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«Terminator» de una frágil democracia

Virgilio Álvarez Aragón

La incapacidad política del presidente Morales y de su equipo ha puesto al país en una crisis política innecesaria, la cual, pésimamente manejada, simplemente está haciendo que el prestigio de la institución presidencial esté desmoronándose tanto dentro como fuera del país.

No es el nombre del presidente el que importa. Su desconocimiento de los criterios básicos de la democracia, la política y la ética están afectando a la Presidencia de la República como ápice de la estructura política y jurídica del país.

Nadie en su sano juicio y mínimo conocimiento de los hechos puede considerar que la terquedad de tener lejos al comisionado Iván Velázquez no tiene como único objetivo castigarlo por haberlo denunciado como responsable de financiamiento electoral ilegal. Los argumentos esgrimidos resultan increíbles hasta para un niño que esté por concluir la primaria y haya desarrollado una mínima capacidad de raciocinio. Eso lo tienen más que claro los funcionarios de las Naciones Unidas, pero también los políticos y empresarios nacionales y extranjeros que cínica y oportunistamente lo apoyan.

Morales y su grupo creen que teniendo lejos a Velázquez debilitarán las instituciones vinculadas a la justicia y conseguirán que en el Congreso se le mantenga la inmunidad. Pero la Corte de Constitucionalidad, a pesar de sus divergencias, finalmente ha sido clara y ha establecido que, en tanto él siga siendo el responsable de la comisión, el país tiene la obligación de dejarlo entrar al país y de darle todas las condiciones para realizar su trabajo.
Las Naciones Unidas proponen una negoción gana-gana: Iván se queda en el cargo, coordinando y orientando las investigaciones, pero no retornaría de inmediato y podría nombrar a un adjunto que diera en el país la cara y administrara el día a día de la comisión.

Pero sus aliados y secuaces insisten en mantener tensa la cuerda, interesados en desarticular cuanto antes todas las investigaciones que podrían llevar a más políticos y empresarios a prisión. Imaginan tal vez que la crisis se puede solucionar con simplemente somatar la mesa y salir violentamente de la sala, pero olvidan que la Cicig no se creó para complacer a los gobernantes, mucho menos si están implicados en delitos, sean económicos o electorales; que la Cicig no es una delegación diplomática, sino el instrumento que la comunidad internacional encontró para sacar al país de la ineficiencia y la destrucción.

Rara vez las Naciones Unidas se ven enfrentadas a los gobernantes. Y cuando eso ha sucedido, el sistema ha salido airoso. Decir que las investigaciones contra los delincuentes de cuello blanco, sean políticos o empresarios, afecta la estabilidad del país es decirle al mundo que en Guatemala las mafias empresariales y políticas no quieren ser investigadas y que son ellas las que desestabilizan y empobrecen a la nación. En Guatemala no hay más riesgo de inestabilidad que el propiciado por el gobernante.

En su soledad, Morales fingió alegría al bailar el son cuando la Plaza de la Constitución estaba casi vacía por el temor de la población a la escandalosa presencia de policías y soldados que supuestamente lo protegían. Eso solo hace reír a sus ministros, que tienen que jurarle lealtad perdurable si quieren mantener el salario y sus prebendas. Los demás simplemente sentimos vergüenza ajena.

Lamentablemente para él, su ciclo de prestigio político y personal se ha agotado. Bien pueden jurarle obediencia ciega sus ministros, como rastreramente se lo manifestó el recién llegado ministro de Trabajo. Las personas de bien y los políticos con visión de futuro han tomado marcada distancia del autoritarismo y personalismo presidencial. Junto a él ya solo están los incapaces, los oportunistas de estrechas miras y los que, como se dice popularmente, tienen la cola machucada.

Es por ello que las movilizaciones, que se han sucedido cada vez más organizadas y coordinadas, tenderán a aumentar si el Gobierno no rectifica, al menos mínimamente, su proceder. Esta crisis tal vez es mayor que la vivida en 2015, pues el gobierno de Pérez Molina ni siquiera la imaginaba, lo que hizo que no pudiera reaccionar ni violenta ni maliciosamente.

Esta vez el gobierno efecenista se preparó para ella desde que llegó al poder, de modo que creó condiciones para impedir a toda costa que los delincuentes pudieran ser juzgados. No les ha sido fácil ni han salido del todo exitosos porque, si bien ahora cuentan con el apoyo, aunque tímido, del sector empresarial organizado, a diferencia de las movilizaciones de 2015, la sociedad cuenta ahora con organizaciones legitimadas, las cuales, si bien no responden a una misma orientación, actúan en sincronía y sin disputas de espacios y de beneficios.

El llamado pacto de corruptos tendrá pronto su prueba de fuego, pues la comisión pesquisidora que deberá proponer al pleno del Congreso mantenerle o retirarle la inmunidad a Morales no podrá actuar a contramano de la realidad. La sociedad exige, en todas partes del país, que el presidente se presente ante los tribunales para aclarar su situación, pues las evidencias son más que palpables. Mal hará el Congreso si lo cubre con un manto de impunidad. Mientras más demoren en emitir su fallo, más tensa estará la situación y con menos aliados podrá contar el presidente, pues sus recursos, aunque abultados, son limitados y todos están bajo vigilancia social.

Fuente: [http://plazapublica.com.gt/content/terminator-de-una-fragil-democracia]

Narrativa y Ensayo publica este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

Virgilio Álvarez Aragón
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