Carlos Figueroa Ibarra
Las elecciones en Venezuela siempre han sido noticia de primer orden. Esta, la de 2024, lo ha sido mucho más. Desde varios días antes los grandes medios de comunicación, las distintas redes sociales, los programas que se transmiten por Youtube se encargaron de difundir dos ideas centrales: la oposición de derecha ganaría en Venezuela de manera apabullante las elecciones con porcentajes que oscilaban entre 70 y hasta 80% y el fraude electoral cometido por el chavismo sería la única manera de frenar la aplastante victoria. Era esta narrativa la preparación mediática para lo que sabíamos que sucedería al día siguiente de las elecciones: el calentamiento de la calle, la guarimba violenta que ha dejado entre 12 y 16 personas asesinadas (entre ellas un policía y un guardia nacional), alrededor de 70-80 heridos y aproximadamente un millar de detenidos. Los participantes en los actos vandálicos (buena parte de ellos pagados con montos de entre 20 y 150 dólares) atacaron hospitales, escuelas, sedes locales del Consejo Nacional Electoral (CNE) y de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) pero también pequeños comercios además de incendiar autos particulares. Según versión oficial no pocos de los detenidos, organizados en los llamados “comanditos”, estaban drogados.
Ahora o nunca, derrocar a la Revolución Bolivariana.
El que los procesos electorales en Venezuela sean fiscalizados y satanizados por los grandes poderes mundiales, por el poder mediático y los intereses políticos y económicos de la derecha mundial y sus respectivos capítulos nacionales se debe a dos hechos. En primer lugar, Venezuela es un botín ampliamente codiciado por los Estados Unidos de América y por otras potencias de menor envergadura porque es el país que tiene las mayores reservas de petróleo en el mundo, porque también contiene la mayor reserva de oro del planeta, porque tiene la cuarta reserva de gas más importante a nivel mundial y porque contiene el 20% de los recursos acuíferos del orbe. En segundo lugar, porque como bien lo ha dicho Juan Carlos Monedero, ese país codiciado ha cometido la osadía de romper con el neoliberalismo, plantearse el socialismo como horizonte estratégico y además se ha rebelado contra la hegemonía imperialista en la región.
Nación con territorio codiciado por sus riquezas naturales gobernada por una fuerza política que aspira a ejercer su soberanía sobre dichas riquezas y extenderla hacia el derecho a la autodeterminación, es motivo suficiente para recibir el embate despiadado de los poderes mundiales. También, para que sus procesos electorales sean sometidos a una satanización porque es en esos procesos electorales en los cuales radica la posibilidad para el imperio y las derechas de volver a recuperar el control de esa insumisa nación.
Sin embargo, cabe también preguntarse porque en estas elecciones de 2024 la virulencia imperial y reaccionaria ha sido todavía mayor. Además de la ofensiva mediática preelectoral, el sistema de transmisión de los resultados electorales del CNE sufrió un ataque. Se buscaba derrumbar el recuento, sustentar la hipótesis de un apagón del sistema electrónico para fundamentar el alegato del fraude. Mi lectura de toda esta ofensiva es que después de años enteros de una crisis económica y por tanto debilitamiento político del régimen chavista, este proceso electoral era la oportunidad única para derrocar a la Revolución Bolivariana. Agobiada Venezuela y su gobierno por un descenso en los precios del petróleo, por los efectos letales del embargo de sus bienes en el exterior, por las 930 medidas de bloqueo a su economía, la extenuación provocada por la pandemia, el consiguiente crecimiento del descontento en una parte significativa de la población, el explicable fortalecimiento de la oposición reaccionaria y el que ésta haya logrado consensuar una candidatura única, las condiciones son las más favorables para la defenestración del chavismo en sus 25 años de existencia.
La recuperación de Venezuela, motivo de la urgencia golpista.
