Irmalicia Velásquez Nimatuj
Guatemala se incendió, pero no porque las puertas del infierno terrenal o celestial se abrieran para devorarnos, sino por las fechorías que Alejandro Giammattei y la peor fiscal que la historia registra, Consuelo Porras, han realizado, beneficiando a sectores dominantes y al crimen organizado. Y como una forma de mitigar, algunos dirigentes han salido para intentar detener la ira de la población que desde noviembre de 2020 exige la renuncia de Giammattei por corrupción e incapacidad técnica.
Para defenderles se han pronunciado desde el más alto pódium de la iglesia católica de Guatemala, con cruz en mano y sotana de fiesta, el Arzobispo Metropolitano y Presidente de la Conferencia Episcopal de Guatemala (CEG), el jesuita Gonzalo de Villa y Vásquez, acompañado del sacerdote Antonio Calderón Cruz, Obispo de la Diócesis de Jutiapa y secretario de la CEG, firmando un comunicado en nombre de los obispos, que es un menesteroso boletín de Relaciones Públicas a favor de estos funcionarios mientras callan ante la destrucción de la FECI y otras instancias contra la corrupción que le quedaban a Guatemala .
El documento de marras está escrito de manera subliminal y culpa a la ciudadanía del fracaso del gobierno para enfrentar la Covid-19. Además, cuestiona las acciones de la población de paralizar el país porque “afecta y daña a la mayoría de la población y puede ser ocasión de actos violentos.” Señalan la paja en el ojo ajeno y no la viga que pesa sobre Giammattei ante la violencia de noviembre de 2020 cuando arremetió contra mujeres, encarceló familias y golpeó a periodistas. ¿Dónde estaba la CEG frente a esta violencia estatal?
En la CEG la conciencia nace de “la responsabilidad pastoral y ciudadana”, pero para la población nace de vivir con los de a pie, con los trabajadores o desempleados del campo y la ciudad que subsisten, que mueren porque los hospitales no los reciben o que se marchan porque Guatemala colapsó.
Para la CEG la solución es el “diálogo franco y abierto” que Giammattei propuso al tomar posesión, haciendo de lado la voz de los pueblos indígenas conscientes que rechazan los diálogos porque los han inmovilizado y endeudado con falsas promesas. Finalmente, plantean que la renuncia de Giammattei “significaría un grave retroceso en nuestro proceso democrático” ¿A qué proceso democrático se refieren? ¿Al de las elites y el crimen organizado? porque la población vive en tiranía cargando la pesada cruz de su historia.
Por suerte la CEG no representa a toda la iglesia católica, existen sectores alejados de las mieles del poder, que acompañan las luchas por justicia social y quienes deben pronunciarse ante el alineamiento de la jerarquía católica con la oligarquía y el pacto de corruptos.
Fuente: [elperiodico.com.gt]
Narrativa y Ensayo publica este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.
Profesora visitante Departamento de Antropología en la Universidad de Oregon.
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