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El candidato Otto Pérez Molina ganó las elecciones de 2011, básicamente porque logró convencer a buena parte de la ciudadanía de que con mano dura se  acabaría con la violencia delincuencial que azota a Guatemala. También ganó las elecciones porque contrastó exitosamente su imagen de hombre recio y enérgico con la blandengue y vacilante del entonces presidente Colom. Supuestamente el  carácter dubitativo de éste,  había permitido  la violencia desbocada. Buena parte de la propaganda negra que corrió en los meses anteriores a las dos vueltas electorales, fue que el presidente Colom no mandaba sino que en realidad lo hacía su cónyuge. No ocurriría eso con el don de mando que blasonaba el general. Al evaluar la presencia de la súper vicepresidencia ustedes dirán si ahora también existe o no, una  pareja presidencial. Con esa imagen de hombre fuerte que tanto ama buena parte de los guatemaltecos, Pérez Molina logró  ser electo sustentándose en gran medida en el 71% de los votos de la zona metropolitana. Es explicable este triunfo: los cascos metropolitanos de Guatemala y El Salvador y la costa atlántica de Honduras son las regiones más violentas del mundo.

En los siete meses de este año de 2012, el monto de homicidios comparado con el de 2011 en efecto ha bajado  un 7%. Magra disminución  para las expectativas que generó el candidato y su staff de militares retirados avezados en el arte de la represión. Lo que resulta impactante de acuerdo a las cifras del Ministerio de Gobernación y el área de transparencia del Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), es la gran ineficiencia de la mano dura de Pérez Molina: durante 2012 el ejército  y la policía nacional han realizado 10,205 operativos conjuntos para abatir a la delincuencia  común y organizada. Resultados:  145 capturas, 40 armas incautadas, 32 autos y motos recuperadas. La ineficiencia gubernamental puede verse nítidamente si se sabe que en Guatemala, según cálculos de fuentes estadounidenses, circulan entre 1.2 y 1.8 millones de armas ilegales, razón por la cual el 86% de los crímenes se cometen con armas de fuego. En los mismos siete meses se denunciaron 3,139 casos de extorsión y solamente se realizaron 444 capturas. Las mismas fuentes aseveran  que por cada homicidio se cometen entre 20 y 40 hechos  de violencia delincuencial  sin consecuencias fatales. Habiendo sido asesinadas 3,405 personas hasta julio de 2012, si fuera certero dicho cálculo,  podríamos decir  que en Guatemala se han observado  entre 68 y 136 mil hechos de violencia delincuencial durante este año. Ante esta mayúscula cifra, los centenares de capturas hechas por la mano dura, resultan ridículas.

Los lectores y lectoras  de esta columna seguramente saben que el gobierno de Pérez Molina no ocupa el primer lugar entre mis afectos y afinidades. Pero tratando de ser objetivo, diré lo mismo que cuando analizaba el fenómeno de la violencia delincuencial durante el gobierno de Álvaro Colom: la violencia que azota  a los países  del triángulo norte de Centroamérica no es solamente un problema de mal gobierno. En lo esencial es un problema de Estado. Es la combinación de cifras de pobreza que oscilan entre 50 y 70%, informalidad que abarca entre 50 y 60% de la Población Económicamente Activa (PEA), policías y sistemas judiciales corruptos y la ventaja o desgracia geográfica del triángulo referido como puerta de entrada  para el 90% del tráfico de cocaína.

Contrariamente a lo que pregonó el candidato Pérez Molina, la mano dura no está funcionando. En gran medida  porque  ha sido ineficiente. Pero justo es decirlo: también porque la violencia delincuencial tiene raíces estructurales no imputables al gobierno de turno, sino a la descomposición que ha generado el proyecto histórico de la derecha.

Carlos Figueroa Ibarra
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