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Irmalicia Velásquez Nimatuj

El pasado 23 de febrero fue detenida la Jefa de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) de Quetzaltenango, Lilian Virginia Laparra Rivas acusada de tres delitos: falso testimonio en contra del Juez de Primera Instancia Penal de Mayor Riesgo de Quetzaltenango, abuso de autoridad y usurpación de funciones. Y el día de ayer fue trasladada de madrugada a la Torre de Tribunales de la capital para informarle el motivo de su captura.  La detención de Laparra Rivas ocurrió luego de la renuncia del auxiliar fiscal de la FECI, Darwin Zepeda, responsable del caso La Línea. Así como la renuncia de las auxiliares fiscales Masell Pérez y Gilma Guerra, Antonio Videz Navas, Kevin Montes, Lorenzo Bolaños, Rudy Herrera, entre otros y otras fiscales que han dejado sus cargos y han dejado Guatemala.

Y mientras continúa la destrucción de la FECI por el MP, en contubernio con el sistema de justicia, el ejecutivo y el crimen organizado, la actual fiscal Consuelo Porras avanza sin tropiezos su recorrido buscando ser reelecta para un nuevo período al frente del MP.  Esta misma semana se conoció que su expediente fue aceptado por la Comisión de Postulación, la cual elegirá a seis candidatos que enviará a Alejandro Giammattei para que elija al próximo fiscal general.

Estas dos imágenes ocurridas la misma semana: la continuación del socavamiento de la FECI que está golpeando principalmente a funcionarias y el avance de Consuelo Porras, hacia un segundo periodo en el MP, a pesar de haber sido incluida, después de un largo proceso de investigación internacional, en la Lista Engel de Actores Corruptos y Antidemocráticos que corresponde a la sección 353 de la Ley de Compromisos mejorando el Triangulo Norte de los Estados Unidos y que incluye la cancelación de su visa, se están desarrollado en el mayor ambiente de impunidad que Guatemala vive, solo comparado con la época más álgida de la represión ejercida por los gobiernos militares en el marco del conflicto armado.  De nada han servido las investigaciones internacionales en contra de Porras que demostraron que sus acciones desde el MP se han enfocado en obstruir las pesquisas anticorrupción, servir a los sectores tradicionales, crimen organizado y destituir a Francisco Sandoval como jefe de la FECl.

Un punto para analizar es que las acciones represivas en contra de fiscales, abogadas y funcionarias del sistema de justicia han sido respaldadas por Porras.  Una mujer en posición de poder que usa todos los recursos legítimos e ilegítimos a su alcance para destruir a otras mujeres que en el fondo han logrado y han dejado un respetable legado al sistema nacional y a la justicia universal que, Porras con sus 35 años de ejercicio profesional y sus tesis pirateadas, no podrá superar a una sola de ellas.

Estas dos imágenes ocurridas la misma semana: la continuación del socavamiento de la FECI que está golpeando principalmente a funcionarias y el avance de Consuelo Porras, hacia un segundo periodo en el MP, a pesar de haber sido incluida, después de un largo proceso de investigación internacional, en la Lista Engel de Actores Corruptos y Antidemocráticos que corresponde a la sección 353 de la Ley de Compromisos mejorando el Triangulo Norte de los Estados Unidos y que incluye la cancelación de su visa, se están desarrollado en el mayor ambiente de impunidad que Guatemala vive, solo comparado con la época más álgida de la represión ejercida por los gobiernos militares en el marco del conflicto armado.

Narrativa y Ensayo publica este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

Irma Alicia Velásquez Nimatuj
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