¿Refundar un estado devorado?
Manuel Villacorta
José Martí lo expresó magistral y contundentemente: “El poder no otorga privilegios; el poder impone responsabilidades”. Jamás valoramos ese criterio, porque de haberlo hecho, Guatemala sería distinta. No sería un país plagado de carencias, injusticias y contradicciones. Porque desde que se desmontó el aparato autoritario y desde que los gobiernos civiles iniciaron lo que denominamos la apertura democrática, lejos de haber construido un mejor país, hemos agudizado nuestros problemas.
El pueblo es responsable al haber permitido el ascenso consecutivo de gobiernos irresponsables e incapaces. Desde el rompimiento constitucional provocado por el expresidente Jorge Serrano y las aberrantes acciones que se implementaron después de ello, como haberle dado la potestad al Congreso de elegir un presidente designado provisionalmente, para que luego este (Ramiro de León Carpio) ya en el poder, comandara una cruzada para depurar al mismo Congreso que lo había elegido, a pesar de que el mismo había surgido de un proceso electoral nacional e internacionalmente reconocido como válido, se inicia la pérdida de la ruta propuesta por los ideólogos del retorno a la democracia. Después de ello, gobierno tras gobierno, fue patentizándose nuestra dislocación política y consecuentemente, la pérdida del objetivo fundamental de todo país: poseer un Estado organizado, transparente y funcional.
Considero que en ese ya largo período de supuesta transición que acumula tres décadas, el poder quedó en manos de grupos desproporcionadamente poderosos, corruptos e irresponsables. Grupos que dieron paso a una simbiosis aberrante en la que empresarios perversos y políticos corruptos abortaron toda posibilidad de que Guatemala tuviese un Estado democrático y progresista. Las funciones fundamentales del Estado fueron mutiladas para hacer del mismo una instancia sometida y manipulada para favorecer nefastos intereses sectoriales. Eso queda irrebatiblemente confirmado al determinarse que jamás, en estos últimos treinta años, se hizo el menor esfuerzo para promover verdaderas políticas públicas, con énfasis en la educación, la salud, la infraestructura, seguridad y justicia. El Estado, por el contrario, se convirtió en el staff operativo de un país convertido en un vulgar casino.
Treinta años de irresponsabilidad es demasiado tiempo. Como producto de ello Guatemala presenta actualmente los peores indicadores políticos y socioeconómicos del mundo. Nos hemos convertido en un país que alberga una sociedad frustrada, extraviada, confusa y defraudada. Ciertamente, como pueblo tenemos gran cuota de responsabilidad, porque no promovimos a nuestros mejores ciudadanos para que fuesen seleccionados en los procesos electorales realizados. Elegimos lo peor y cedimos a los grupos más inescrupulosos lo más sagrado que tenemos: la direccionalidad de nuestro propio Estado.
Ante la ausencia de verdaderas alternativas nacionales, vuelven de nuevo a escena esos personajes nefastos, que a imitación de la peor película de terror, despiertan, se levantan y se presentan cínicamente como nuestros futuros redentores.
Considero que en ese ya largo período de supuesta transición que acumula tres décadas, el poder quedó en manos de grupos desproporcionadamente poderosos, corruptos e irresponsables. Grupos que dieron paso a una simbiosis aberrante en la que empresarios perversos y políticos corruptos abortaron toda posibilidad de que Guatemala tuviese un Estado democrático y progresista.
Fuente: [http://www.s21.gt/2016/05/refundar-un-estado-devorado/]
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