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Terror Militar y violencia neoliberal

Durante las últimas semanas, Guatemala y el mundo  han sido conmocionados por las noticias del juicio que se le sigue por genocidio al general Efraín Ríos Montt. Los reportes diarios que recibo con respecto a los testimonios de las víctimas de las atrocidades en 1982 del ejército en la región ixil  en el Quiché, son estremecedoras.  He aquí algunos fragmentos de los desgarradores testimonios: “los soldados arrojaron a mi papá, mi mamá, mis hermanos y a otras personas al río”;  “a mis hermanos les quitaron la ropa y los echaron en el fuego”; “a los adultos les disparaban y los tiraban al río, a los niños solo los tiraban al río y de plano se ahogaban y morían”;  “en el grupo de gente que mataron había dos señoritas, y que los soldados las llevaron a la iglesia y después solo se oía que gritaban, me imagino que fueron violadas”; “me llevaron y me metieron en un salón grande en el que había mucha sangre y había un montón de caites, zapatos y botas, tal vez de las personas que habían matado”. Los testimonios también hablan de la otra parte del genocidio, la muerte de los sobrevivientes fugados de  las masacres y que murieron por las privaciones en la inhóspita montaña: “ante la luz del mundo digo que mucha gente murió de hambre, de frío, de sed, durante tres meses que vivimos en la montaña cuando huimos de los soldados”. Soldados y oficiales involucrados en la matanza también mataron a niños: “Qué culpa tenían los niños de tres meses, ellos decían que eran guerrilleros”.

Durante el período de gobierno de facto de Ríos Montt,  se observó  terror estatal masivo como  lo fueron las masacres de las comunidades indígenas. También  se observó el terror selectivo en la desaparición forzada y ejecución extrajudicial de activistas sociales y militantes políticos. El terrorismo estatal en Guatemala siempre existió y a partir de 1963 no cesó de crecer. A fines de los años setenta, el terror selectivo se combinó de manera cada vez más creciente con el terror masivo, hasta ser llevado a su máxima expresión durante los 17 meses de Ríos Montt. Las cifras  indican que esta combinación de terror masivo y selectivo se mantuvo durante el gobierno de Mejía Víctores. Durante los gobiernos civiles a partir de 1986 la represión volvió a ser selectiva.

El terror militar tuvo como objetivo el aniquilar la insurgencia guerrillera. Hoy la democracia neoliberal ha vuelto a recurrir al terror selectivo necesario para disciplinar a la población que se resiste a la rapacidad del gran capital. El Estado guatemalteco, ahora a través del gobierno de Pérez Molina, es actor de este terror selectivo por comisión (matanza de la cumbre de Alaska) o por omisión. Sean agentes estatales encubiertos o escuadrones de la muerte amparados en la impunidad, nuevamente estamos viviendo la eliminación sistemática de dirigentes sociales: el asesinato del dirigente campesino Tomás Quej (28 de febrero), del dirigente Ch’ortí Ignacio López Ramos (5 de marzo), del dirigente popular Carlos Hernández (8 de marzo),  del  líder Tz’utujil Jerónimo Sol (12 de marzo), la captura arbitraria del activista de los derechos humanos  Rubén Herrera (15 de marzo),  el secuestro de cuatro dirigentes del pueblo Xinca y el asesinato de uno de ellos (Exaltación Ucelo, 17 de marzo), los asesinatos de la sindicalista salubrista Santa Alvarado (21 de marzo), la sindicalista municipal Kira Enríquez (22 de marzo). A esto hay que agregar allanamientos, amenazas de muerte, intentos de secuestro. Entre enero y octubre de 2012 organizaciones de derechos humanos registraron 254 ataques a defensores de derechos humanos y sociales.

Bueno es recordar y castigar el terror militar. También lo es denunciar la violencia neoliberal.

 

Carlos Figueroa Ibarra
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