Ayúdanos a compartir
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

En las pendientes del autoritarismo

Virgilio Álvarez Aragón

Guatemala ha sido llevada a una crisis institucional nunca antes vivida.

Próximos a celebrar el centenario de la restauración conservadora que dio al traste con la dictadura liberal de Estrada Cabrera, el régimen efecenista concentra todas sus baterías en destruir la escasa institucionalidad con la que contamos, todo para imponer la impunidad de los mercaderes que durante todo este siglo no han sido capaces de hacer negocios cumpliendo con las más mínimas reglas.

La lista de atropellos a las instituciones es tan larga que el último intento, el de impulsar la reelección de Jimmy Morales, no debe verse como un chiste de mal gusto del esbirro diputado Galdámez. Ellos han decidido poner el poder público al servicio de sus intereses personales y de los que se sumen a sus negocios. Lo hacen apresurados, sin remilgos y sin medir las consecuencias, pues el tiempo se les agota y puede que la sociedad despierte a tiempo.

Si la punta de lanza en la lucha contra la corrupción y en la construcción de una institucionalidad capaz de beneficiar a la mayoría de la población era la Cicig, ellos han dispuesto eliminarla. Ya son demasiados los políticos y empresarios corruptos acusados de apropiación ilícita de los recursos públicos, dicen. Por ello, parapetados en una supuesta defensa de la presunción de inocencia, piden que se incluya a otros en la persecución penal, pues afirman que esta ha sido selectiva. Y es cierto: la persecución penal es selectiva. Se persigue al que ha sido denunciado, a aquel de quien se tienen evidencias suficientes para llevarlo ante juez competente.

La Cicig y el MP no persiguen a los que les caen mal ni critican al poderoso, como lo ha hecho la gavilla efecenista. Ellos pueden delinquir fiscal y electoralmente, abusar de empleadas públicas y hacer negocios ilícitos a diestra y siniestra porque, dicen, para eso tienen el poder. Así actuaron sus padres en las décadas del autoritarismo militarista. Así lo hicieron los abuelos de algunos en el régimen ubiquista. Por tanto, en su manera de hacer negocios y fortunas no existe ningún otro procedimiento que no sea engañar al fisco, pagar y pedir mordida y ahogar a los funcionarios públicos, de modo que todo el aparato del Estado se convierta en un patrimonio privado para uso clientelar.

Si por un lado han asesinado a sus aliados incómodos, como sucedió con Byron Lima, por el otro esconden y protegen a los que desde gobiernos anteriores presumieron asesinatos de delincuentes, como resulta evidente que han hecho con la fuga de Kamilo Rivera, como hicieron hace ya varios meses con el padrino de su grupo, el exdiputado y exmilitar Édgar Ovalle. En su práctica política se hace cada vez más evidente que, para ellos, la ley es solo un instrumento que se aplica a los desposeídos y marginados, y se especializan en proteger a todo aquel criminal y delincuente que los financia, protege o defiende.

La soberbia los ha envilecido completamente, al grado de castigar a toda una generación de jóvenes estudiantes universitarios con la reducción absurda y abusiva de los recursos que por ley le corresponden a la universidad pública. Creyéndose dueños de los recursos públicos, y no simples administradores de estos, le incrementan los beneficios al alto mando militar, sin que los soldados comunes y corrientes tengan aumento en sus escuálidas remuneraciones. Además, en este último año del que disfrutarán las mieles del poder, quieren hacer de la Cancillería el mecanismo para manejar viáticos y viajes sin control.

Nunca antes la Cancillería había sido un instrumento tan directo del régimen autoritario. Inmersos en una globalización desigual, los autoritarios y antidemocráticos del gobierno efecenista han decidido instrumentalizar las relaciones exteriores en su beneficio. Aliados con lo más oscuro y neofascista de las derechas estadounidenses e israelíes, aceleradamente han propiciado un aislamiento conservador y reaccionario, con las consecuencias políticas y económicas que para toda la sociedad puede tener esa deriva.  Deslumbrada con el poder que ostenta y con los recursos que rápida e ilegítimamente la han enriquecido, en un acto más que ilegal e irresponsable, la canciller se opone caprichosamente a cumplir las disposiciones de la Corte de Constitucionalidad respecto a la imposibilidad de prohibir al jefe de la Cicig estar en el país. Su actitud raya en la ilegalidad, y la CC deberá hacer cumplir su disposición cuanto antes, tal como la jefa del MP expresó recientemente.

Si por un lado, aunque no se esté de acuerdo, debe aceptarse la decisión de los jueces y magistrados respecto a mantener la inmunidad del diputado Alejos y del presidente Morales, por el otro, este y la canciller deben acatar la disposición de la CC.

No hacerlo pone en riesgo nuestra más que frágil institucionalidad, por lo que hay que exigir su estricto cumplimiento. De lo contrario, dentro de algunas semanas los tendremos imponiéndonos, a la hondureña, la ilegal reelección del peor presidente que el país ha tenido en toda su historia republicana.

Fuente: [http://plazapublica.com.gt/content/en-las-pendientes-del-autoritarismo]

Narrativa y Ensayo publica este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

Virgilio Álvarez Aragón
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •