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Reglamentando la consulta previa

Un colectivo de mujeres mayas, denunció haber sido trasladadas bajo engaño para estar presentes en la presentación.

María Aguilar

El pasado 18 de julio, el Ministerio de Trabajo, Mintrab, realizó un acto público para presentar la “Guía operativa para la implementación de la consulta a pueblos indígenas”. Esto, como parte del proceso del Estado de Guatemala que ha buscado reglamentar el derecho a la consulta previa garantizada en el Convenio 169 de la OIT.

Según la guía, el Ejecutivo pretende cumplir con su responsabilidad de “mitigar la conflictividad derivada de la ausencia de lineamientos básicos institucionales para llevar a cabo la consulta y promover la participación activa de los pueblos indígenas”. Negando por completo que la conflictividad social no se deriva de la ausencia de lineamientos sino de los diversos procesos históricos de despojo iniciados desde la invasión española y que continúan hasta el presente.

Posterior a la presentación, alcaldías y colectivos indígenas expresaron su rechazo al plan presentado por el Mintrab a través de comunicados aclarando que, aunque han asistido a reuniones públicas y privadas, en ningún momento hubo una discusión abierta y con debate sobre el contenido de la guía, por lo tanto, no la avalan. Así mismo, un colectivo de mujeres mayas, denunció haber sido trasladadas bajo engaño para estar presentes en la presentación.

La reglamentación de la consulta ha sido un proceso que ha ocurrido en otros países latinoamericanos como parte de la política multiculturalista que no vela por el interés de los indígenas, sino que busca fortalecer la agenda neoliberal de elites nacionales y trasnacionales a través de operadores clave. Así, la urgencia del actual gobierno por reglamentar la consulta fue evidente para pueblos indígenas desde el momento en que se hizo pública la designación de Leticia Teleguario como ministra de Trabajo, quien, es sabido, ha sido afín a la elite económica nacional.

Para comunidades indígenas, el proceso de consulta ha sido un ejercicio histórico y representa una herramienta poderosa capaz de detener procesos de inversión que solo benefician a una minoría. Las elites y el Estado lo saben, por eso, buscan restringirlo y neutralizarlo al estandarizarlo.

Ante la historia de despojo, el racismo estructural del Estado, la nula representatividad de sectores mayas críticos en el gobierno, es ingenuo pensar que la reglamentación beneficiaría a las comunidades indígenas.

Fuente: [https://elperiodico.com.gt/opinion/2017/07/24/reglamentando-la-consulta-previa/]

Narrativa y Ensayo publica este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

María Aguilar Velásquez
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