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Urge un sistema de defensa civil

Editorial Siglo21

Se dice que Guatemala ya no es la misma, después de las movilizaciones sociales que llevaron a la defenestración pacífica de un gobierno corroído por la corrupción.

Esta misma idea, la de un país y una sociedad rectificando lo que no está bien, debería aplicarse a raíz de la tragedia en El Cambray II. Guatemala no debería ser la misma, después de lo ocurrido en esa colonia de Santa Catarina Pinula.

El cambio debería empezar por el reconocimiento, la toma de consciencia nacional, de la altísima vulnerabilidad del país a un tipo de desastres que, entiéndase bien, no son naturales, sino provocados por las falencias de nuestra organización económica, social y política.

Dicho muy brevemente, este país ha edificado una sociedad no solamente plagada de injusticias y desigualdades, sino también basada en un entorno agresivo e inapropiado para la convivencia humana. Tenemos una organización económico-social más que inamistosa, depredadora y destructora de la naturaleza.

Se trata de problemas estructurales cuya superación demanda una temporalidad que, en mucho, excede a los desafíos que ahora mismo plantea la vulnerabilidad socioambiental.

Según confirmó ayer a Siglo21, Alejandro Maldonado Lutomirsky, secretario ejecutivo de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), en todo el territorio nacional hay no menos de tres mil zonas de alto riesgo, sin contar la infinidad de lugares que tienen diversos grados de vulnerabilidad.

Una conclusión de la entrevista con Maldonado Lutomirsky parece clara: la institucionalidad de que dispone el país para hacerse cargo de la permanente amenaza de desastres como los de El Cambray II, es insuficiente y débil.

La Conred, su misma denominación lo indica, es una entidad de coordinación, sin verdadera autoridad ejecutiva. Y el Consejo Nacional de la Conred es un ente estructuralmente condenado a la inoperancia, al cual pertenecen seis ministerios de Estado, dos entidades privadas, los cuerpos de bomberos y una Secretaría Ejecutiva, que no tiene voto en las decisiones de ese elefante blanco.

Guatemala necesita crear un verdadero sistema de defensa o protección civil, en el cual las decisiones del ente rector tengan carácter vinculante.

Por lo pronto, una reforma al Decreto 109-96, Ley de la Coordinadora Nacional para la reducción de desastres de origen natural o provocado, debería ir dirigida a otorgarle poder coercitivo a ciertas disposiciones de la Conred.

Pero ese debería ser solamente un primer paso, seguido de un debate serio y urgente acerca de la conveniencia de crear un auténtico sistema de defensa civil, encabezado por una Secretaría de Protección Civil, dependiente de la Presidencia de la República y con un puesto permanente dentro del Consejo Nacional de Seguridad.

Esto es lo congruente con la desastrosa realidad socioambiental de Guatemala.

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