esbirros es que no fueron militares sino civiles. Y el hecho de que hayan sido civiles y no militares, los esbirros más famosos en la época de las dictaduras unipersonales del período oligárquico (Estrada Cabrera y Ubico), es reveladora del papel del ejército en aquella época. No era el ejército sino la policía política el bastión de la represión en aquellos años. Más aun, los jefes policiacos allegados a los dictadores pudieron haber tenido más poder que muchos de los generales del maltrecho ejército guatemalteco de aquellos años. Tropas descalzas, mal uniformadas y mal armadas, eso eran las fuerzas armadas hasta la revolución de octubre de 1944.
Paradójicamente fueron los años de la primavera democrática los que fueron empoderando al ejército. Finalmente,  las fuerzas armadas habían sido decisivas en el derrocamiento de Ponce Vaides en octubre de aquel año. Las continuas tentativas de golpes de estado y complots observados entre 1944 y 1954, hicieron que los gobiernos de Arévalo y Arbenz  tuvieran que estar lisonjeando al ejército con prebendas y privilegios. Después de 1954, en  el contexto de la guerra fría  el ejército  culminó su ascenso que llegó a su momento climático con el golpe de estado de 1963. El surgimiento de la dictadura militar hizo del ejército la columna vertebral  del Estado. La clase dominante guatemalteca cedió a los militares el ejercicio directo del poder y les pagó con impunidad ante la corrupción el hecho de que se mancharan las manos de sangre. Ser militar de alto rango en aquellos años, casi siempre se volvió camino para el enriquecimiento y volverse parte de algún estamento de la clase empresarial. Ahora los señalamientos de crímenes de lesa humanidad se dirigen sobre todo al ejército. Se olvida que estos crímenes se hicieron para mantener las insultantes desigualdades y privilegios de la clase dominante guatemalteca.
También hay señalamientos  contra civiles por los crímenes cometidos durante los años del conflicto interno. Pero los civiles implicados y ahora juzgados son pobres diablos, matarifes de mediana estofa, subordinados a un poder centralizado en el alto mando de las fuerzas armadas. Este es el perfil de matones como Manuel Valiente Téllez y el ahora arrestado Pedro García Arredondo. ¿Tuvo que ver García Arredondo con el asesinato de mis padres el 6 de junio de 1980? Como buena parte de los crímenes cometidos en aquellos años la verdad acaso nunca se sepa. Pero así como Al Capone fue condenado por evasión fiscal en lugar de  que lo fuera por los innumerables delitos que cometió, basta que García Arredondo sea juzgado por la desaparición de Édgar Sáenz Calito.  Con este juicio habrá esperanzas para la justicia con respecto a todos los que fueron asesinados y desaparecidos  por su acción directa e indirecta.
La ejecución extrajudicial y desaparición forzada de 200 mil personas en el contexto  del conflicto interno es una deuda histórica que el país tiene con respecto a si mismo. Ciertamente no se trata de hacer de esto un tema interminable y de autolaceración permanente. Pero tampoco se trata de hacer como si nada hubiese pasado. En su último comunicado, AVEMILGUA nos amenaza de manera velada con volver a cometer  las infamias observadas durante casi medio siglo.
Esto es lo que se tiene que lograr con la reivindicación de la memoria, el esclarecimiento de la verdad histórica y la administración de justicia: que no haya nadie que nos amenace impunemente con volver al pasado tenebroso de las dictaduras terroristas.

Carlos Figueroa Ibarra

Carlos Figueroa Ibarra. Sociologo especializado en el tema de violencia política, terrorismo de estado, procesos políticos latinoamericanos. Autor de libros y artículos sobre esos temas.
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