Ruido de sables: el otro rostro de la crisis
Edgar Celada Q.
eceladaq@gmail.com
Apenas faltan dos días para ajustar dos semanas desde que se inauguró el gobierno del presidente Jimmy Morales, tiempo que en otro tiempo habría sido insuficiente para aventurar preocupaciones. Más bien, nos habríamos conformado con repetir que “esto apenas empieza”, en un sentido de prudente espera.
Pero no. Miren cómo empieza: solicitud de antejuicio para uno de los diputados del partido oficial, exclusión de la junta directiva y en la integración de las comisiones de trabajo del Legislativo; vergonzoso e innecesario sonrojo por la designación de una ministra evidentemente inelegible para el cargo; dificultad para llenar todos los puestos de primera y segunda línea en las dependencias del Ejecutivo.
Si la tarea estratégica, desde la perspectiva del establishment, es lograr la estabilidad gatopardista y al de Morales corresponde ser el verdadero “gobierno de transición” (¿hacia dónde? nos preguntamos), mal está empezando.
Nada de que regocijarse, ciertamente. Porque, vale decirlo: si el gobierno va mal, a Guatemala le va mal. Eso es lo preocupante: un gobierno que nace desorientado y en sus primeras dos semanas empieza a trastumbar, a dónde nos llevará.
El trastumbo mayor, la guinda del turrón de estas dos semanas, el motivo mayor de preocupación ciudadana es la disputa en la cúpula castrense, que alcanzó titulares de primera plana el sábado último y debería ser la comidilla mediática durante esta semana, si se logra evadir el manejo tabú de la cuestión militar.
El editorial de Siglo.21 del sábado 23 de enero hizo notar que “se están activando oscuros intereses, empeñados en contaminar con las tensiones del ámbito político, judicial, ideológico e histórico al Ejército de Guatemala” (EG) y llama a mantener la alerta sobre la posibilidad de “una escalada de esfuerzos por propiciar el indebido involucramiento de la institución castrense en asuntos que, en virtud de la Constitución Política de la República de Guatemala, tiene vedados”.
Es oportuno ese llamado de atención respecto de una inesperada (no extraña) derivación de la crisis política e institucional, que sigue sacudiendo al país.
El precepto constitucional que hace al ejército “apolítico, obediente y no deliberante” es obligatorio para la estabilidad de un régimen de corte liberal-republicano como el de Guatemala. Pero la norma no inmuniza a los militares de cualquier “contagio” político, por cuanto forman parte de la sociedad y dentro de ella tienen, han tenido y desean seguir teniendo, una posición determinada.
Dejamos para otro espacio la referencia a la naturaleza del ejército, como uno de los aparatos esenciales del Estado para el ejercicio de la dominación de clase. Lo que para el caso interesa es que, hasta ahora y en lo que lleva vigente la Constitución de 1985, este es uno de los momentos de mayor tensión dentro del EG.
Ella está asociada con el juicio que se sigue a un grupo de ex altos jefes militares, el grueso de ellos por crímenes de lesa humanidad, y un número menor por desaparición forzada, cometidos durante el conflicto armado interno.
Si bien se trata de procesos judiciales debidamente fundamentados, desde el ala conservadora del espectro político nacional y, más específicamente desde agrupaciones de ex militares contrainsurgentes, se ha querido presentar las acciones legales como resultado de “maquinaciones” de “la izquierda”, o la “subversión”, derrotadas durante la guerra de 36 años.
Se pretende teñir el manto de la impunidad con un discurso anclado en el pensamiento de guerra fría, incluyendo el supuesto falso de que hay un ataque contra el EG. Del discurso anacrónico se pasó a alentar, desde la misma institución armada, un recurso legal para dejar sin efecto uno de los artículos de la Ley de Reconciliación Nacional y liberar del juicio a los ex mandos castrenses.
Tan grave es el asunto que, la cabeza visible de la acción de inconstitucionalidad del 12 de enero habría actuado “a título personal”, según la versión oficial del EG, desautorización seguida del relevo del ahora ex jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional, general Alfredo Sosa Díaz, medida que, a su vez, llevó a una solicitud de antejuicio contra el ministro de la Defensa, general William Mansilla, por parte de una persona ajena al ejército, lo que trasluce la lucha política y los amagos de insubordinación que tienen lugar en este.
El ruido de sables es una grave manifestación de la crisis institucional. ¿Podrá controlarse? ¿O volveremos a enterarnos de la vuelta al pasado a través de una cadena nacional de radio y televisión?
Guatemala, 25 de enero de 2015
Fuente: Siglo21 [http://www.s21.com.gt]
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