López Obrador y los límites del caudillismo

Virgilio Álvarez Aragón

México ha pasado de la sucesión presidencial programada, que se impuso luego de la Revolución de 1910, y de la alternancia entre dos fuerzas, que sucedió a Salinas de Gortari, a un gobierno de amplia mayoría cuyo líder ha dado por nombrar su gestión la «cuarta transformación» del país.

El sustantivo hace referencia a los grandes cambios que México vivió luego de la independencia, el régimen liberal liderado por Benito Juárez (ambos en el siglo XIX) y la Revolución mexicana. En todos hubo significativas transformaciones políticas, sociales y económicas que, para medianamente consolidarse, necesitaron al menos un par de décadas.

A pesar de los esfuerzos de los líderes de esos tres históricos movimientos, la pobreza de amplios sectores de la población, y en particular la de los indígenas, nunca ha sido superada. Es por ello que tal vez habría que hablar de cuatro (y no de tres) grandes transformaciones mexicanas, pues la conquista fue un quiebre histórico brutal a partir del cual, a la vez que se impuso una nueva clase dominante, que se ha mutado cuantas veces lo ha requerido para mantenerse en el poder, los indígenas se convirtieron en los eternos olvidados.

López Obrador obtuvo un contundente y apabullante triunfo al conseguir una mayoría absoluta de votos que ningún otro candidato había logrado en toda la historia política del país. Ese es su gran capital, pero también su mayor dificultad, pues, a pesar de que triunfó en todos los sectores y clases sociales, es la pobreza el mayor problema del país. Y, para enfrentarla, el ya ahora gobernante no ha ha presentado un proyecto serio y acabado. Esto, porque, como en los otros asuntos, tomar medidas drásticas despertaría muchas fieras y demonios.

Si la mayor crítica de la población a los anteriores regímenes ha sido la corrupción, el nuevo presidente, en su intenso y activo proceso de presentación de nuevas y variadas propuestas previas a su asunción al cargo, tampoco ha podido proponer acciones legales que efectivamente inhiban ese flagelo. Promete que en su gobierno no se aceptará la corrupción, pero ni siquiera para el combate real, futuro, existen claros y fuertes mecanismos que lleven a inhibirla.

Posiblemente la razón estribe en que, declarándose demócrata, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) no ha podido sacudirse el presidencialismo y se resiste a proponer una profunda y efectiva separación de poderes.

De esa cuenta, si bien ha declarado que su gobierno no perseguirá a nadie, ni siquiera a los más evidentes corruptos del gobierno que recién concluyó, tampoco ha hablado de dejar que los órganos jurisdiccionales de la justicia funcionen libre y ampliamente. Prometiendo más bien un borrón y cuenta nueva, en el que todos los crímenes contra el patrimonio y el erario público quedarán en el olvido, la persecución de la violencia que desde distintos actores sufre la población mexicana tampoco será perseguida.
Corrupción y violencia van siempre de la mano, y son Policía y Ejército los principales implicados. Sin reformas profundas a ambas instituciones, la creación de una policía militar parece ser más de lo mismo.

Está claro que, como él mismo afirmó, si se impulsara la persecución penal de los corruptos, se desatarían todos los monstruos, como está sucediendo en Guatemala. Pero resulta que esa persecución no es una cuestión del Ejecutivo, sino potestad de los órganos de justicia, que deberían sufrir una transformación completa para dejar de ser simples dependencias del poder ejecutivo.

En este aspecto, resultan importantes el ejemplo de Guatemala y, guardando las distancias, también lo que sucede en El Salvador y Perú. Pero, para ello, el nuevo presidente debe romper con la ideología autoritaria que el presidencialismo ha impuesto en México y no solo estimular, sino también diseñar, desde el Legislativo, la reforma judicial que tanto necesita el Estado mexicano.

Evidentemente, dos cuestiones más limitan el ímpetu transformador del nuevo presidente: el control que de los medios de comunicación masiva tienen las grandes corporaciones empresariales y el peso que la burguesía financiera tiene en la economía del país. Sin medios de comunicación públicos —no gubernamentales— capaces de informar con absoluta libertad y autonomía y sin un sistema financiero capaz de apoyar de manera real y económica a la pequeña y mediana empresa, impulsando también líneas de financiamiento de viviendas para los sectores más frágiles, la promesa de la cuarta transformación se quedará en eslogan, sin pasar de la ilusión a los hechos.

Finalmente, el partido Morena no solo es demasiado joven, sino que no cuenta con estructuras democráticas consolidadas. De ahí que, al concluirse su sexenio, si AMLO no comete la torpeza de pensar en la reelección, caerá en la tentación del dedazo, lo que puede provocar que lo poco que se logre en su sexenio no llegue a consolidarse y que se repita el ciclo de la revolución institucionalizada, en la que solo algunos resultaron beneficiados.

Fuente: [http://plazapublica.com.gt/content/lopez-obrador-y-los-limites-del-caudillismo]

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Virgilio Álvarez Aragón

Virgilio Álvarez Aragón

Doctor en sociología, formado en la Universidad de Brasilia. Ha sido docente universitario en Guatemala, México y Brasil. Interesado por los temas educativos, ha investigado sobre la política educativa y el magisterio, pero también sobre la democracia y sus riesgos en las sociedades post conflictos. Entre sus publicaciones más recientes se encuentran “Conventos Aulas y Trincheras, Universidad y movimiento estudiantil en Guatemala” (dos tomos, segunda edición 2013) y “La revolución que nunca fue: un ensayo de interpretación de las jornadas cívicas de 2015”. Publica sus opiniones en Siglo 21 y Plaza Pública
Virgilio Álvarez Aragón