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Carlos Figueroa Ibarra

En los últimos días Guatemala ha vivido días trascendentes. He venido a mi patria de origen a presenciar el inicio de una etapa en la que millones de guatemaltecos y guatemaltecas han depositado sus esperanzas: el nacimiento de un nuevo país que ha sido retratado por alguien en una afortunada frase “A partir de hoy Guatemala no será el país que queremos, pero dejará de ser lo que ha sido”. En efecto, en Guatemala se viven los últimos estertores del monstruo llamado Pacto de Corruptos que hoy puede verse como una moribunda dictadura de la gobernanza criminal.

Todavía el domingo 14 de febrero, las multitudes reunidas en la Plaza de la Constitución, en las calles aledañas al Ministerio Publico y los invitados e invitadas a la toma de posesión del hoy presidente Bernardo Arévalo vivimos horas de incertidumbre nunca antes presenciadas, por lo menos nunca antes desde la asunción del primer gobierno civil encabezado por Vinicio Cerezo Arévalo en enero de 1986. Usando tácticas dilatorias, una comisión creada por IX Legislatura que dejaría de existir ese día a medio día se dedicó a acreditar y credencializar a los integrantes de la X Legislatura en un moroso y amañado proceso que sería la causa inicial de que la toma de protesta de Arévalo se demorara aproximadamente nueve horas.

 El nuevo presidente debería haber asumido sus funciones a las 16 horas de ese 14 de enero, pero no lo hizo sino hasta después de las 12 de la noche cuando ya era el día 15. En las calles una multitud logró traspasar la barrera puesta por la seguridad pública y se plantó en la parte trasera del edificio del Congreso y al interior del mismo, un grupo de diputados de Semilla y de otros más que lo están apoyando lograron abrir por la fuerza la puerta en la que la citada comisión calificaba quien podía ser diputado o diputada y quien no. Fue el último intento golpista del Pacto de corruptos. Además de demorar la acreditación de las diputaciones entrantes y escamotear algunas de ellas, pretendía demorar la elección de la Junta Directiva del Congreso, cuyo presidente es quien le pone la banda presidencial al presidente entrante.

Las buenas nuevas de lo que se está llamando “la nueva primavera”, son la elección de la nueva Junta Directiva del Congreso (pendiente de ratificación por la decisión que tome la Corte de Constitucionalidad), el que los partidos que apoyan al Pacto de Corruptos hayan sido desplazados de ella, el que por 93 votos se haya derogado la intentona de que la bancada de Movimiento Semilla fuera declarada “independiente” (lo que le impedía ser parte de la Junta Directiva y participar en comisiones legislativas), el que el nuevo presidente del Congreso sea Samuel Pérez, un conspicuo integrante del hoy partido oficial, la propia integración de una nueva alianza alrededor de dicho partido. Las malas son que el papel de la Casa Blanca en todos estos hechos es innegable, porque hoy Washington ha actuado en el lado bueno de la historia, pero mañana puede no hacerlo o profundizar en términos generales su intervencionismo. 

Las otras malas nuevas, que no son tan nuevas, es que la fiscal general, uno de los principales adalides del golpismo, continuará en funciones hasta 2026 pues legalmente el presidente no la puede destituir. La pregunta es si una nueva legislación podría facilitar la salida de tan odiado personaje. También el nuevo presidente tendrá que enfrentar al Pacto de Corruptos enquistado en la Corte Suprema de Justicia. Además, contrarrestar la judicialización contra los integrantes del Tribunal Supremo Electoral hoy escondidos o fuera del país por haber validado las elecciones de 2023. Y evaluar si la correlación de fuerzas le permitiría influir en la salida de presos políticos como el Comandante César Montes y las mujeres k’ekchi’s condenadas injustamente por la muerte de tres marinos, el periodista José Rubén Zamora y otro/as  prisionero/as de carácter político.

Una nueva etapa se inicia en Guatemala, el Pacto de Corruptos ha sufrido derrotas contundentes, pero como dijera Augusto Monterroso “el dinosaurio todavía está allí”. Un gran reto del presidente Arévalo es cumplir con las demandas que tengan las autoridades ancestrales de los pueblos originarios, un actor insoslayable en la derrota de las intentonas golpistas en octubre de 2023. En general cumplir con las expectativas del pueblo de Guatemala, de los cuatro pueblos de Guatemala como bien los ha mencionado el propio presidente. El nuevo gobierno tendrá también como desafío el recuperar el sentido público del Estado, erradicar del mismo a la corrupción y al crimen organizado, recuperar el 40% del presupuesto gubernamental que se va por el caño de la corrupción.

 Y a esta nueva Guatemala, encarnada en una sociedad civil que se rebeló contra la dictadura de la gobernanza criminal, también tendrá que asumir con realismo que es un gran avance el que este país haya empezado a dejar de ser lo que ha sido y que será largo y trabajoso el proceso para que sea el país que queremos.

Usando tácticas dilatorias, una comisión creada por IX Legislatura que dejaría de existir ese día a medio día se dedicó a acreditar y credencializar a los integrantes de la X Legislatura en un moroso y amañado proceso que sería la causa inicial de que la toma de protesta de Arévalo se demorara aproximadamente nueve horas.

Narrativa y Ensayo publica este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

Carlos Figueroa Ibarra
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