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Transas en el Transurbano

lucha libre

Lucía Escobar
@liberalucha

Ayer nos despertamos con la novedad de que la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, había hecho de nuevo de las suyas. Esta vez la balanza de la justicia se inclinó hacia el gobierno de la UNE, Unidad Nacional de la Esperanza, específicamente con el caso del Transurbano. El expresidente Álvaro Colom, ocho exministros y un ex viceministro de su Gabinete pueden terminar sus días en la cárcel.

Desde que la dupla CICIG-MP ha intentando desmontar la o las estructuras que desde hace tantos años se dedican a depredar el Estado, son muchos los que alzan sus voces intentando desvirtuar o desviar la atención hacia otros asuntos; que la justicia es selectiva o que cojea con el pie izquierdo, que no se sigue el debido proceso, etcétera.

Hoy vemos cómo casi todo el Gabinete en pleno de la UNE pecó de una u otra manera en este caso.  Después de escuchar la conferencia de prensa al respecto, veo que lo único claro del negocio del Transurbano fue el nombre. Según el diccionario transar es estafar o despojar tramposamente a alguien de algo. En este caso, fuimos los guatemaltecos a quienes se nos despojó de la oportunidad de tener un buen servicio de transporte.

Da cólera escuchar cómo funcionarios públicos hacen piñata con el dinero de los guatemaltecos.

El Ministerio Público explicó que para llevar a cabo estas detenciones fue necesario analizar financieramente, examinar y reconstruir a través de correos electrónicos, procedimientos administrativos y constancias financieras para trazar el camino de los fondos públicos desde que salieron del Estado hasta que llegaron a su destino final. El Transurbano contiene fraudes desde el principio de su creación. No se cumplieron ninguno de los procedimientos previos para este tipo de operaciones: Los proyectos nunca pasaron por Segeplan, a pesar de que es un requisito de la Ley del Organismo Ejecutivo. No se consultó a la Municipalidad de Guatemala (quien pecó de omisión, entre otras cosas por descubrirse). No se solicitó el visto bueno de la Procuraduría General de la Nación ¿para qué existe entonces? No se realizaron estudios de caso. No hubo análisis financiero. No existió un estudio que dijera que la asociación contratada para dicho negocio contaba con la capacidad técnica y operativa para llevar a cabo exitosamente la “modernización del transporte público”. No hubo licitación. Las firmas para el acuerdo gubernativo que dio vida al Transurbano fueron recogidas miembro por miembro y no en reunión de Gabinete como dicta la ley. Según las noticias dadas ayer, solo Carlos Menocal (exministro de Gobernación) y Rafael Espada (vicepresidente) se negaron a firmar el acuerdo. Esta decisión los tiene hoy libres de culpa.

La AEAU, Asociación de Empresarios de Autobuses Urbanos, creó al menos cuatro organizaciones fantasmas compró maquinaria sobrevalorada para el sistema pre pago, movilizó votantes y dio dinero a al menos dos partidos políticos, y pudo haberse quedado con un vuelto de varios millones de dólares, entre otras cosas que tendrá que ir probando el Ministerio Público a medida que la investigación avance. Pues como dijera la señora fiscal Thelma Aldana, este caso apenas se encuentra en la fase 1 de la investigación.

Espero que todos aquellos que quieren llegar a puestos del gobierno con el fin de hacer negocios turbios, lo piensen dos veces. No se vale alegar desconocimiento cuando se trata de fondos públicos. No se vale robarse el futuro del país. Ya no, no se vale.

Fuente: [www.elperiodico.com.gt]

Narrativa y Ensayo publica este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

Lucía Escobar
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