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Irmalicia Velásquez Nimatuj

Desconozco los procesos para obtener un doctorado en Guatemala, mi experiencia fuera del país es que alcanzar un doctorado es un proceso de años a tiempo completo, que termina siendo complejo, difícil y caro.  Al final, quienes logran concluirlo enfrentan más dudas, vacíos teóricos, lingüísticos o metodológicos que deben seguir puliendo en el ejercicio de la profesión y, además, concluyen con altas deudas. Por eso, sorprende que en Guatemala las universidades repartan a diestra y siniestra títulos de doctorado en casi todas las disciplinas como si pudieran reducir la producción de los saberes a un simple proceso de comprar y recibir un cartón que luego usan para escalar en el espacio nacional sin haber llenado los requisitos elementales o tener los conocimientos indispensables.

La mercantilización de la educación en Guatemala ha permitido no solo la proliferación de universidades que se asemejan a tiendas de esquina que entregan títulos para los cuales los estudiantes no están preparados, como consecuencia, los graduados con maestrías y doctorados no pueden elaborar una carta y menos realizar una investigación novedosa.

En este marco, el de la prostitución de los certificados, a través de las universidades nacionales, debe ubicarse el caso de Consuelo Porras a quien se le ha comprobado que la Universidad Mariano Gálvez le otorgó un doctorado en derecho sin “percatarse” que una tercera parte de su disertación es un plagio literal de la tesis de licenciatura del abogado Benigno Ramírez Choc, ya fallecido.  El plus de Porras fue transcribir el trabajo de Ramírez en computadora.  Llama la atención la posición de la universidad y sus autoridades, quienes buscan desligarse de su responsabilidad frente a la generación del conocimiento y el trabajo que les corresponde de frenar, evitar y castigar el delito de plagio de ideas, trabajos, investigaciones o documentos por cualquier medio de sus estudiantes.    

Porras, quien desde el Ministerio Público se ha dedicado a perseguir a funcionarios y destruir la institucionalidad erigida en las últimas dos décadas dentro del sistema de justicia -a petición de las elites tradicionales y emergentes, políticas, económicas y religiosas-, presume de tener más de 30 años de ejercicio profesional, durante los cuales ha negociado la imparcialidad de la justicia y según las evidencias es responsable del delito de plagio, aun así, continua usando el título que en otro país, por honorabilidad la universidad que lo emitió se lo abría retirado y hubiera presentado disculpas a su nación.  Sin embargo, en Guatemala, estos delitos resultan un prestigio para la universidad y también para Porras, porque muestra la capacidad de ambos sobre cómo usar el sistema de justicia para avanzar y colocarse a la cabeza del MP, enviando el mensaje a nivel nacional e internacional, que un sector en el país, por sus privilegios heredados o comprados, si son superiores a la ley.

En este marco, el de la prostitución de los certificados, a través de las universidades nacionales, debe ubicarse el caso de Consuelo Porras a quien se le ha comprobado que la Universidad Mariano Gálvez le otorgó un doctorado en derecho sin “percatarse” que una tercera parte de su disertación es un plagio literal de la tesis de licenciatura del abogado Benigno Ramírez Choc, ya fallecido. 

Fuente: [elperiodico.com.gt]

Narrativa y Ensayo publica este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

Irma Alicia Velásquez Nimatuj
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