Irmalicia Velásquez Nimatuj
La Corte de Constitucionalidad (CC) es la Corte de la Impunidad, así lo evidencia un documento publicado por organizaciones internacionales y nacionales en donde indican que según resolución del 24 de noviembre la CC denegó la posibilidad de avanzar en el antejuicio en contra del expresidente Jimmy Morales (2016-2020) por su responsabilidad en la muerte de 41 niñas que fueron quemadas vivas, el 8 de marzo de 2017, en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción.
Los magistrados de la CC son los mismos que fueron electos por el “Pacto de Corruptos, por lo tanto, están sirviendo a sus amos, siendo ellos Roberto Molina Barreto, Francisco de Mata Vela, Nester Vásquez y las señoras Dina Ochoa y Leyla Lemus.
Estos servidores de la impunidad emitieron una resolución sin haber realizado una Vista Pública para conocer los argumentos de las partes de acuerdo con la ley. Además, desestimaron más de 25 indicios que la organización Mujeres Transformando el Mundo presentó como pruebas para respaldar la solicitud de antejuicio.
Con esta resolución, según las organizaciones defensoras de Derechos Humanos y del derecho a la protección hacia la niñez y las mujeres, la CC “niega el acceso a la justicia a las victimas, al obstaculizar la posibilidad de investigar la responsabilidad del superior jerárquico, el exgobernante Jimmy Morales, en las decisiones tomadas en torno al incendio que provocó la muerte de 41 niñas que permanecían bajo el resguardo del Estado.”
El documento enfatiza que ante esta resolución de la CC “se evidencia el incumplimiento de la obligación internacional del Estado guatemalteco de investigar con prontitud, exhaustividad e imparcialidad el homicidio y tortura de niños, niñas y adolescentes institucionalizados en el Hogar Virgen de la Asunción, así como de garantizar que los presuntos autores, incluidos los superiores jerárquicos que supieran o debieran haber sabido que se estaban cometiendo estos actos, sean enjuiciados, y de ser declarados culpables, sancionados de conformidad con la gravedad de sus actos.”
La quema de las 41 niñas vivas es uno de los actos más cobardes que pesan sobre el gobierno de Jimmy Morales, su asesor Abel Beltetón y una serie de funcionarios que tuvieron en sus manos la vida de estas jóvenes y por sus decisiones, ellas terminaron siendo aniquiladas dadas sus condiciones sociales, en una masacre que el mundo no olvidará ni perdonará. Este deleznable acto es en el fondo un crimen de Estado, por lo tanto, al cerrar la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Constitucionalidad toda posibilidad de alcanzar justicia dentro de Guatemala, ahora las sobrevivientes y los familiares de las masacradas iniciaran el camino por buscar justicia a nivel internacional, proceso que demostrará, una vez más, porqué Guatemala es uno de los países en donde la justicia está del lado de los criminales.
Los magistrados de la CC son los mismos que fueron electos por el “Pacto de Corruptos, por lo tanto, están sirviendo a sus amos, siendo ellos Roberto Molina Barreto, Francisco de Mata Vela, Nester Vásquez y las señoras Dina Ochoa y Leyla Lemus.
Fuente: [elperiodico.com.gt]
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Profesora visitante Departamento de Antropología en la Universidad de Oregon.
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