Un presidente civil, vestido de militar

Una expresión repetida constantemente en el ámbito comunicacional asegura que “una imagen dice más que mil palabras”. ¿Cuánto habrán dicho, entonces, las decenas de imágenes, multiplicadas incansablemente por las redes sociales y los medios de comunicación convencionales, en las que se observa al presidente Jimmy Morales utilizando vestimenta militar?

En contraste con los atuendos blancos usados por la y los integrantes de su gabinete de gobierno, durante la visita efectuada el 30 de julio a los albergues de Escuintla donde permanecen víctimas de la erupción del volcán de Fuego, Morales usó un uniforme de campaña con camuflaje, igual que el ministro de la Defensa Nacional, general Luis Miguel Ralda. Un gesto de este tipo no se vio a ninguno de los presidentes civiles que gobernaron Guatemala a partir de 1986, y solamente tiene como antecedente lo hecho por el también civil Julio César Méndez Montenegro (1966-1970).

Más allá de la lluvia de críticas y de las expresiones burlescas de los “memes” circulando en las redes sociales, el gesto presidencial está indudablemente cargado de un simbolismo que, efectivamente, dice más que mil palabras: parece la señal de un gobernante dispuesto sostenerse con apoyo militar en lo que resta de su mandato, cuando los otros soportes políticos se van adelgazando o desmoronando, tal lo ocurrido con el inesperado fallecimiento del alcalde capitalino Álvaro Arzú Irigoyen, el 27 de abril del año en curso (ver Revista Análisis de la Realidad Nacional, edición digital 140).

Fuera de las críticas y las censuras más o menos superficiales, que tienden a atribuir gestos como los del presidente Morales en Escuintla a una pretendida limitación intelectual o falta de sensibilidad política, es del caso considerar que vestir atuendo castrense luce como un acto totalmente meditado, dirigido a hacer un claro guiño a las fuerzas armadas, recordando la fidelidad que deben al presidente de la República en su calidad de “comandante general del Ejército de Guatemala”.

Coqueteo, o propensión militarista según algunos observadores, que se ha hecho patente casi desde el inicio de su mandato (por ejemplo, al disponer el uso del Batallón de Ingenieros Militares para dar mantenimiento a las carreteras, o encomendar a la industria militar la producción y reparación de pupitres escolares), y que se acentuó notoriamente en los más recientes episodios de su enfrentamiento personal con el titular de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, Iván Velásquez.

A propósito de esta inclinación a apoyarse en el ejército, se recuerda el hecho de que el 20 de abril pasado en ocasión de realizarse extemporáneamente el acto conmemorativo del Día del Soldado Caído, Morales aprovechó la tribuna del Campo Marte, ante un público básicamente castrense, para arremeter contra Velásquez y la CICIG, propósito de la presentación de la segunda fase de un caso de financiamiento electoral ilícito en el cual está señalado el oficial partido FCN-Nación (ver Revista Análisis de la Realidad Nacional, edición digital 140).

Desde entonces se ha acentuado en el gobierno no solamente esa inclinación a parapetarse en la institución armada, sino también un notorio curso autoritario en áreas sensibles como el de la seguridad. De una parte, en un claro movimiento desinstitucionalizador, se ha querido usar al Consejo Nacional de Seguridad para instrumentar acciones contra la CICIG, como haber fraguado en ese espacio una instrucción a la Procuraduría General de la Nación para que investigase la eventual extralimitación de su mandato por parte del ente internacional.

De otra parte, con la llegada de Enrique Degenhart al Ministerio de Gobernación, en enero de 2018, esta cartera se ha convertido en una punta de lanza para hostigar a la CICIG, con medidas como el retiro agentes y oficiales de la Policía Nacional Civil (PNC) asignados a tareas de investigación, así como la reducción de los efectivos policiales destinados a la seguridad del ente investigador.

La más reciente de esas acciones anti-CICIG ocurrió a principios de julio pasado, con la reducción del personal de la División de Protección de Personas y Seguridad de la PNC asignados a la CICIG. Si bien oficialmente se explicó la medida como resultado de una evaluación periódica y la consiguiente reorganización del servicio, desde el ente internacional se recordó que, en virtud de la cláusula octava del convenio de creación de la comisión, el Gobierno de Guatemala está comprometido a adoptar “todas las medidas eficaces y adecuadas para garantizar la seguridad y protección de las personas” que laboran en la CICIG. En medios periodísticos se comenta con mucha insistencia que Degenhart se habría convertido, además, en un activo cabildero gubernamental en Estados Unidos para erosionar los apoyos políticos e institucionales que la CICIG tiene en aquel país.

La gestión de Degenhart, por otra parte, es vista como expresión de la tendencia autoritaria y regresiva acentuada durante este año en el gobierno de Morales, patente sobre todo en los relevos efectuados en los mandos de la PNC, así como en un notorio deterioro de la seguridad para defensores y defensoras de los derechos humanos, particularmente para dirigentes comunitarios y campesinos vinculados al Comité de Desarrollo Campesino (CODECA). En los últimos tres meses, ocho líderes de CODECA han sido asesinados en diferentes lugares del país.

Al parecer guiado por la convicción de que la CICIG lidera una conspiración –fraguada por “comunistas” embozados, según la versiones más extremas– para derrocarlo, la acción política principal del gobierno de Morales se ha orientado por una visión igualmente regresiva de la seguridad, al punto de considerar que las investigaciones penales, en las cuales resulta aludido el presidente, constituyen una suerte de atentado contra la “seguridad nacional”. De este modo, se involuciona a una visión absolutista resumida en la expresión del siglo XVIII atribuida al rey de Francia, Luis XVI: “el Estado soy yo”.

Lo que no parecen percibir Morales, y quienes adscriben a la hipótesis de la conspiración para defenestrarlo, es que a estas alturas las energías sociales y políticas capaces de embarcarse en una orientación de esa naturaleza, ya están de lleno abocadas a los prolegómenos de la contienda electoral de 2019. El cambio del calendario político, resultante de las reformas ya vigentes en la Ley Electoral y de Partidos Políticos, supone la convocatoria a comicios generales en algún momento de enero próximo (es decir, en poco más de cinco meses) y la asistencia ciudadana a las urnas en junio siguiente.

Dicho de otro modo, de aquí en adelante, los posibles participantes de la contienda electoral –sean representativos de la “vieja” o la “nueva” política– están encaminándose a la “línea de partida” y a ello obedece que durante la segunda quincena de julio salieron a luz pública contactos entre partidos o exploraciones sobre eventuales candidaturas presidenciales. Esto significa que, de ahora en adelante, la coyuntura política nacional será marcada de manera creciente por la expectativa de “las alegres elecciones”.

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Fuente: Revista Análisis de la Realidad Nacional No. 146 [http://ipn.usac.edu.gt/wp-content/uploads/2018/08/IPN-RD-146.pdf]