Genocidio al día

Jaime Barrios Carrillo

El negacionismo es, en sentido estricto, el estadio supremo del genocidio.
Bernard-Henri Lévy

Como sensacionales han sido consideradas las declaraciones del presidente Joe Biden, confirmando el genocidio contra el pueblo armenio por los ejércitos turcos durante la Primera Guerra Mundial. Biden señaló que fue el primer genocidio del siglo pasado. Sus afirmaciones levantaron de inmediato ronchas en el gobierno autoritario de Ergodán. El mandatario turco aseguró que no había pruebas ni ningún basamento jurídico parta afirmar que hubo genocidio en Turquía contra los armenios. Erdogán y todo los gobiernos turcos desde 1915 ha sido negacionistas. Nunca hubo genocidio. “Turquía no es genocida” ha sido el slogan.

El filósofo francés Bernard-Henri Lévy, que se ha caracterizado por cuestionar a los negacionistas, se refirió hace un tiempo al genocidio turco y el negacionismo del Estado turco sobre el mismo. Señaló que los negacionistas no eran “un puñado de colgados”, sino personas que se apoyaban en los recursos, la diplomacia y la capacidad para el chantaje y las represalias de un Estado poderoso. Lévy escribió entonces un artículo en donde recalcaba la doble moral del negacionismo y su esencia inhumana, afirmaba en su texto: “Imaginen cuál habría sido la situación de los supervivientes del Holocausto si, después de la guerra, el Estado alemán hubiera sido negacionista. Imaginen su desamparo y su cólera si hubiesen tenido que enfrentarse no a una secta de bobos, sino a una Alemania que, en vez de mostrar su arrepentimiento, hubiera presionado a sus socios, amenazándolos con su ira en el caso de que calificasen de genocidio el exterminio de los judíos en Auschwitz.”

Las declaraciones de Biden han venido a recordarle al mundo que el delito de genocidio no prescribe. Han pasado más de cien años desde las atrocidades cometidas contra la población civil de Armenia que intentaba huir de Turquía y que resultó en masacres bestiales de hombres, mujeres y niños desarmados. Y es en este punto de la no prescripción del genocidio donde reside la problemática con los negacionistas: se oponen a la justicia y se convierten de hecho en protectores de una impunidad inaceptable. Esto vale en gran medida para países como Guatemala donde el negacionismo del genocidio continua campante.

El negacionismo y la ultraderecha intentan, acudiendo a argumentos vacíamente semánticos y alejados de la realidad histórica y jurídica, confundir con el argumento de que no hubo genocidio porque no hubo intencionalidad. Pero es falso, las pruebas, testigos y análisis del Plan Victoria 82 y del Plan Sofía demuestran lo contrario, es decir, el objetivo de los mismos era el “exterminar a los elementos subversivos en el área”.

No puede haber ni olvido ni impunidad de tan horrendos crímenes genocidas. El delito fue cometido. El resultado de los planes militares fue que 1,771 campesinos ixiles fueran asesinados. No eran combatientes ni guerrilleros, sino población civil. Esto es un hecho perturbador, macabro e imperdonable. El genocidio contempla, además de la intencionalidad, otro elemento central y definitivo: los hechos, las consecuencias, lo que sucedió. El general Efraín Ríos Montt fue condenado a 70 años de cárcel después de un largo debate donde se presentaron pruebas concluyentes, peritajes y testimonios. Pero la Corte de Constitucionalidad anuló la sentencia e hizo repetir el juicio.

La abogada española Sofía Duyos en su libro “Los papeles secretos del genocidio en Guatemala” hace una radiografía del genocidio del pueblo maya ixil durante el gobierno de Ríos Montt. Se trata de un análisis jurídico del Plan de Operaciones Sofía que Ríos Montt planificó al detalle y condujo a una destrucción “científica”, pormenorizada y sistemática del pueblo maya ixil. El Plan Sofía es la operación del “remate final” del genocidio que comenzó con el general Lucas, señala Duyos.

