Vecinos incómodos

El gobierno estadounidense ha dejado en claro que la seguridad nacional de su país sigue estando amenazada por los países del triángulo norte de Centroamérica y por la crisis sociopolítica en Venezuela. Así podría resumirse la fugaz gira del vicepresidente Mike Pence por Brasil, Ecuador y Guatemala, así como la reunión de seguimiento que sostuvo la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kirstjen Nielsen, con los cancilleres del triángulo norte de Centroamérica y México, el 10 de julio último.  El discurso directo, los mensajes claros y las amenazas sin rodeos.

A pesar de las expectativas que siempre embargan a algunos actores regionales, quienes esperan una actitud bien intencionada y el enfoque humanitario del hegemónico vecino del norte, la realidad de las relaciones bilaterales y multilaterales demuestran que la región centroamericana, lejos de ser un “socio”, sigue siendo amenaza geoestratégica.  Luego de la crisis migratoria de más de 56 mil niños guatemaltecos que llegaron a ciudades de EE.UU. en 2014, la visita del entonces vicepresidente Joe Biden dejó en claro que las razones humanitarias no eran la prioridad del plan para la prosperidad del triángulo norte, que él lidero para disuadir las migraciones de la región.

Luego, durante la toma de posesión del presidente Jimmy Morales reiteró, en un entrevista a un medio escrito que “proveer seguridad para las personas de la región, porque casi nada es más importante que la seguridad de tus hijos; mejorar la gobernabilidad para aumentar la transparencia y edificar la confianza en las instituciones de la región; y promover las reformas para atraer la inversión exterior y abordar las necesidades económicas en la región”, orientaban el enfoque de dicho plan.

Con la llegada del nuevo gobierno estadounidense, el plan para la prosperidad giró hacia la seguridad, durante la conferencia de 2017 en Miami, donde se definieron los énfasis de la administración Trump para Centroamérica: seguridad transfronteriza, narcotráfico, tráfico humano y fortalecimiento institucional. En ese enfoque se incorporó como facilitador México, que ha respondido positivamente a las presiones para desincentivar sus migraciones, no obstante la amenaza de obligarlo a financiar el muro en la frontera con Estados Unidos, como se sabe, uno de los ofrecimientos de Donald Trump en su campaña electoral.

Con la aparente disminución de migrantes mexicanos hacia el norte, la tensión se traslada ahora hacia la frontera sur de México, en donde sería mucho más barato construir un muro para tratar de contener el flujo de migrantes, quienes huyen de la violencia y la pobreza que azota ya no solo a los países del triángulo norte, sino que ahora también huirán ciudadanos nicaragüenses afectados por la crisis política en su país.

Un repaso rápido de las variables que sostenían el planteamiento de invertir en un plan para la prosperidad y la seguridad de la región sugiere que, lejos de avanzar en el triángulo norte, se ha retrocedido.

En materia económica la tendencia ha sido a la ralentización de la economía guatemalteca; en El Salvador el retiro del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) por Estados Unidos, augura mayores tensiones en una economía asediada por las pandillas, y en Honduras, a pesar de la agresiva estrategia de inversión pública en infraestructura, no hay señales de mejoría; el desempeño de estas tres economías no ha permitido ofrecer oportunidades que fijen a sus poblaciones a los territorios que, hoy por hoy, los expulsan por el deterioro de las condiciones de vida.

En materia de seguridad, si bien los indicadores de violencia homicida han tenido un comportamiento a la baja en Guatemala, para El Salvador y Honduras las cifras siguen siendo alarmantes; con el agravante de que, luego de la controversial reelección del presidente Juan Orlando Hernández, la violencia política lleva a Honduras a imponer estado de sitio para contener las manifestaciones multitudinarias de rechazo y sostener una “democracia” bajo el monopolio legítimo de la violencia de Estado. Para el caso de El Salvador, las pandillas juveniles siguen siendo la variable que incide en los elevados niveles de violencia homicida.

Tal es el contexto en que se produjo, primero, la visita de Pence, y después la de Nielsen.  Ambos trasladaron, con mayor contundencia, el mensaje del gobierno gringo. En palabras del vicepresidente: “este éxodo debe terminar.  Es una amenaza para nuestra seguridad.  Así como respetamos sus fronteras y su soberanía, insistimos en que respeten la nuestra.  Los números son asombrosos.  Desde el comienzo de este año, más de 150 mil guatemaltecos, hondureños y salvadoreños han abandonado sus hogares, han hecho el peligroso viaje a nuestra frontera sur y han intentado entrar ilegalmente en nuestra nación.”

