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Irmalicia Velásquez Nimatuj

La actual represión ejercida por el Estado de Guatemala, a través de las fuerzas de seguridad, contra mujeres, niños, ancianos, jóvenes y adultos del pueblo maya q’eqchi’ del municipio del Estor, Izabal, que demandan el derecho a que su voz sea escuchada en los consejos ancestrales respecto a la operación ilegal -según la Corte de Constitucionalidad 2019, reiterada en 2020- de la mina Fénix -compañía suiza Solway, que opera con capital ruso- es una clara violación a los derechos constitucionales de los pueblos indígenas. 

En el marco del derecho internacional el Estado está violando el Convenio 169, ratificado por Guatemala, la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, que junto al C169 y otros reconocen que las y los indígenas “tienen derecho a la libre determinación”, esto implica que “pueden establecer libremente su condición política y perseguir libremente su desarrollo económico, social y cultural.”  También se viola el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 

En lo que respecta a los ataques con bombas lacrimógenas a las mujeres y niños indígenas Giammattei violó leyes nacionales y los siguientes marcos internacionales Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, “Convención De Belém Do Pará”, Convención sobre Derechos del Niño entre otros.

Giammattei se ha convertido en el vocero y protector del extenso territorio que posee la mina y para defender las operaciones ilegales ha organizado una guerra contra el municipio de El Estor. Atacando, reprimiendo, deteniendo a personas y periodistas, quienes demandan el respeto al Estado de Derecho. Además, usando los impuestos del país ha enviado al ejército y a la policía para garantizar la vida de los equipos rusos y ucranianos que operan en esa región. ¡Es indignante observar, cómo la policía cuida los camiones de la minera!  Y como si no fuera suficiente impuso un Estado de Sitio para reprimir y permitir que la minera opere con impunidad

El complejo minero también ha enfrentado a las poblaciones, allí están las y los trabajadores q’eqchi’, de bajo rango, viajando a la capital, con todo pagado, para defender la intervención extranjera y mantener en la pobreza a sus propios hermanos a través del saqueo de los recursos de Guatemala, por países como Suiza que presumen a nivel mundial de ser “neutral en conflictos armados” pero en la practica no aplica sus principios con los pueblos indígenas.  Un ejemplo es el rol de la embajada de Suiza en Guatemala y su defensa sigilosa del extractivismo que ahora mata a indios y pobres, pero que en el futuro también los alcanzará a ellos.  

¿Qué tribunal está dispuesto a escuchar y a castigar estos crímenes?

En el marco del derecho internacional el Estado está violando el Convenio 169, ratificado por Guatemala, la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, que junto al C169 y otros reconocen que las y los indígenas “tienen derecho a la libre determinación”, esto implica que “pueden establecer libremente su condición política y perseguir libremente su desarrollo económico, social y cultural.” 

Fuente: [elperiodico.com.gt]

Narrativa y Ensayo publica este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

Irma Alicia Velásquez Nimatuj
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