Guatemala: La infancia perdida

Carolina Vásquez Araya

En países empobrecidos por la corrupción y el abandono, la niñez es la primera de las víctimas.

Un ejercicio interesante para conocer cuál es la visión sobre la niñez en un país como Guatemala, cuyos indicadores de desarrollo socio económico están entre los más bajos, no solo de todo el continente sino del resto del mundo, es ingresar al buscador de Google y escribir “Guatemalan children”, así, en inglés. Allí aparecen 11 millones de respuestas. Si nos tomamos la molestia de ir buscando página por página, de entre las primeras 100, aproximadamente el 90 por ciento hacen referencia a la desnutrición crónica, a la emigración forzada, datos sobre violencia y abuso contra este sector de la población y a la pobreza extrema que les afecta con especial dedicación. Ninguna hace mención a logros en educación, deportes, arte o cultura.

Ese es el panorama real y la proyección de Guatemala hacia el mundo, a pesar de los pesares y también de las estrategias de imagen de gobiernos ineficientes, corruptos y dedicados a transformar a las instituciones del Estado en bastiones para el enriquecimiento ilícito y el tráfico de influencias. El negocio floreciente de la trata de personas –cuyas víctimas son en abrumadora mayoría niños, niñas, adolescentes y mujeres- revela una ruptura grave del tejido social y una total incapacidad del Estado para combatir ese flagelo. Guatemala es, para las organizaciones criminales dedicadas a esa actividad criminal, un auténtico paraíso.

Luego, también cambian las referencias y se encuentra la estampa triste de una Guatemala sórdida en donde se ha de recurrir a la limosna de ciudadanos extranjeros para acudir en auxilio de una niñez abandonada a su suerte, hambrienta y sujeta a toda clase de riesgos en un entorno carente de seguridad alimentaria, de oportunidades de educación, de servicios de salud adecuados y, por supuesto, de un entorno familiar capaz de protegerla. Esto, en uno de los países centroamericanos más ricos en recursos y más desiguales en el reparto de esa inmensa riqueza.

Cómo es ser un niño pobre en un país rico

Guatemala tiene una de las tasas más elevadas (49 por ciento) de desnutrición crónica a nivel mundial. Este indicador, el cual se ha mantenido más o menos inalterable durante décadas y que durante el período de la pandemia probablemente se haya incrementado debido a las dificultades creadas por la emergencia en cuanto al acceso al trabajo y a los precarios servicios de salud, podría superar esa frontera inadmisible en donde se marca el total abandono del Estado por el respeto al derecho a la vida del segmento más numeroso de su población.

Pero, ¿cuál es la razón de tanto abandono? ¿Por qué Guatemala figura ya entre aquellas naciones que han caído al punto de compartir con Honduras, Haití y algunas de las naciones africanas las estadísticas más extremas en todos sus aspectos? Si se hurga en el pasado, se podrían encontrar respuestas múltiples y diversas en una historia plagada de muerte y violencia. Sin embargo, el presente también constituye un obstáculo insalvable para esos millones de seres humanos menores de dieciocho años, cuya seguridad de todo tipo: alimenticia, de vivienda, de salud, de educación, de resguardo de su integridad física, nunca ha sido prioridad para los representantes del pueblo, los mismos que juraron ante la bandera respetar la Constitución, y quienes siguen prometiendo en vano cambiar las cosas.

El abuso de menores ha sido un hábito inveterado durante generaciones. Algo tan profundamente arraigado, que llega a ser considerado como una práctica socialmente aceptable, un destino insoslayable para quienes aún no poseen la fuerza ni la protección de la ley para defender sus derechos. Peor aún, hay quienes aún se resisten a aceptar que esos derechos existen.

De acuerdo con una investigación periodística de Carmen Quintela en Plaza Pública, (2017) “hay 260 personas en Guatemala cuya riqueza equivale a 23 veces la inversión pública en Salud, 21 veces la inversión en Educación y el 56 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) del país. Para ganar lo que cada una de estas personas gana en un mes, un ciudadano con bajos ingresos debería trabajar 387 años. Esas 260 personas son parte del uno por ciento de la población con unos ingresos mensuales que equivalen a los salarios del 42 por ciento con menos recursos. Los datos, ejemplo de la desigualdad en la que permanece sumergido el país, los presentó la organización Oxfam, que destacó a Guatemala como uno de los lugares de América Latina con un acceso más precario a buenas condiciones de vida.”

Las niñas-madres

Una de las consecuencias más devastadoras de la indefensión en la cual sobreviven las niñas en Guatemala, es la pavorosa cifra de embarazos y partos a edad temprana. De acuerdo con una de las instituciones dedicadas a monitorear este tema –el Observatorio en Salud Sexual y Reproductiva, OSAR- se produjeron 57 mil quinientos setenta y ocho embarazos en niñas y adolescentes entre 10 y 18 años, durante el primer semestre de 2021. De entre ellos, cerca de 3 mil corresponden a niñas de 10 a 14 años. Es decir, un período en el cual una niña aún no ha desarrollado plenamente su cuerpo y en quien un embarazo supone un riesgo de vida elevado.

