En el momento en que escribo estas líneas es muy temprano todavía para hacer una evaluación de lo sucedido en la Cumbre de las Américas con respecto al tema de la despenalización de las drogas. Pero me llama la atención que en su discurso inaugural el presidente anfitrión, el colombiano Juan Manuel Santos, deploró la exclusión de Cuba del sistema interamericano y especialmente de la Cumbre y al mismo tiempo abogó por explorar nuevas rutas en relación al combate a las drogas. Interesantes posturas, sobre todo proviniendo de un mandatario que de ninguna manera puede ser ubicado en la constelación de gobernantes progresistas en América latina. Mientras el presidente estadounidense Barack Obama, insistía en la postura de Washington sobre una guerra frontal a las drogas, el mandatario colombiano dijo en su discurso inaugural: “a pesar de todos los esfuerzos, inmensos esfuerzos, inmensos costos, tenemos que reconocerlo: el negocio de las drogas ilícitas sigue pujante”. La aseveración parecería hasta una cita textual del artículo signado por el presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina y que fuera publicado el 7 de abril de 2012 en el diario inglés The Guardian.
He recibido comentarios de los lectores y lectoras de la columna que escribí comentando el artículo del presidente Pérez Molina. Un lector o lectora que firma como J.P. comenta que está a favor de despenalizar solamente el tránsito, no así la producción y el consumo de drogas. Cabe resaltar que España, Italia, Portugal, Luxemburgo y República Checa, Argentina, Brasil, Canadá y México, en mayor o menor medida han despenalizado la tenencia y consumo de la mariguana. En Uruguay nunca ha sido penalizada la posesión de drogas y en la actualidad existe discrecionalidad de los jueces con respecto a las cantidades toleradas. Y caso especial es el de los países bajos, especialmente Holanda, en la cual está autorizada legalmente la venta de mariguana para el consumo individual en los 750 llamados coffee shops. Y algo que llama poderosamente la atención es que según nos informa Wikipedia, a pesar de la venta sin restricciones en dicho país, el consumo de mariguana es similar al de Alemania y Bélgica y mucho más bajo que en el Reino Unido, Francia y España.
La despenalización del tránsito de drogas por Centroamérica, Caribe y México, no resolvería el problema de fondo en tanto exista el tema del consumo. Y la despenalización del consumo no resolvería el problema si la producción sigue siendo penalizada. Y hay que reconocer que mientras los Estados Unidos de América no se incorporen a la discusión de la despenalización, la dificultad de fondo no será resuelta en su totalidad. Con sus 23 millones de consumidores de drogas (9% de la población), los Estados Unidos de América son el gran inconveniente. Cabe resaltar que el nivel de consumo en los países de tránsito y producción es considerablemente menor. Baste decir que en México el número de consumidores no ocasionales se calcula entre 400 y 600 mil personas lo cual significa un porcentaje aproximado de 0.4 y 0.6% de su población de 108 millones de personas.
Mi estimado amigo y compañero de indignaciones, Alfredo Anckerman, me ha escrito una juiciosa carta en la que me llama la atención sobre diversos problemas vinculados a la regularización de la producción, consumo y tránsito de drogas: 1. La drogadicción es un problema social y no necesariamente un problema penal (totalmente de acuerdo). 2. Sería necesario hacer una distinción entre los distintos niveles de peligrosidad de las drogas. 3. En Guatemala (y cabe pensar que en buena parte de los países de la región) existe un enorme descuido con respecto a la venta de alcohol y tabaco y cabría esperar similar conducta en el hipotético caso de que hubiera una despenalización y regularización del consumo de drogas. 4. Sería necesario distinguir entre las drogas que consumen los pobres y las que consumen los ricos.5. Sería necesario regular estrictamente a los productores y comercializadores.
En realidad la legalización de la producción, consumo y tránsito de las drogas es un problema de gran complejidad. Una medida de esta naturaleza implicaría también una regularización estricta con respecto a la publicidad de un producto altamente peligroso para la salud (como lo es el alcohol y el tabaco), restricciones con respecto a la cantidad vendida, con respecto a la población a la cual se le podría vender, censo y registro y extensión de licencias a personas drogadictas y otras medidas que no imagino. Medidas que deberían plantearse con la misma rigurosidad con respecto al alcohol y el tabaco. Entiendo que lo que escribo es polémico. Pero me parece una incongruencia extrema clamar al cielo cuando este tipo de planteamientos se hacen y permanecer indiferente a la venta legal e indiscriminada de armas que se practica en los Estados Unidos de América.
No me simpatiza el gobierno de Pérez Molina y las razones ya las he expuesto en artículos anteriores. Pero en este tema no puedo sino aceptar que su postura me parece sumamente congruente.
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