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Sentencia vigente: culpable

lucha libre

Lucía Escobar
@liberalucha

Mañana se cumplen cinco años de la histórica “Sentencia por genocidio y delitos contra los deberes de humanidad contra el pueblo maya ixil” dictada por el Tribunal Primero de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente.

El tiempo que duró el juicio, con sus altibajos, retrocesos, pausas y sinsabores fue de vital importancia para la construcción de la justicia en Guatemala. Durante los meses del debate, seguimos en línea (o cuando podíamos en persona) las audiencias que determinarían la culpabilidad de Efraín Ríos Montt y de José Mauricio Rodríguez Sánchez en la cadena de mando que permitió la masacre de al menos 1,771 ixiles entre marzo de 1982 y agosto de 1983 entre los municipios de Nebaj, Chajul y San Juan Cotzal en el departamento de Quiché.

Llegar a los juicios, poder pasar una mañana o una tarde ahí, fueron lecciones de ciudadanía valiosas. Durante meses, escuchamos conmovidos una parte de la historia de Guatemala que nos había sido negada conocer. En voces de sus protagonistas, revivimos los capítulos más incomprensibles de la historia reciente; tuvimos acceso a relatos terribles, sentimos el miedo que se sufrió en las montañas y la violencia que castigó a las poblaciones más alejadas del país, esas mismas que aún no han tenido la suerte de que les alcance el desarrollo.

Durante el juicio por genocidio, seguido por millones de personas en televisión, radio o redes sociales, escuchamos cómo se llegó a crear y promover una política de represión contra los pueblos indígenas. Las pruebas fueron contundentes. Por la sala de vistas desfilaron sociólogos, antropólogos y militares que al igual que los testigos ixiles fueron presentando pruebas testimoniales, documentales, científicas y materiales que conmovieron al mundo entero. Ejecuciones selectivas, masacres, destrucción y quema de aldeas, bombardeos a comunidades, desapariciones forzadas, violaciones sexuales colectivas, sometimiento a interrogatorios bajo tortura, saqueo de bienes, quema de casas y cosecha, control y cerco a comunidades, sometimiento a servidumbre fueron algunos de los horrores que se revivieron en el tribunal presidido por la jueza Yassmin Barrios y los vocales Pablo Xitumul y Patricia Bustamante.

Tras meses de atrasos, amparos y triquiñuelas para detener el juicio, finalmente, el 10 de mayo de 2013, José Efraín Ríos Montt fue condenado a 80 años de cárcel por genocidio y delitos de lesa humanidad. Su jefe de inteligencia, José Mauricio Rodríguez Sánchez fue absuelto.

La sentencia duró diez días.

La cúpula de empresarios del CACIF exigió que se anulara la condena.

La Corte de Constitucionalidad, CC, hizo caso y ordenó regresar el proceso hasta su inicio.

Pasaron varios años para que por fin se coordinara un nuevo juicio que se lleva a cabo a puerta cerrada en Nebaj, sin la presencia física de los acusados.

Durante esos años de espera por la justicia, fueron varios los testigos ixiles que murieron de viejos y de enfermedades relacionadas con la violencia. Murieron pobres, sin justicia, sin que se repararan los daños que sufrieron injustamente.

Mientras tanto en su casa y rodeado de sus seres queridos, el general que pudo evitar el genocidio del pueblo ixil, y no lo hizo, murió protegido por la impunidad.

Sin embargo, nadie nos saca de la cabeza que sí hubo genocidio.

La sentencia está vigente.

Fuente: [https://elperiodico.com.gt/lacolumna/2018/05/09/sentencia-vigente-culpable/]

Narrativa y Ensayo publica este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

Lucía Escobar
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