En segundo plano quedó la apuesta por enfocarse en el combate a la corrupción como el ingrediente central para evitar las migraciones: “renovar la lucha contra la corrupción, los grupos criminales y la violencia de pandillas. Estamos seguros de que se puede terminar con esta crisis”, dijo Pence, pero estas parecen ser tareas que competen, en primera instancia, a las sociedades centroamericanas, si se quiere sostenibilidad en lo avanzado.

Lo central de ambas visitas, fue la amenaza a quienes estén pensando en emigrar al norte.  La  travesía será dura, no serán bien recibidos, la van a pasar mal y hasta la muerte podrán encontrar, a manos de patrullas fronterizas.   El mensaje lo interpreta Morales como la urgente necesidad de que los medios de comunicación masiva difundan gratuitamente la advertencia, mediante una campaña que alerte a quienes estén pensando aventurarse.  Este fallido gobierno traslada, también en este tema, la responsabilidad a terceros al no atender mediante políticas públicas efectivas, la fatídica situación de pobreza en la que sobreviven quienes son en empujados a emigrar.

Los mensajes de Pence y Nielsen sugieren que, desde la óptica estadounidense, la lucha contra la corrupción ya dio lo que podía dar, ahora toca pasar a nuevas formas de control regional, menos diplomáticas y menos confortables.  No hay en el horizonte inmediato propuestas que atiendan las brechas sociales, principalmente en los territorios rurales que expulsan poblaciones producto de la pobreza.  Al parecer, el gobierno estadounidense pasó la página del Plan para la Prosperidad del Triángulo Norte de Centroamérica y la visita de la señora Nielsen dejó muy en evidencia que no hay claridad para salir de la crisis migratoria inmediata.

Las propuestas fueron tímidas y principalmente vinculadas a estrategias de seguridad.   En primer lugar se acordó la apertura de una oficina de reunificación familiar debido a que separar a los niños migrantes de sus padres es una política inhumana; la emisaria lo tenía claro, debido a lo costoso que está resultando para el gobierno de EE.UU. devolver niños a sus padres, no por decisión humanitaria, sino por mandato judicial; hasta pruebas de ADN han tenido que realizar y el proceso avanza muy lento.

En segundo término se planteó el endurecimiento del combate a las organizaciones criminales dedicadas al tráfico de personas y que facilitan el proceso de penetración de la frontera sur estadounidense. Y, finalmente, acordaron impulsar una campaña de información simultánea e inmediata de los riesgos y costos de la migración en los países del ahora denominado Tricamex.

Se propuso discutir las estrategias que atiendan las causas estructurales de la migración en una nueva cumbre de prosperidad y seguridad del Tricamex, en un futuro próximo.

Mientras tanto los países centroamericanos continúan su deterioro con la suma de Nicaragua que, a tres meses de iniciada su crisis sociopolítica, agrega un nuevo factor de inestabilidad regional.

Cero en conducta

En cuando a gobernabilidad y la transparencia para edificar la confianza en las instituciones del triángulo norte, quien reprueba con creces es Guatemala. A dos años y medio de asumido el poder por el gobierno del presidente Morales, sus niveles de aceptación y credibilidad ni siquiera han sido motivo de interés y evaluación por los medios de comunicación mediante encuestas de opinión. El rechazo y el descrédito del gobernante cae estrepitosamente, con cada nuevo indicio que lo vincula al financiamiento electoral ilícito del partido que lo llevó al poder, y que ahora enfrenta un proceso de cancelación por este delito.

La profunda crisis de hegemonía que golpea a la sociedad guatemalteca es producto de un gobierno sin poder y sin proyecto político, agravada por escándalos de corrupción que evidencia que no ha habido sector de poder que no haya escapado a la tentación de moverse al margen de la ley, en un periodo de 30 años en el que se modeló el régimen que ahora se desmorona.

Ante la ausencia de un actor con credibilidad, que convoque y conduzca a la sociedad hacia el orden en el marco de la constitucionalidad, la ingobernabilidad llega a niveles de parálisis gubernamental no solo para atender los acontecimientos producto de fenómenos naturales, como la erupción del volcán de Fuego, sino agrava la desatención de las profundas brechas sociales que se roban la esperanza de salir adelante a mayorías que ya viven en condiciones de pobreza, y que son las primeras víctimas de cualquier evento que agudiza la vulnerabilidad social en la que sobreviven.