Pero Venezuela no es Cuba, una pequeña isla sin los recursos naturales para hacerle frente a un bloqueo criminal. A diferencia de Cuba, que vive la peor crisis desde el triunfo de su revolución (mayor aun que en el post soviético periodo especial), Venezuela ha logrado una recuperación económica, social y política que de consolidarse hará muchísimo más difícil para Washington y la derecha global el tumbar al chavismo y apropiarse del país. Venezuela muestra en los datos mostrados por el programa La Base conducido en España por Pablo Iglesias, una impresionante recuperación que contrasta con la crisis profunda en que ha sumido Javier Milei a la Argentina.
Después de padecer una inflación desbocada, la inflación interanual entre junio de 2023 y junio de 2024 es de 68%, la más baja en 39 años. La inflación en alimentos está en 1.5% lo que se explica porque el país ha logrado una autosuficiencia alimentaria que oscila entre 80 y 90%. En ese contexto la capacidad de consumo ha crecido en un 86%, el índice de abastecimiento es de 97% y el costo de la canasta básica para cuatro personas es de 555 dólares. Un día antes de las elecciones, Nicolás Maduro entregó a sus beneficiarios la última casa de las 5 millones cien mil que hasta el momento se han construido. Venezuela ha observado un crecimiento sostenido de su PIB en los últimos 11 trimestres por lo que su crecimiento económico interanual en el mismo período ha sido de 8% y se espera que será la economía de mayor crecimiento en América Latina con un 4%. Estos datos contrastan con los de la Argentina ultra neoliberal de Milei: inflación interanual de 271%, inflación en alimentos de 304%, decrecimiento de la capacidad de consumo en -35%, costo de la canasta básica para cuatro personas de 851 dólares, decrecimiento del PIB interanual de -5.1% y decrecimiento del PIB en 2024 de -2.8%
La narrativa del fraude electoral en Venezuela tiene un indudable ánimo golpista. La derecha venezolana no pudo en 2002 derrocar a Hugo Chávez a través del golpe militar. Tampoco pudo hacerlo cuando fue mayoría legislativa a partir de 2015. No pudo hacerlo a través de las guarimbas en 2014 y en 2017. Ahora busca hacerlo, legitimando como presidente a Edmundo González Urrutia, un cansado y envejecido exdiplomático con una historia oscura vinculada a la CIA y a la contrainsurgencia salvadoreña durante los años ochenta cuando fue funcionario de la embajada venezolana en ese país. En realidad, González Urrutia es una figura ornamental manejada por la figura principal de la oposición, la ultraderechista Corina Machado. El alegato del fraude se da en el contexto de un sistema electoral que ha dado dos victorias a la oposición entre los 31 procesos electorales observados desde la asunción del chavismo al poder. También se alega un sistema electoral fraudulento cuando ese sistema ha convalidado muchos triunfos electorales de la oposición: hoy en Venezuela 4 de los 23 estados son gobernados por opositores como también más de 100 alcaldías de las 355 existentes.
La inconsistencia del alegato del fraude.
El alegato del fraude, arma ideológica para derrocar al gobierno chavista, no tiene fundamentos sólidos. El sistema electoral venezolano tiene muchos candados que impiden un fraude: lo/as votantes que acuden a las mesas electorales tienen que presentar una identificación oficial; tienen que registrar su huella dactilar; la máquina que registra su voto electrónico le extiende una papeleta impresa que corrobora sus preferencias electorales la cual es depositada en una urna; al final de la jornada electoral en el 54% de las 30,000 mesas electorales se hace un recuento de dichas papeletas para corroborar que su número coincide con el número que ha registrado la máquina electrónica. Finalmente, en cada una de las mesas electorales se llena un acta que es firmada por los testigos (representantes de partidos políticos) y funcionarios electorales de la mesa. Esa información es enviada al Consejo Nacional Electoral ubicado en Caracas. En un plazo no mayor de 30 días el CNE debe publicar el 100% de las actas electorales.
