El rechazo del estado de calamidad de las carreteras
Todos estamos de acuerdo en que las carreteras deben repararse. Pero, por favor, no caigamos de nuevo en manipular la necesidad para abrirle la puerta a la corrupción.
Ricardo Barrientos
Las carreteras en mal estado ponen en riesgo vidas y provocan pérdidas económicas cuantiosas. Y mientras más tiempo pase, la reparación se torna aún más costosa. Así que la discusión no es si el Gobierno debe repararlas o no, sino exigir que se haga tanto con celeridad como con transparencia y honestidad.
Manipular las necesidades más ingentes y urgentes de la ciudadanía como pretexto para eludir controles y permitirles a los corruptos robar a manos llenas es una práctica añeja y bien conocida. ¿Cuántos millardos de quetzales del erario público no se perdieron en la corrupción que campeó durante las emergencias enfrentadas durante los huracanes Mitch en 1998, Stan en 2005 o Agatha en 2010? ¿Y en los terremotos de 1976 o de San Marcos en 2014?
Los abusos han sido enormes y sistemáticos, al punto de que los corruptos celebraban con alegría y júbilo cuando nos golpeaba un fenómeno natural que justificara un estado de excepción. Hoy el caso Corrupción y Construcción nos muestra cómo funcionarios de gobierno y contratistas privados se han enriquecido ilícitamente haciendo girar de forma vertiginosa círculos viciosos de financiamiento electoral ilícito, cohecho activo y pasivo (sobornos pagados y recibidos), lavado de activos, obstaculización de la justicia y otros delitos asociados a la corrupción.
La orgía de corrupción y saqueo fue tan intensa que en la Ley de Contrataciones del Estado se llegó a incluir la potestad del Ejecutivo de realizar adquisiciones públicas sin control, con la sola emisión de un acuerdo gubernativo en consejo de ministros. De esta forma se eludían las disposiciones de la Ley de Orden Público, que regulan las acciones del Estado en casos de invasión del territorio nacional, de perturbación grave de la paz, de calamidad pública o de actividades contra la seguridad del Estado. En particular, el Ejecutivo podía comprar sin controles y sin la molestia de la aprobación del Congreso, una violación grave al sistema de pesos y contrapesos entre poderes del Estado que debe privar en toda democracia funcional (por mucho que nos desagrade el Congreso).
Las reformas a la Ley de Contrataciones del Estado aprobadas con el decreto 9-2015 suprimieron la posibilidad de que el Ejecutivo pudiese comprar por excepción mediante acuerdo gubernativo en consejo de ministros. Es decir, esta reforma obligó a cumplir la Ley de Orden Público y somete al Ejecutivo al control del Congreso, de modo que se restablece el equilibrio de poderes. Es en el marco de estas normas en el cual el Ejecutivo solicitó la semana pasada al Congreso ratificar el decreto gubernativo 5-2017, en el que decretaba estado de calamidad en las carreteras centroamericanas que pasan por Guatemala y el cual, por su parte, el Congreso decidió desaprobar.
Para analizar y entender esto debe reconocerse que este pulso entre el Ejecutivo y el Legislativo es totalmente legítimo y necesario en una democracia funcional. Porque ¿el estado actual de las carreteras se debe, como dijo el Ejecutivo, a que la inminente suspensión de algunos contratos en el marco del caso Corrupción y Construcción constituye una calamidad? ¿O se debe a que el gobierno actual, durante estos 18 meses, ha sido incapaz de resolver la crisis usando los mecanismos usuales de la Ley de Contrataciones? ¿No será que el problema es que los funcionarios se volvieron adictos a las compras directas y por excepción y que, en pleno síndrome de abstinencia, el estado de calamidad era una dosis de emergencia de compras directas y de excepciones a los controles?
Fuente: [https://www.plazapublica.com.gt/content/el-rechazo-del-estado-de-calamidad-de-las-carreteras]
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