Injusticia y desorden en Petén
Danilo Santos
Hace algunos días cientos de familias fueron desalojadas de Laguna Larga en el departamento de Petén, hoy se encuentran en la línea fronteriza con México en albergues improvisados y sobreviviendo con la ayuda humanitaria que se les brinda en mayor medida desde el vecino país.
Si nos ceñimos a la expresión “dura lex sed lex” pues se puede entender la acción del desalojo de las familias campesinas, sin embargo, estamos hablando de comunidades que no llegaron ayer a ocupar las tierras donde se habían asentado. Si la resolución judicial de desalojo era una cuestión que se sabía iba a suceder, el Gobierno debió prever planes de contingencia. No sé si alguien le ha informado al Gobierno de Guatemala, pero existe un marco de garantías del debido proceso establecido en los estándares internacionales de derechos humanos, donde no se puede simplemente echar a su suerte a mujeres, niños, ancianos y en suma, guatemaltecos que conforman familias que la Constitución Política de la República manda a proteger.
La dura realidad de hoy es que cientos de personas viven desde hace dos semanas en carpas improvisadas sin ninguna certeza de nada. No tienen trabajo, no tienen a dónde ir y tampoco tienen una respuesta concreta sobre su presente, no digamos sobre su futuro.
Se ha instaurado una mesa de diálogo, lo cual se aplaude, pero no se ve que se conforme una mesa de asistencia humanitaria y acompañamiento gubernamental hasta que se resuelva la situación de las familias. Más preocupante aún, es que existe el temor de muchas otras comunidades de sufrir el mismo destino que las familias de Laguna Larga. Nuevamente, el Gobierno, si diligentemente acató las resoluciones judiciales (las cuales han sido procuradas por una de sus instituciones), debería también diligentemente estar preparado para lo que dichos desalojos significarán para otros cientos de guatemaltecos.
El abandono del Estado y la aplicación antojadiza de políticas que favorecen a finqueros y empresas, pero castigan a campesinos; son la verdadera causa del desorden y las injusticias en el departamento de Petén.
Las “agarradas” como les llaman los peteneros, fueron la ley desde los tiempos que relata Virgilio Rodríguez Macal en sus novelas, luego vino el abuso del poder de los que se apropiaban de extensas porciones de tierra amparados en sus uniformes y fusiles. En 1969 apenas el 1% del área total estaba registrado a favor de fincas privadas alrededor del lago Petén Itzá, el resto del departamento era baldío sin registrar. En esos años, el propio Estado promovió la colonización del departamento a través del FYDEP y esta institución distribuyó tierras inequitativamente hasta 1986, los efectos se ven ahora. Años más tarde la violencia desplazó a cientos de familias hacia esas tierras, y por último, seguramente el narcotráfico atrapó a otras cuantas.
Petén es un vasto territorio sin certeza jurídica y con una doble moral entre el conservacionismo y los monocultivos. En la época del Conflicto Armado Interno, miles de familias huyeron de Guatemala y su Estado represor; huían de la violencia armada, ahora uno de los desalojados en Petén dice “huimos de la violencia económica”.
Fuente: [http://lahora.gt/injusticia-desorden-peten/]
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