lucha libre
Lucía Escobar
@liberalucha
Más allá de las cifras y los números que respaldan a la CICIG, Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, podemos asegurar que en 12 años de trabajo, este ente cambió para siempre la manera en que los guatemaltecos vemos la justicia. Con una historia de siglos de saqueo imparable de las autoridades al pueblo, por primera vez, una comisión se atrevió a ir detrás de los peces gordos, a perseguir a los intocables. La gente común comenzó a interesarse y a escuchar lo que sucedía en la audiencias y los juicios de gente como Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti. Esta transparencia en los procesos fortaleció la cultura de la justicia al sentirnos parte de casos históricos que nos devolvieron la esperanza. Un presidente, una vicepresidenta, magistrados de altas cortes, diputados, casi todo un gabinete completo de gobierno, narcotraficantes, funcionarios de alto rango, redes de extorsión de políticos y de oficiales de seguridad, policías corruptos y jueces vendidos se vieron ligados a procesos por corrupción, algo nunca antes visto en el país. El legado de la CICIG es difícil de abordar en tan poco espacio. En números; lograron identificar al menos 70 estructuras criminales que desfalcaron al Estado; presentaron más de cien casos en los que se procesaron 680 personas, de las cuales el 60 por ciento pidió medidas sustitutivas. Casi 310 personas fueron condenadas. Y unos 200 de los acusados eran funcionarios o exfuncionarios del gobierno. Peces gordos pues.
La CICIG fortaleció y acompañó al Ministerio Público en la implementación de nuevas metodologías para investigar redes criminales como la implementación del colaborador eficaz y testigo protegido. La comisión se reunió con distintos sectores de la sociedad civil y del gobierno para lograr que el Congreso aprobara al menos 34 reformas legales entre las que destacan: Ley Orgánica del Ministerio Público y la Ley de Fortalecimiento de la Persecución Penal (2009). Fueron causantes de la creación de tribunales de Mayor Riesgo, de la Unidad de Métodos Especiales de Investigación, de la Dirección de Análisis Criminal y de la Dirección de Análisis Financiero, oficinas fundamentales para la investigación criminalística. Por medio de la Ley de Extinción de Dominio (defendida e impulsada por la CICIG) de 2012 a marzo de 2018 se devolvieron al Estado más de US$30 millones, 158 vehículos, 86 inmuebles, aeronaves y otros recursos utilizados ahora por el bien común del país.
Uno de cada cinco miembros del Congreso de Guatemala están bajo investigación por algún delito vinculado a corrupción o financiamiento electoral ilícito. Además del presidente actual y parte de su gabinete de gobierno. Todo esto ha hecho que la CICIG se haya ganado el odio de delincuentes de cuello blanco, los que se prestaron para hacerle lobby negativo, logrando meterle zancadilla y evitar que continúe trabajando.
La CICIG se va pero queda su brazo derecho la FECI; la Fiscalía Especial Contra la Impunidad. Quedan además muchos operadores de justicia probos y honestos. Fiscales, jueces, magistrados, investigadores, policías, periodistas y una nutrida sociedad civil despierta no dejará que caiga la lucha contra la corrupción. No están solos.
La CICIG fortaleció y acompañó al Ministerio Público en la implementación de nuevas metodologías para investigar redes criminales como la implementación del colaborador eficaz y testigo protegido.
Fuente: [https://elperiodico.com.gt]
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