Jaime Barrios Carrillo
La Conquista de Guatemala tuvo un carácter muy violento. La población indígena fue diezmada por las acciones militares y también por epidemias de enfermedades para las cuales los originarios habitantes de Guatemala no tenían anticuerpos.
Pero la Conquista no fue solo militar. La Evangelización tuvo un papel efectivo. Las órdenes, dominicos y franciscanos, reorganizaron a poblaciones que se habían diseminado por los embates de las armas españolas. Se había producido una enorme ola de refugiados internos, la primera en la historia de Guatemala. Los monjes contribuyeron reconcentrar a la población en los llamados Pueblos de Indios, bajo el mando de un encomendero español para el que trabajaban “a cambio de protección”. Una especie de feudalismo.
El historiador Mauricio José Chaulón puntualiza que, a partir de 1609, durante el reinado de Felipe III el Piadoso, se otorga la nomenclatura de Reino a la Capitanía General de Guatemala, porque el título de Capitán General, que es un mando militar, también ejercía de representante del Rey como gobernador civil y Presidente de la Real Audiencia y Canciller Real. Sin embargo, debe anotarse que el término tiene un carácter simbólico para recalcar que un Reino en América tiene un nivel político y administrativo menor al de un Virreinato, pero es una extensión del Reino español. Chaulón afirma que la clase criolla explotó mucho el término de Reino dándole un significado de opulencia. La denominación político-administrativa legal es en realidad de Capitanía General de Guatemala. La élite criolla utilizó el término Reino en un sentido de prestigio y que se podía asociar con autonomía, como todo reino de verdad. Pero era una ficción.
El Reino de Guatemala abarcaba Chiapas, Tabasco y todos los países centroamericanos hasta el límite con Panamá que era parte de Virreinato de la Nueva Granada. En 1821 se independizó, convirtiéndose en las efímeras Provincias Unidas de Centro América, Chiapas se anexó después de La Independencia al México de Iturbide. Surgió en 1824 la República Federal de Centroamérica que se fue desmembrando y fue disuelta en 1840. Por último, la provincia de Tabasco se integró a México.
La República nació de un pacto entre élites de carácter excluyente de las masas campesinas indígenas: el famoso Plan Pacífico, que contemplaba la anexión al Imperio mexicano. O sea, una vocación entreguista que se repitió después con otros imperios: con los ingleses y alemanes en el siglo XIX y con Estados Unidos en el siglo pasado.
El siglo XIX fue de intentos de consolidación del Estado nacional en Guatemala, bajo el liderazgo político de dos grandes caudillos, primero Rafael Carrera por los conservadores y después Justo Rufino Barrios por los liberales.
Los proyectos de las élites, representadas por el partido conservador o su oponente el liberal, nunca se preocuparon de consolidar un sistema democrático. Las dos tendencias, coincidentes, construyeron un Estado a su servicio, no el desarrollo de lo que suele denominarse Estado-nación. En Guatemala no ha privado históricamente el bien común. El Estado fue desde sus inicios una nación incompleta debido a su carácter de exclusión de las mayorías indígenas.
Las dictaduras se sucedieron unas a otras hasta 1944 cuando la Revolución de Octubre inicia un periodo democrático con elecciones libres y con el fondo de las reformas necesarias para que el país ingresara a la modernidad. En el 44 los partidos tradicionales desaparecieron y nuevas constelaciones surgieron con un predominio de las organizaciones que estaban por los cambios. Este fue el proyecto que se derrumbó en 1954 con la intervención de la CIA americana, en contubernio con las élites conservadores, el ejército que no defendió la soberanía y la presión abierta de la jerarquía católica encabezada por el arzobispo Mariano Rosell y Arellano. Miraban comunistas hasta debajo de las alfombras, incluso la de Semana Santa.