Es en base al 80% de las actas que dicho organismo electoral declaró ganador a Nicolás Maduro con 51.2% frente al 44% de González Urrutia y un 4% para las ocho candidaturas restantes. Los reclamos de la oposición reaccionaria con respecto a un fraude electoral no se sustentan en pruebas. Corina Machado ha afirmado que de acuerdo con las actas electorales en su poder González Urrutia habría triunfado contra el 70% de los votos frente a un 30% de Maduro, pero estos porcentajes que implican que los restantes candidatos habrían obtenido el 0% de los votos, podrían ser el resultado de una selección de mesas electorales en las cuales la oposición reaccionaria salió ganadora. Wikileaks ha difundido que la derecha podría sustentar sus cifras en una encuesta a pie de urna hecha por una casa encuestadora, Edison Research, vinculada al gobierno estadounidense y a la CIA y que ha estado activa en Ucrania, Georgia e Irak.
Es saludable el anuncio que ha hecho Nicolas Maduro de que su gobierno y partido publicarán el 100% de las actas electorales que obran en su poder. Maduro ha demandado que los demás partidos también publiquen las suyas. El asunto se zanjará cuando la autoridad electoral publique el 100% de las actas electorales que el sistema electoral ha procesado.
El sistema electoral venezolano es mucho más sólido que el de muchos países, incluyendo al de Estados Unidos de América. En EU en 2000, pese a perder el voto popular por una diferencia de más de medio millón de votos, Bush derrotó a Al Gore al ganar los votos electorales de Florida por una diferencia de 537 votos, diferencia que como fue alegado bien pudo haber obtenido a través del fraude. Ni en esa ocasión, ni cuando en 2020 Donald J. Trump alegó haber perdido ante Joseph Biden a través de un fraude, el poder mediático u demás poderes mundiales se volcaron a exigir transparencia y limpieza electoral.
Hoy amigos y enemigos de la Revolución Bolivariana exigen transparencia al sistema electoral venezolano. La golpista Dina Boluarte en Perú, el neofascista Javier Milei en Argentina, la OEA dan por ganador a González Urrutia. Pero también presidentes considerados progresistas como Gabriel Böric de Chile y Bernardo Arévalo de Guatemala han expresado dudas sobre los resultados electorales. Y los presidentes Andrés Manuel López Obrador de México, Luiz Inácio Lula da Silva de Brasil y Gustavo Petro de Colombia han postergado el reconocimiento al triunfo de Maduro hasta que el CNE publique el 100% de las actas electorales.
Además de un sistema electoral bastante blindado, hay otros motivos para pensar que el chavismo volvió a triunfar electoralmente. El Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) es una sólida maquinaria electoral de gran extensión territorial. El gobierno de Venezuela se inserta en un Estado que entre otros factores se apoya en los 50,000 Consejos Comunales que tienen organizados a 7 millones de venezolano/as en todo el país. También se ha expresado la hipótesis de que la enorme migración de 7 millones de personas que sufrió el país tras años de inestabilidad política y crisis económica, mermó el caudal electoral opositor. Esa migración no tuvo facilidades para votar desde el exterior.
La contundencia de los enemigos y la ambigüedad de los amigos revela el peso de Washington y la derecha global en América Latina. Revela también que para legitimarse electoralmente la Revolución Bolivariana tiene que cumplir requisitos que no se piden a otros países. Es saludable el anuncio que ha hecho Nicolas Maduro de que su gobierno y partido publicarán el 100% de las actas electorales que obran en su poder. Maduro ha demandado que los demás partidos también publiquen las suyas. El asunto se zanjará cuando la autoridad electoral publique el 100% de las actas electorales que el sistema electoral ha procesado. Solo entonces la fase más aguda del golpe habrá sido superada. Quedará pendiente la negociación política con las fuerzas opositoras moderadas, con los empresarios, con los oponentes en el propio campo. Todo ello en el contexto de una nueva etapa de la Revolución Bolivariana, la que intuyo estará marcada por la revisión de no pocas de sus políticas anteriores.
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