Irmalicia Velásquez Nimatuj
El pasado jueves, 1 de julio, el gobierno de los Estados Unidos, a través del Departamento de Estado, basándose en la Ley de Mayor Involucramiento entre EE.UU y el Triángulo Norte presentó un informe al Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes sobre las y los actores corruptos y antidemocráticos que viven y operan con total impunidad en Guatemala, Honduras y El Salvador.
Puntualmente el informe incluye una lista de personalidades originarias de la región que han socavado procesos o instituciones democráticas al dirigir o participar en actos de corrupción, al obstruir investigaciones jurídicas sobre corrupción en la otorgación de contratos gubernamentales, en promover sobornos o ejecutar extorsiones. Quienes, además, han trabajado en la facilitación o transferencia de ganancias que han obtenido de procesos corruptos. Incluye, también, a quienes han participado en el lavado de activos, así como en actos violentos o de intimidación a investigadores que se han dedicado a documentar y procesar estos hechos ilícitos.
Por un lado, la Lista Engel, que incluye a 20 guatemaltecos, 14 salvadoreños y 21 hondureños, viene a hacer público los nombres de hombres y mujeres que se ha sabido por diversas investigaciones que han cometido una larga lista de ilícitos desde los espacios de poder que han ocupado o que ocupan, ya sea por asignación gubernamental o por se miembros de elites políticas, económicas, militares o del crimen organizado. Por el otro lado, estas listas se quedan cortas ante la cantidad de corruptos que siguen operando y ocupando cargos públicos impunemente.
En el caso de Guatemala, algunos nombres que hacen falta incluyen a varios expresidentes del país, funcionarios de alto y mediano rango que trabajan o han trabajado para el ejecutivo, legislativo y judicial. De igual manera a miembros de la oligarquía guatemalteca, quienes han copado el Estado y drenado el presupuesto general de la nación, canalizándolo hacia sus empresas, robándose los fondos y ejecutando obras de pésima calidad. Así mismo, una larga lista de miembros del ejército que siguen impidiendo que la justicia en Guatemala avance. En resumen, todos estos actores desde lo nacional hasta lo local han trabajo para dos propósitos: uno, enriquecerse de manera rápida a través de los impuestos y dos, garantizarse impunidad, para ellos, como para sus descendientes.
Es trágico que la lista incluya a magistrados y jueces de las más altas cortes, a diputados e incluso funcionarios de alto rango. Esto evidencia las fallas de las moribundas democracias centroamericanas. Por eso, las listas deben convertirse en herramientas para iniciar cambios estructurales, no solo en nuestros países, sino también en la forma en que EE.UU maneje sus relaciones diplomáticas, económicas y políticas, dejando de cobijar a los sectores que son los responsables de la inestabilidad regional.
Fuente: [elperiodico.com.gt]
Narrativa y Ensayo publica este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.
Profesora visitante Departamento de Antropología en la Universidad de Oregon.
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