De que el Plan Sofía del Ejército llevó al genocidio fue confirmado en 2018 por un tribunal competente. Los tres jueces, Sara Yoc, María Eugenia Castellanos y Jaime González señalaron por unanimidad que las masacres del pueblo ixil están enmarcadas dentro un plan de exterminio sistemático realizado por el Ejército y detallaron las barbaries ocurridas en los ochenta en Quiché. Esto convalida la sentencia de 2013. Dos veces han dictaminado los tribunales que sí hubo genocidio.

Preocupa la toma de cortes por parte de fuerzas ocultas que tienen influencia directa en el Estado. El llamado Pacto de Corruptos que ha cooptado incluso a la Corte de Constitucionalidad. Recordemos que el actual magistrado Molina Barreto fue parte de la Corte de Constitucionalidad que anuló la sentencia contra Ríos Montt por genocidio. El mismo que intentó competir por la vicepresidencia con la hija del genocida como candidata a presidente. La hija del genocida es actualmente el proyecto electoral del Pacto de Corruptos para conservar el poder. Molina Barreto está vinculado a militares como Pérez Molina, a quien blindó cuando fue magistrado de la CC, y Ríos Montt, a quien absolvió de genocidio. Cercano a “kaibiles honorarios” como Jimmy Morales y defensor del operador de elecciones Gustavo Herrera. Nos sirve la metáfora del antropólogo norteamericano Richard Adams: Guatemala crucificada por el poder de licenciados y militares.

Nuestra historia está marcada por intrigas de empresarios que pactan con la clase política aliada a las mafias y sus alfiles o caballos militares, como quiera verse el ajedrez. De Pérez Molina a Galdámez. Sin olvidar jurisconsultos con muchos diplomas pero sin ninguna ética.

En Guatemala se emplearon por primera vez en América Latina métodos contrainsurgentes de gran brutalidad contra la población civil. Se cometieron, con toda impunidad y cobertura del Estado, multitudinarios crímenes y violaciones de los derechos humanos que están documentados.

La relación de represión y corrupción, como dos caras de la misma moneda, ha sido constante en la historia contemporánea de Guatemala. Los gobiernos militares fueron verdaderas máquinas de corrupción que encontraron en el combate a la subversión la excusa perfecta para hacerse de millones de dólares del erario público. Asustaban con el fantasma del comunismo y sobredimensionaban al “enemigo guerrillero” para obtener crecientes recursos.

Las 535 osamentas encontradas en la antigua Base Militar de Cobán constituyen un testimonio horripilante de salvajismo y crueldad. Este hallazgo conocido como Creompaz implica a una docena de ex jefes militares del gobierno del general Efraín Ríos Montt, acusados de crímenes de lesa humanidad por haber “desaparecido” a personas secuestradas en otros lugares, de las cuales han sido ya algunas identificadas. Se contabilizan casi 100 niños. Por este crimen de lesa humanidad están siendo juzgados ex altos jefes militares y el prófugo ex coronel Edgar Ovalle fundador de partido FNC que llevó a Jimmy Morales a la presidencia.

La justicia transicional está dando pasos positivos en Guatemala y los huesos siguen apareciendo. Cementerios clandestinos que demuestran la barbarie de los métodos usados por el Ejército durante los años del conflicto armado: miles de ciudadanos ejecutados y enterrados en fosas comunes. Los huesos dejan pistas de las barbaridades cometidas. Nunca esperaron los victimarios que algún día serían encontrados, examinados y sometidos a pruebas científicas. Respetando estrictamente la cadena de custodia y por medio de pruebas de ADN han sido identificadas cientos de víctimas y entregadas a sus familiares para darles una sepultura digna.

El Premio Nobel guatemalteco Miguel Ángel Asturias presentaba la figura dramática y simbólica de los ojos abiertos de los enterrados, aquellas víctimas de la represión que esperan la hora de la justicia para descansar en paz.

Las 535 osamentas encontradas en la antigua Base Militar de Cobán constituyen un testimonio horripilante de salvajismo y crueldad. Este hallazgo conocido como Creompaz implica a una docena de ex jefes militares del gobierno del general Efraín Ríos Montt, acusados de crímenes de lesa humanidad

Fuente: [elperiodico.com.gt]

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