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Esto no es un sarcasmo, ésta es la realidad de Guatemala.

Irmalicia Velásquez Nimatuj

La figura de Gustavo Adolfo Alejos Cámbara para los guatemaltecos honestos es sinónimo de corrupción. Él personifica a la elite encopetada que ha mostrado que la justicia es una mercancía, que puede ser negociada, por eso, nunca son procesados porque jueces y magistrados son comprados a través de intermediarios como Alejos. Y no importa si Alejos está en la cárcel o en un hospital, hasta él llegan en romería diputados, ministros, jueces, magistrados, abogados y todo interesado en ser electo para las cortes. Esto no es un sarcasmo, esta es la realidad de Guatemala.

De igual manera, ver cómo Felipe Alejos Lorenzana prostituye el cargo de congresista es acceder al rostro del pillo que se carcajea en la cara de la justicia, gritándole que a los jueces no se les respeta sino se les soborna, por eso, ningún antejuicio le alcanzará. Alejos Lorenzana simboliza la corrupción sistémica que es la responsable de que en medio de la pandemia los hospitales estén desmantelados y que el personal de salud esté muriendo por falta de insumos básicos para atender a los contagiados.

El trío se complementa con la fiscal general, María Consuelo Porras Argueta de Porres, que al verla es identificarla con la mujer servil, cómplice y la mejor achichincle que han adquirido los sectores oligárquicos, militares, políticos y religiosos conservadores. Con su actuar profesional y humano, Porras ha denigrado la lucha que han impulsado miles de valiosas mujeres desde la sociedad civil por construir una Guatemala digna. Porras es la perfecta estafadora que, usando los derechos por equidad de género para escalar, llegó a la cima del MP para servirse y servir a quienes mejor la recompensan y con quienes comparte afinidad ideológica y política. Por eso, ha desmantelado al MP, ha pagado ilegales pero millonarias deudas a empresas que las dos fiscales anteriores se negaron a hacerlo y su permanente silencio e inacción desde el inicio y ahora frente al golpe de estado técnico al destruir la Corte de Constitucionalidad, no encuentran precedente en el MP de 2010 a 2018.

El pacto de corruptos, financiado por la oligarquía y el crimen organizado, ha tomado al ejecutivo, legislativo y sistema judicial. El presidente Alejandro Giammattei, el presidente del congreso Allan Rodríguez Reyes, la presidenta de la corte suprema Silvia Patricia Valdés, la fiscal general y dos Magistrados de la Corte de Constitucionalidad están unidos para destruir la poca institucionalidad que queda en Guatemala que son: la Corte de Constitucionalidad y la Procuraduría de los Derechos Humanos.

En este escenario la población honesta debe levantar su voz y usar todos los canales posibles para protestar, antes que el Estado y el país sucumban totalmente y terminen como extensión de la oligarquía y el crimen organizado.

Fuente: [https://elperiodico.com.gt/]

Narrativa y Ensayo publica este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

Irma Alicia Velásquez Nimatuj