Ayotzinapa en el corazón
Carlos Figueroa Ibarra
Se han cumplido dos años desde aquel infausto 26 de septiembre de 2014 cuando en el municipio de Iguala, un grupo de 43 estudiantes de la Escuela Normal Isidro Burgos de la localidad de Ayotzinapa (Guerrero), fue secuestrado y desparecido. Aquella noche del 26 y la madrugada del 27, el Estado mexicano se empleó a fondo en una violencia en la que también participó el narcotráfico. Además de los 43 desaparecidos, los represores mataron a otros tres normalistas además de tres personas más en un ataque que se hizo a un autobús que transportaba a un equipo de fútbol. En total 49 personas fueron asesinadas y desaparecidas en esas horas aciagas. Iguala y los municipios aledaños, en donde se efectuaron el secuestro y los asesinatos, conforman una región que es reputada como uno de los centros mundiales de producción de amapola y goma de opio. Por lo tanto es un lugar estratégico en la producción de heroína. Lo sucedido entonces evidencia lo que es sumamente sabido en el país: el narcotráfico se confunde con el Estado mexicano desde el ámbito municipal hasta las más altas cúspides estatales.
El gobierno de Gustavo Díaz Ordaz (1964-1970), el de Luis Echeverría Álvarez (1970-1976) quedarán marcados para siempre por las matanzas de Tlatelolco (2 de octubre de 1968) y la del 10 de junio (1971). El gobierno de Peña Nieto (2012-2018) nunca se quitará de encima la infamia de lo sucedido con los normalistas de Ayotzinapa. Conciente de ello, dicho gobierno ha exhortado al olvido (“Tenemos que superar Ayotzinapa” ha dicho Peña Nieto), ha pretendido imponer una “verdad histórica” (los asesinos y secuestradores fueron la policía municipal de Iguala y un cartel local del narcotráfico; los estudiantes fueron incinerados en el basurero de Cocula). Finalmente, ha obstruido cualquier investigación independiente del trágico suceso (la expulsión del Grupo Independiente de Expertos Interdisciplinarios de la CIDH).
El GIEI al igual que el Equipo Argentino de Antropología Forense, con investigaciones y peritajes revelaron que la “verdad histórica” no era sino una verdad oficial construida con premura para que se le diera vuelta a la horrible página. Nos han dicho que es científicamente imposible que hubiera habido un incendio en el basurero de Cocula la noche del 26 al 27 de septiembre. Y la GIEI en particular develó que el supuesto lugar en donde fueron tirados a un río los alegados restos óseos de los estudiantes, fue visitado por Tomás Zerón (director de investigaciones criminales de la Procuraduría General de la República) un día antes de que dichos restos fueran encontrados. Esto implica que existen sospechas de que esa escena del crimen pudo haber sido manipulada.
Con todo el dolor e ignominia que representa, Ayotzinapa solamente es un ejemplo relevante de lo que sucede en México. Desde que asumió la presidencia Felipe Calderón (diciembre de 2006) a diciembre de 2015 según estadísticas oficiales, se han observado 162,000 ejecuciones extrajudiciales y en los cuatro año anteriores a diciembre de 2015, ha habido 28 mil desapariciones forzadas.
He aquí pues, la tragedia mexicana.
Iguala y los municipios aledaños, en donde se efectuaron el secuestro y los asesinatos, conforman una región que es reputada como uno de los centros mundiales de producción de amapola y goma de opio.
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