Adicionalmente a la violencia implícita en la violación y sus consecuencias físicas y psicológicas, un embarazo a esa temprana edad significa la pérdida de derechos a todo nivel y el sometimiento a un régimen de vida duro, restrictivo y sometido a la autoridad de los adultos de su entorno. A ello se suma la prohibición legal absoluta de interrumpir el proceso de gestación, aún cuando se trate de una niña cuyo cuerpo no reuna las condiciones para sostenerlo y llevarlo a término. Es decir, la ley, en Guatemala, condena a la víctima a partir de una visión de Derecho influenciada por doctrinas religiosas y un sistema patriarcal sólidamente establecido.

Visto como parte normal de la vida -especialmente en las comunidades rurales- el embarazo en adolescentes es una de las más graves consecuencias de la pobreza y la marginación en la cual vive y se desarrolla una gran parte de la población femenina. Asediadas por un concepto patriarcal de la vida y del deber, miles de niñas acaban siendo víctimas de abuso sexual desde antes de alcanzar la pubertad, convirtiéndose en madres en etapas tan tempranas de su desarrollo que incluso pierden la vida en el proceso. Indefensas ante la presión del autoritarismo ejercido por padres, hermanos y otros hombres de su entorno, sumado a la falta de protección por parte del resto de la comunidad, las niñas-madres terminan agotando la etapa de la infancia sin haberla vivido, para enfrentar la dura realidad de una existencia de miseria.

Ante esta situación, derivada de patrones culturales absolutamente viciados, las niñas se ven obligadas a arrastrar la humillación de una sexualidad no deseada, no consentida y de graves repercusiones para su salud física y psicológica, en un entorno de irrespeto a sus derechos humanos que les veda el derecho a experimentar las etapas normales de su desarrollo.

Los programas asistencialistas propuestos por los gobiernos para combatir el hambre y la pobreza ni siquiera rascan la superficie del verdadero mal de esta sociedad. Las estrategias han sido, por lo general, orientadas a reducir estadísticas con el objetivo de mejorar la posición del país en los indicadores internacionales de desarrollo y así enseñar una mejor cara a los organismos financieros mundiales. La situación puntual de los grupos afectados por la pobreza, sin embargo, se difumina al punto de desaparecer del foco de las iniciativas oficiales, perdiéndose de vista en las grandes cifras.

En estos escenarios, las niñas-madres no han llegado a formar parte de las prioridades de atención de las autoridades. Éstas ven los casos de embarazo en niñas y adolescentes como una expresión más del subdesarrollo y no como los actos criminales de abuso sexual que realmente son. El mensaje que envía esta clase de aproximación al problema es de conformismo ante el sometimiento de uno de los grupos sociales más vulnerables y menos tomados en cuenta en las políticas públicas de los gobiernos de turno.

La ausencia de medidas eficaces de protección para la niñez guatemalteca constituye uno de los factores que ha permitido la impunidad en casos de abuso sexual, violencia de género y de otros crímenes de lesa humanidad, como el tráfico de personas, el cual afecta con especial dedicatoria a este segmento poblacional. La niñez y la juventud de Guatemala suman casi la mitad de su población, pero tiene menos influencia en las decisiones de Estado que cualquier otro sector. Son invisibles ante los estamentos de poder, son impotentes ante la justicia y sus esperanzas son rotas constantemente por la indiferencia de una ciudadanía apática. Las niñas-madres, en medio de este cuadro de costumbres, representan el epítome de la marginación y del olvido.

Esos miles de niñas y adolescentes cuyo cuerpo mal alimentado y endeble apenas puede cargar con el peso de su propia existencia, dan a luz en condiciones miserables, en medio de la indiferencia de las autoridades y soportando el rechazo de su propia familia. Así es su vida, así es el entorno social y ese el resultado de una cultura que las condena al eterno subdesarrollo. De ahí que esos embarazos precoces dan como resultado una criatura de bajo peso y una madre-niña desangrada.

Los estudios realizados por el sistema de las Naciones Unidas y otras instituciones han demostrado hasta el cansancio que una niña educada se fortalece y deriva en una mujer adulta responsable y consciente. Guatemala es, en esta época de la historia, un ejemplo de lo que no debe ser. El Estado tiene la obligación de proteger a la niñez y no lo hace por las razones por todos conocidas: negligencia, incapacidad y corrupción. No quisiéramos pensar que condenarlas a esa vida de miseria y abandono sea una política misógina y perversa de control social.

Fuente: [https://carolinavasquezaraya.com/]

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