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Carlos Figueroa Ibarra

El 17 de abril de 2019, Guatemala fue sacudida por la detención en Miami de Mario Estrada, candidato presidencial por la Unión del Cambio Nacional y de uno de sus partidarios, Juan Pablo González. Después de ver a un Presidente y a una Vicepresidenta  de la República involucrados en una red criminal,  nada puede asombrarnos con respecto a la corrupción de la clase política guatemalteca. No obstante, confieso que estoy asombrado con las noticias con respecto a las causas del arresto de Estrada y González. Se les acusa de haber tenido ocho encuentros en Guatemala y Estados Unidos con agentes encubiertos de la DEA que se hicieron pasar por operadores del Cártel de Sinaloa. Como es sabido, los requerimientos del candidato presidencial al cártel referido fueron entre 10 y 12 millones de dólares para financiar la campaña electoral de Estrada a cambio de lo cual éste ofrecía, en caso de ser electo,  poner a disposición de esta organización criminal el Ministerio de Gobernación, el Ministerio de la Defensa, las aduanas y libre paso por puertos y aeropuertos del país.

Las noticias indican que Mario Estrada y Juan Pablo González (ex financista de la también candidata Sandra Torres y tiempo atrás sospechoso de nexos con el cártel de Sinaloa) no sólo pretendían una asociación financiera a cambio de favores políticos con el que acaso sea el cártel más poderoso de México. También solicitaron los servicios de dicho cártel para asesinar a dos de los rivales políticos que Estrada veía como  más peligrosos para sus aspiraciones. Las noticias no indican los nombres de las posibles víctimas, por lo que no queda más que especular quiénes serían. Uno  de ellos (o una de ellas) dijeron Estrada y González,  era muy odiado por lo que sería  más factible asesinarlo. El otro tenía mucha protección por lo que operativamente sería más dificultuoso. El plan era asesinarlos, medir la reacción pública y proseguir con otros asesinatos más.

La conducta de Estrada y de su adlátere revela no solamente lo que en Guatemala se llama el Pacto de Corruptos sino también la arraigada cultura del terror que durante siglos  se fue cristalizando en el país. La lógica de los asesinatos planteados por los hoy detenidos, recuerda a la que el alto mando del ejército ejerció durante los años de las dictaduras militares. Se trata de la misma lógica terrorista de estado que segó la vida de cientos de miles de guatemaltecos. Desmontar la cultura del terror llevará años pero sobre todo el desplazamiento de la clase política que es heredera de los arquitectos de la contrainsurgencia. Desmontar la corrupción solamente se logrará desplazando con el concurso internacional  al tinglado de intereses que hoy se denomina Pacto de Corruptos. Mario Estrada y  Juan Pablo González representan a los intereses mafiosos que confabularon la anulación y salida de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). Lo acontecido con el abanderado de la UCN revela la urgencia de que este organismo continúe en el país.

Narrativa y Ensayo publica este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

Carlos Figueroa Ibarra
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