En el 54 se liquidó la naciente democracia y se instauró un régimen sustentado en el poder militar, restaurándose la sociedad racista excluyente y productora de pobreza que aún impera. Durante décadas, desde el 54 cuando se produce el golpe contra el presidente Árbenz, la República de Guatemala estuvo sujeta a estructuras de letal represión militar y de las temidas policías del Estado, encubiertas con fachadas de organizaciones fantasmas como La Mano Blanca y El Buitre Justiciero que usaron las listas negras de opositores, resucitadas simbólicamente por el presidente Giammattei con su amenazante Lista del Zopilote.
La intervención de Estados Unidos en 1954 no solo derrocó al gobierno, sino destruyó los cambios que se estaban efectuando para que el país saliera de las estructuras neocoloniales feudalistas. Comenzó una corrupción estructural que se ha ahondado en el tiempo hasta nuestros días y que mantiene al país en la pobreza, la migración forzada, la violencia y las carencias sociales.
A inicios de los sesenta se inicia el largo conflicto armado interno, como vía extrema del cambio social, de consecuencias trágicas de miles de muertos y desaparecidos. Asimismo, destrucción del tejido social y deterioro de las instituciones. En los años ochenta se dio una gran ola de refugiados internos y externos y muchos campesinos indígenas se refugiaron en Estados Unidos, comenzando una creciente migración que no se ha detenido. Fueron años de masacres y el genocidio de Ríos Montt y compañía. Como paradoja y grave señal de retroceso, ahora la hija del genocida es candidata presidencial.
En 1996 se logra el fin del conflicto armado mediante los acuerdos de paz que resaltaban la prioridad de superar las causas sociales y económicas que dieron origen al conflicto. Estos acuerdos han sido de manera paulatina abandonados, alejando al país de la reconstitución social y la reconciliación. De nuevo se aleja Guatemala de la modernidad capitalista y de la democracia.
Las alianzas de las élites económicas con militares y políticos corruptos han acabado con los Acuerdos y con el esfuerzo de reformar el Estado cooptado por la corrupción que lo han convertido en casi fallido ineficiente y mero instrumento para el enriquecimiento ilícito. Este proceso de cooptación se profundizó en 2017 cuando fue expulsada la CICIG y su comisionado Iván Velásquez, hoy ministro de Defensa de Colombia, por las élites devoradoras en confabulación con jefes militares y en concordancia con las mafias. Desde entonces impera el pacto de corrupción, conectado al poder oculto del narcotráfico y el crimen internacional organizado.
Los significativos avances de la justicia y la reforma del Estado fueron detenidos por la intervención abusiva e irreflexiva del gobierno de Donald Trump en 2018, que decidió apoyar al pacto de corrupción. Se cooptaron las Cortes y el Ministerio Público. Se ha retrocedido décadas, acabándose con la posibilidad de reformar al Estado corrupto. Se persigue a los jueces y fiscales independientes que no se pliegan al pacto de corrupción en el poder.
La persecución a la prensa independiente y a los periodistas que se atreven a fiscalizar a los corruptos y a develar sus actos ilícitos, es una forma de dictadura que utiliza al Ministerio Público y a los jueces corruptos para acusar y encarcelar periodistas. El llamado lawfare. Es el caso lamentable, rechazado con indignación nacional e internacionalmente, del presidente de elPeriódico, Jose Rubén Zamora.
Personalidades como el Premio Nobel Mario Vargas Llosa y el Premio Cervantes Sergio Ramírez, así como las organizaciones internacionales de prensa, han condenado este atropello revestido de legalidad.
¿Qué ha hecho la actual legislatura? Nada por el desarrollo y el bienestar de la población, en cambio se han dedicado a enriquecerse con el erario, en consonancia con un inepto ejecutivo. Han legislado para reprimir la protesta social, acallar a la prensa independiente y suprimir a las organizaciones no gubernamentales incómodas. Solo el pueblo salva al pueblo.
Fuente: [elperiodico.com.gt]
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