Saludable y oportuna acción de MP y Cicig

La acción penal contra los implicados en la estafa del saneamiento del lago de Amatitlán, la presencia de un grupo de fiscales encabezados por Thelma Aldana y el comisionado Iván Velásquez en el palco del Palacio Legislativo, junto a una nueva manifestación estudiantil y popular frente al Congreso de la República, se conjugaron para vencer toda resistencia a la aprobación de las reformas a la Ley Orgánica del Ministerio Público (MP), la cual ocurrió ayer con el voto casi unánime de las y los legisladores presentes en el hemiciclo parlamentario.

El caso de la “agüita con sal”, una vulgar estafa al Estado con la cual se hizo mofa de la inteligencia de la ciudadanía, fue uno de los catalizadores del descontento social que conduciría, junto a la acción del MP y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) al derrumbe del poder, turbio como las aguas contaminadas de Amatitlán, de Roxana Baldetti y Otto Pérez Molina.

Por eso resultan simbólicas, necesarias y oportunas las capturas y la consignación a los tribunales de los 14 acusados de formar parte de la red que participó en esa estafa, entre quienes se incluye a la ex vicepresidenta, su hermano Mario Alejandro Baldetti Elías; el ex secretario específico para Asuntos del Agua de la Vicepresidencia, Pablo Roberto González, y el empresario Hugo Rodolfo Roitman.

La acción del MP y la Cicig satisface una sentida reivindicación social, es un acto de justicia que se venía esperando desde muchos meses atrás y al que se procedió, seguramente, atendiendo a los tiempos de la investigación y la “maduración” del caso, pero que resultó políticamente muy oportuno, en la antesala de la fase final del debate parlamentario para aprobar las reformas a la normativa de la institución responsable de perseguir penalmente el delito, en nombre del Estado y la sociedad.

El resultado de esta muy oportuna combinación de la muestra práctica de las capacidades institucionales, la gestión política de Aldana y Velásquez, y el apoyo de manifestantes juveniles y populares frente al Congreso, es contar ya con un MP legalmente más vigoroso e independiente.

Con las reformas aprobadas ayer, desaparece la posibilidad de una destitución antojadiza del Fiscal General y Jefe del Ministerio Público por parte del presidente de la República y se elimina el Consejo del MP, que se había convertido en canal de nocivas influencias externas, pasos con los cuales, repetimos, se gana en fortaleza e independencia del ente de persecución penal.

Estamos ante un éxito de la sociedad y de la causa por reconstruir el Estado de derecho, con el añadido de una derrota a los todavía fuertes remanentes de “la vieja política”, que esta vez debieron retroceder ante la contundente combinación del que hacer institucional, el prestigio de la Fiscal General Aldana y el comisionado Velásquez, y el decidido respaldo de la plaza y la calle.

Fuente: Siglo21 [www.s21.com.gt]