Como es sabido el jueves 26 de enero de 2012, la jueza Primero de Mayor Riesgo, Carol Patricia Flores, después de escuchar las acusaciones de la fiscalía contra el general Efraín Ríos Montt, decidió dictarle una fianza de 500 mil quetzales y arresto domiciliario para poder enfrentar el proceso que se le sigue por los delitos de genocidio y crímenes contra la humanidad. Nuevamente como sucedió con Al Capone y como alguna vez lo recordé en relación al proceso contra el coronel Jacobo Esdras Salán (La Hora, 9/9/2010), al general se le está acusando por una parte mínima de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante su mandato entre marzo de 1982 y agosto de 1983: 11 masacres cometidas en la región ixil del departamento de Quiché durante las cuales murieron 1,771 personas, 1,485 mujeres fueron violadas y 29 mil personas fueron desplazadas de sus pueblos.
En términos jurídicos y de acuerdo con la Convención Para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio de la ONU, esto es genocidio porque es una acción de liquidación de uno de los cuatro grupos que tipifica el Artículo II de dicha convención: un grupo étnico. También es delito de genocidio porque según la fiscalía cuando familias enteras huyeron hacia las montañas, el ejército impidió que se le distribuyeran alimentos además de que destruyó los cultivos de los cuales vivían los ixiles. El literal c del artículo II de la convención señala que parte del delito de genocidio es el “Sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial”. En suma genocidio de acuerdo a la convención no es solamente matar parcial o totalmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso, sino crear las condiciones de existencia que provoquen su destrucción física parcial o total.
Los genocidas y sus defensores han esgrimido argumentos para contrarrestar la acusación de genocidio. El presidente Pérez Molina ha repetido: “Lo dije cuando estaba de candidato y lo vuelvo a repetir hoy que estoy de Presidente de la República, es que aquí en Guatemala no hubo genocidio. Se tipifica el genocidio cuando hay un exterminio de una raza por razón de ser una raza. Aquí en Guatemala lo que hubo fue un conflicto armado interno que la guerrilla lo llevó al interior del país y quisieron involucrar a las poblaciones mayas, pero aquí no hubo en ningún momento un exterminio por razón de raza, ustedes pueden chequear los archivos del Ejército y ahí van a encontrar que en un 80 por ciento, o en un 70 por ciento, el Ejército estaba compuesto también por población maya”. Ya lo he dicho en un artículo anterior: cierto es que en Guatemala el ánimo genocida fue el politicidio (acabar con los comunistas reales o supuestos) y no el etnocidio, pero para llevarlo a cabo, se efectuó el aniquilamiento parcial de Kiche’s, Kakchikeles, Kekchi’s, Ixiles y otras etnias más.
No es creíble que el general Ríos Montt no tuviera conocimiento directo de los crímenes que se estaban cometiendo en su mandato como ha dicho su abogado defensor Danilo Rodríguez. Ríos Montt fue un ejecutor de un plan trazado por el alto mando del ejército y de ninguna manera fue un títere en manos de dicha cúpula. Pese a que Juan Luis Font le crea al general (El Periódico, 27/1/2012) el propio Ríos Montt declaró cuando era presidente de facto: “si yo no puedo controlar al ejército ¿Entonces qué estoy haciendo aquí?”(http://www.youtube.com/results?search_query=si+yo+no+puedo+controlar+Rios). También se ha dicho que la defensa del genera podría argumentar la vigencia de la Ley de Reconciliación Nacional del 27 de diciembre de 1996, Decreto 145-96, por medio de la cual se declaraba extinción de responsabilidad penal a los delitos cometidos por guerrillas y ejército. Pero se ha dicho también que las amnistías no comprenden los delitos de genocidio, tortura y desaparición forzada.
Confieso que no puedo dejar de sentir pena por el general Efraín Ríos Montt. Pudo haber terminado su vida asociado a generales de la estirpe del uruguayo Liber Seregni y hoy se le vincula con Hitler. Tuvo la oportunidad histórica en 1974 de llegar a encabezar a un vasto movimiento de reforma democrática después del fraude electoral del que fue víctima por parte de la camarilla militar del momento. En vez de eso, aceptó un exilio dorado como agregado militar, se refugió en el alcoholismo y después en el fundamentalismo protestante. En 1982 los militares golpistas lo fueron a sacar de su casa o de su iglesia para ponerlo al frente del gobierno y se embarcó en la aventura genocida que hoy lo mancha. Los recuentos de desaparecidos y ejecutados en 1982 colocan ese año como la cúspide del terror masivo y selectivo contra el pueblo guatemalteco.
Ríos Montt acaso gane la batalla de la verdad jurídica. Pero la de la verdad histórica hace rato la perdió para siempre.
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