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Nos faltan 43

Carlos Figueroa Ibarra

Cuando estas líneas sean publicadas, habrá pasado un año desde que en Iguala, estado de Guerrero en México, 43 jóvenes fueron capturados y desaparecidos. El gobierno de Enrique Peña Nieto ha vivido este episodio con un discurso solidario con respecto a los padres y familiares de los muchachos pero con una práctica que lo que busca es como lo dijo el propio Peña Nieto, “superar esta etapa” y “dar un paso hacia adelante”. Es decir, el gobierno mexicano lo que propone es el olvido como  en otros lugares del mundo lo han propuesto todos aquellos que por comisión,  por omisión o complicidad han estado involucrados en actos  genocidas.  El senador Emilio Gamboa Patrón, Coordinador del Grupo Parlamentario del PRI, se ha apresurado en darles el pésame a los padres de los normalistas es decir darlos por muertos y empezar a cerrar el caso. En suma, hay hipocresía  en el discurso oficial en relación  a los trágicos sucesos de Ayotzinapa.

La tragedia de los normalistas ha sido para el gobierno de Peña Nieto una pesadilla de la cual ha querido salir lo más pronto posible. Forma parte  de su desgaste incontenible junto a los escándalos de corrupción vinculados a las ostentosas casas que se les han descubierto a la pareja presidencial y a otros funcionarios gubernamentales. Pero la pesadilla vuelve una y otra vez. La conclusión del Grupo Interdisciplinario de  de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se ha vuelto un dardo letal contra la pretensión oficial  de lo que quiere sea verdad histórica: es científicamente imposible que los 43 jóvenes hayan sido asesinados e incinerados en el basurero de Cocula tal como en su oportunidad aseveró a la Procuraduría General de la República a través de su entonces titular, Jesús Murillo Karam. Igualmente el GIEI ha expresado que no es cierto que los normalistas fueron asesinados porque fueron confundidos con un grupo rival del cártel Guerreros Unidos, sino porque uno de los camiones que habían tomado,  llevaba un fuerte cargamento de droga o dinero. Los muchachos ignoraban esto, no así los policías que los atacaron  y que tomaron un quinto autobús, el que llevaba la droga y/o el dinero, que nunca fue mencionado  por el informe gubernamental.

La tragedia de Ayotzinapa reveló algo que todo mundo sabe: que la colusión del narcotráfico con el Estado empezando por los gobiernos municipales es un hecho notable. El gobierno ha querido delimitar el asunto a una colusión de un grupo local de narcotraficantes con las presidencias municipales de Iguala y Cocula cuando en realidad este hecho es apenas la punta del iceberg de una penetración del crimen organizado hasta en los más altos niveles gubernamentales. Las demandas de los padres de los normalistas, entre las cuales destaca una unidad especializada de investigación  con supervisión internacional, por supuesto ha sido rechazada por el gobierno. La reunión de los padres de familia con Peña Nieto el día 24 de septiembre de 2015 fue entonces totalmente infructífera.

Por todo lo anterior, debemos insistir: nos faltan 43.

Carlos Figueroa Ibarra
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