Finalmente la promoción de una agenda de reformas económicas que promueva la atracción de inversión extranjera y reactiven las economías de la zona, también es materia pendiente, por lo menos para Guatemala, cuya clase política sigue concentrada en planear marcos normativos que garanticen amnistía a sus excesos y ha olvidado hasta la agenda económica, que se movió con mucho ímpetu en los inicios de 2018.

Este panorama sugiere el fracaso inminente de un plan que no llegó a erogar dinero gringo, por lo menos para los famosos megaproyectos que se habían planeado para Guatemala y que ofrecían ser la panacea a una histórica realidad social deprimida. ¿Qué queda, si las aspiraciones sucumben a la dura realidad? Pues endurecer las políticas migratorias, hasta el extremo de cero tolerancia a las migraciones, que raya en acciones xenófobas y se concentran en contención transfronteriza únicamente.

Las migraciones no van a parar, pues las causas que las motivan continúan con su proceso sistemático de deterioro, y se han identificado casos de migrantes guatemaltecos que aducen ser sobrevivientes de la catástrofe del volcán de Fuego y la incertidumbre que se cierne sobre la gobernanza de nuestra sociedad altamente polarizada y confrontada, se agrava ante un inminente proceso de elecciones generales.

Este conjunto de condicionantes sugiere que el escepticismo de las calificadoras de riesgo podría extenderse a todo 2019 e incidir en las calificaciones de riesgo país y desincentivar las expectativas de inversión en nuestro país que, seguramente, continuará sin atraer recursos frescos para reactivar la economía y generar empleos.

Un cambio radical no se avecina y menos de la mano de un nuevo gobierno que tendrá, en primera instancia que recuperar la credibilidad y efectividad del aparato burocrático.  No hay soluciones mágicas y esperar que una sola persona electa, aunque sea por una gran mayoría, podrá resolver la situación sería un nuevo episodio de mesianismo político.

En medio de ese panorama sombrío, el gobierno estadounidense endurece su posición ante la región.

Ingenuamente el debilitado gobierno de Morales fantasea con la posibilidad de que EE.UU. otorgue a Guatemala el ahora ansiado TPS, en una etapa de política exterior norteamericana en donde se está eliminando este privilegio a los países que supieron aprovecharse de él mientras duró (Honduras, El Salvador y Haití).  Guatemala no solo lo rechazó luego de la firma de los acuerdos de paz, sino que ha promovido una gestión intermitente de este beneficio que difícilmente se obtendrá por tan solo haber acompañado a Trump en su decisión de mover las embajadas de Tel Aviv a Jerusalén.

Por otra parte los indicadores en Guatemala no son nada alentadores, la muerte de líderes campesinos y de organizaciones sociales en circunstancias aún sin esclarecer, continúa.  La Comisión Internacional contra la Impunidad ha reclamado las decisiones gubernamentales del retiro del apoyo policial que es una obligación de la Policía Nacional Civil, contenido en el artículo 6 inciso “b” del acuerdo de creación y las denuncias de hostigamiento y posible vulneración de los esquemas de seguridad de altos funcionarios que impulsaron y apoyaron la estrategia de combate frontal a la corrupción y la impunidad, refieren que aún hay resistencia a los cambios en el país. En tales casos ya se han hecho públicas las intenciones de recurrir a instancias internacionales para denunciar los hechos.

En estas condiciones se genera la expectativa de si la CICIG accionará solicitando que se restituyan las condiciones de apoyo por parte del Ejecutivo para operar, invocando el artículo 12 de acuerdo de creación. Pero en todo caso se mantiene la tensión entre la alianza oficial liderada por el presidente Morales y los actores emergentes en torno al Comisionado de la CICIG. La polarización entre simpatizantes de ambas facciones se agudizará de cara a un nuevo proceso de elección de jueces y magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de Salas de Apelaciones, que deberá realizarse mediante comisiones de postulación, para integrar nóminas de entre las cuales la actual octava legislatura deberá elegir a las nuevas autoridades del Organismo Judicial.

La estabilidad es aún un anhelo lejano y la política de tolerancia cero a las migraciones en Estados Unidos, fue solo la primera demostración de lo que puede venir; se acabó la revolución de colores, otra vez se cierne sobre el hemisferio la sombra del garrote en la drasticidad de las acciones de la política internacional.

Fuente: Revista Análisis de la Realidad Nacional [http://ipn.usac.edu.gt/wp-content/uploads/2018/07/IPN-RD-145.pdf]

 

 

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