Irmalicia Velásquez Nimatuj
Guatemala se incendió, pero no porque las puertas del infierno terrenal o celestial se abrieran para devorarnos, sino por las fechorías que Alejandro Giammattei y la peor fiscal que la historia registra, Consuelo Porras, han realizado, beneficiando a sectores dominantes y al crimen organizado. Y como una forma de mitigar, algunos dirigentes han salido para intentar detener la ira de la población que desde noviembre de 2020 exige la renuncia de Giammattei por corrupción e incapacidad técnica.
Para defenderles se han pronunciado desde el más alto pódium de la iglesia católica de Guatemala, con cruz en mano y sotana de fiesta, el Arzobispo Metropolitano y Presidente de la Conferencia Episcopal de Guatemala (CEG), el jesuita Gonzalo de Villa y Vásquez, acompañado del sacerdote Antonio Calderón Cruz, Obispo de la Diócesis de Jutiapa y secretario de la CEG, firmando un comunicado en nombre de los obispos, que es un menesteroso boletín de Relaciones Públicas a favor de estos funcionarios mientras callan ante la destrucción de la FECI y otras instancias contra la corrupción que le quedaban a Guatemala .
El documento de marras está escrito de manera subliminal y culpa a la ciudadanía del fracaso del gobierno para enfrentar la Covid-19. Además, cuestiona las acciones de la población de paralizar el país porque “afecta y daña a la mayoría de la población y puede ser ocasión de actos violentos.” Señalan la paja en el ojo ajeno y no la viga que pesa sobre Giammattei ante la violencia de noviembre de 2020 cuando arremetió contra mujeres, encarceló familias y golpeó a periodistas. ¿Dónde estaba la CEG frente a esta violencia estatal?
En la CEG la conciencia nace de “la responsabilidad pastoral y ciudadana”, pero para la población nace de vivir con los de a pie, con los trabajadores o desempleados del campo y la ciudad que subsisten, que mueren porque los hospitales no los reciben o que se marchan porque Guatemala colapsó.
Para la CEG la solución es el “diálogo franco y abierto” que Giammattei propuso al tomar posesión, haciendo de lado la voz de los pueblos indígenas conscientes que rechazan los diálogos porque los han inmovilizado y endeudado con falsas promesas. Finalmente, plantean que la renuncia de Giammattei “significaría un grave retroceso en nuestro proceso democrático” ¿A qué proceso democrático se refieren? ¿Al de las elites y el crimen organizado? porque la población vive en tiranía cargando la pesada cruz de su historia.
Por suerte la CEG no representa a toda la iglesia católica, existen sectores alejados de las mieles del poder, que acompañan las luchas por justicia social y quienes deben pronunciarse ante el alineamiento de la jerarquía católica con la oligarquía y el pacto de corruptos.
Fuente: [elperiodico.com.gt]
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