Irma A. Velásquez Nimatuj
La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha demandado que el Estado de Guatemala proteja la vida de la jueza Aifán. Y el Estado debe responder y cumplir.
Es una vergüenza para Guatemala que, la jueza Erika Aifán, quien está al frente del Juzgado de Mayor Riesgo “D”, deba usar la prensa para denunciar la inacción de la Corte Suprema de Justicia, CSJ, para que responda y pueda en alguna medida cumplir con su mandato como lo establece la Constitución Política y la Ley del Organismo Judicial, como órgano superior de la administración, por lo que le compete garantizar las condiciones mínimas para que la jueza tenga al equipo humano y técnico idóneo que la apoye en su trabajo. Y no al revés, que ella esté cuidándose de los notificadores, auxiliares judiciales, secretarias y del resto de personal que tiene a su cargo, porque se han convertido en mujeres y hombres infiltrados al servicio de redes criminales que buscan por todos los medios ilegales, que la justicia se aplique de acuerdo con sus intereses.
En una nota publicada por La Hora, el pasado 4 de marzo, Aifán denunció “que no puede trabajar bajo las condiciones actuales.” Y no es para menos, el anterior notificador Pedro Luis Hernández Debroy se encargaba de filtrar las resoluciones que emitía, antes de que fueran notificadas. Y la persona que lo sustituyó, Paula Friné Villar Cifuentes, resultó peor, a la fecha tiene cuatro sanciones y acumuló más de cien memoriales.
La jueza tiene razón, está trabajando en condiciones adversas. Este caso muestra cómo se han infiltrado las mafias en ese Juzgado, por eso, el personal la graba, copian información y la envían a interesados, intentan sustraer documentos, otros los alteran o no trabajan. Lo que hay detrás, por un lado, es buscar obstruir la impartición de justicia, y por el otro, es lentamente socavar física, moral, emocional y materialmente a la jueza Aifán. Ella y los jueces que realmente imparten justicia –que son muy pocos– están siendo arrinconados por las redes que han regresado y están dirigiendo la CSJ, por eso, están al servicio de sujetos como Felipe Alejos y compañía.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha demandado que el Estado de Guatemala proteja la vida de la jueza Aifán. Y el Estado debe responder y cumplir.
Fuente: [https://elperiodico.com.gt/]
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Profesora visitante Departamento de Antropología en la Universidad de Oregon.
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