Hace unos días el presidente Colom le cerró una vez más el paso a un proceso que buscaba reactivar la pena de muerte en Guatemala: vetó el decreto mediante el cual el Congreso buscaba darle nueva vigencia a la pena de muerte con la reavivación del indulto presidencial. Decisión que resulta congruente con los propios decires del presidente y con los convenios internacionales que Guatemala ha firmado, entre ellos el Pacto de San José.
Debo decir que una de las experiencias más traumáticas durante mi infancia y adolescencia en la década de los sesenta y setenta del siglo pasado, fue el presenciar todo el espectáculo de la muerte y festín de los periódicos, cada vez que se presenciaba un proceso penal que conducía a una sentencia al fusilamiento. Recuerdo varios casos: el de la muerte del propietario de una abarrotería llamada “la Bendición”, el de un músico que salió a comprar una medicina en la madrugada y fue asesinado por robarle, el de la muerte y violación de una niña llamada Toty, el de unos policías que violaron y mataron a una muchacha y le dispararon al novio dándolo por muerto. En este caso el novio sobrevivió y pudo identificar a los agresores y su testimonio fue decisivo para que encontraran y condenaran a los culpables. Lamentablemente según supe, el novio murió tiempo después como consecuencia de la agresión. Seguí las noticias en los periódicos y en el noticiero “Cuestión de Minutos” hasta el día en que los victimarios fueron puestos en el paredón, fotografiados por la prensa en el momento postrero y cayeron abatidos por las balas. Espectáculo macabro, castigo ejemplar, con el cual el Estado pensaba disuadir a los futuros delincuentes de realizar acciones similares.
Las ejecuciones de aquellos tiempos y las que se observaron después no cumplieron sus objetivos disuasivos. La Guatemala de los primeros años del siglo XXI dista mucho de aquella que viví en las décadas que he mencionado. Se fue convirtiendo en un país desgarrado y en proceso de descomposición hasta llegar al punto en que nos encontramos ahora: un país lleno de miseria, desigualdades insultantes, delincuencia rampante y un Estado fallido. La pena de muerte como ejercicio de terror estatal llegó a su punto culminante con los fusilamientos ordenados por Ríos Montt en el contexto de una monstruosidad jurídica, los Tribunales de Fuero Especial. Pero todos esos fusilamientos resultaron inútiles: la guerrilla continuó operando y la delincuencia siguió creciendo. La Guatemala de hoy demuestra con creces cómo el simplismo autoritario y conservador que hay detrás de la pena de muerte es totalmente inútil. En los Estados Unidos de América la ola reaccionaria que lo ha invadido desde Nixon y principalmente desde Reagan ha revivido la pena de muerte en estados que la habían abolido. Los datos demuestran que las tasas de delincuencia y homicidios no han bajado sustancialmente con la aplicación de la pena capital.
En Guatemala la pena de muerte ha sido muy popular. Está enraizada en un imaginario reaccionario que arranca de la idealización de los tiempos de Ubico. Aquella época cuando era posible dejar la puerta abierta de la casa en la noche y no pasaba nada. El fracaso neoliberal y la descomposición social que ha originado, ha creado las ciudades violentas en América latina y la desesperación de los ciudadanos honrados ha crecido. Se ha elevado la aceptación implícita o explícita de lo que se ha denominado “limpieza social”, es decir la ejecución extrajudicial de los delincuentes. También ha sucedido lo mismo con la “justicia por mano propia” de la cual los linchamientos son su ejemplo más terrible. Pero la desesperación ante la ola delincuencial lleva a soluciones simples: la mano dura no resolverá nada. La derecha enarbola la pena de muerte de manera hipócrita, porque no ha sido especialmente beligerante ni siquiera para enjuiciar a los grandes genocidas que han existido en este país. Presta a apoyar la pena de muerte para cualquier delincuente común, se ha quedado callada ante los señalamientos que se han hecho contra Romeo Lucas García, Efraín Ríos Montt, Héctor Humberto Mejía Víctores, Pedro Arredondo, Donaldo Álvarez y Manuel Valiente Téllez.
El desmantelamiento de la delincuencia y la violencia delincuencial es un proceso integral. Parte de efectuar medidas sociales y económicas que abatan pobreza, marginación, desempleo. Que creen oportunidades a los jóvenes, combatan a la corrupción en el sistema judicial y policías. Todo esto, además de las medidas punitivas que el pensamiento conservador cree que son suficientes para erradicar este terrible flagelo: castigos más drásticos, más cárceles, eficientes policías. Apoyar la pena de muerte sin este planteamiento integral, es apoyar que se ejecuten a los delincuentes sin poder y dinero y que aquellos que los tienen gocen de impunidad. Peor aún, es apoyar para que los sectores más vulnerables y desvalidos de este país, corran el riesgo de ser ejecutados, aun cuando no sean culpables del hecho que se les imputa.
Autor: Carlos Figueroa Ibarra
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