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Carlos Figueroa Ibarra

Después de  veinte días de resistencia del pueblo Q´eqchi’ en  El Estor (Izabal, Guatemala) contra la entrada de camiones con  carbón necesario para la mina instalada en ese lugar, unos 600 efectivos de la policía y del ejército en decenas de vehículos, rompieron violentamente el cerco puesto por la población. Eso sucedió el viernes 22 de octubre   y la represión culminó  24 de octubre con la imposición del Estado de sitio  por el gobierno de Alejandro Giammattei. El Congreso de Guatemala  ratificó por treinta días dicho estado de excepción, en medio de intervenciones de diputados y diputadas asociado/as al Pacto de Corruptos  señalando como  terroristas a los habitantes de dicho municipio.

Conviene recordar que el conflicto  por las operaciones mineras asociadas al níquel lleva ya  medio siglo. En 1970 una comisión investigadora integrada por el diputado Adolfo Mijangos López,  por los abogados Julio Camey Herrera y Alfonso Bauer Paíz y el economista  Rafael Piedrasanta Arandi, presentó un informe denunciando la onerosa concesión  hacia la empresa Exmibal. Entre noviembre  de 1970 y enero de 1971 la dictadura asesinó a Camey Herrera y a Mijangos, hirió gravemente a Bauer Paiz mientras que Piedrasanta tuvo que exiliarse. El mismo conflicto estuvo detrás de la masacre de Q’eqchí’es en Panzós en mayo de 1978 y de diversos asesinatos observados en los años siguientes.

La ocupación violenta  de El Estor por las fuerzas represivas  se debe a su rebeldía ante una simulación operada por el Ministerio de Energía y Minas con respecto a la consulta previa, libre e informada ordenada hace algún tiempo por  la Corte de Constitucionalidad. Se trata de cumplir espuriamente lo que estipula el Convenio 169 de la OIT. La consulta quiere realizarse entre personas  ajenas en su mayoría a la población del municipio. También quiere reducirse la extensión del territorio consultado. Se trata pues de hacer una seudo-consulta para legitimar las operaciones de la empresa rusa Solway Investment.

No es cualquier Estado el que  ahora está reprimiendo  al pueblo Q’eqchi´ en El Estor. Es un Estado Criminal  cooptado en la mayoría de sus instituciones, por el crimen organizado y la delincuencia de cuello blanco. A fines de abril de 2021, según notas periodísticas, el presidente Giammattei habría recibido  en su residencia a una persona de nacionalidad rusa con una alfombra llena de dinero  como regalo. A cambio se le debería dar una concesión aduanera en el Puerto de Santo Tomas de Castilla.

En el trasiego de ese regalo y otros paquetes, habría estado inmiscuida  la empresa Mayaniquel  que opera en Alta Verapaz e Izabal prospección, exploración, excavación, transporte y exportación  de níquel.  En junio,  la Fiscalía Especializada contra la Impunidad a cargo de Juan Francisco Sandoval se encontraba investigando este caso. Pronto la Fiscal General Consuelo Porras se presentó en la FECI para averiguar qué pruebas había del caso. El 23 de julio el fiscal Sandoval fue destituido y salió al exilio. He aquí pues la colusión en Guatemala, entre capitalismo salvaje, crimen, corrupción, despojo territorial y violencia sin límites.

En el trasiego de ese regalo y otros paquetes, habría estado inmiscuida  la empresa Mayaniquel  que opera en Alta Verapaz e Izabal prospección, exploración, excavación, transporte y exportación  de níquel.  En junio,  la Fiscalía Especializada contra la Impunidad a cargo de Juan Francisco Sandoval se encontraba investigando este caso.

Narrativa y Ensayo publica este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

Carlos Figueroa Ibarra
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