Hace más de un mes se llevó a cabo el despojo y secuestro de las instalaciones de Editorial Praxis por parte de Inmuebles Abec, S.A. de C.V. Desde que las autoridades del Gobierno del Distrito Federal (GDF) por medio de sus testaferros otorgaron una licencia especial de demolición con habitantes adentro del predio ubicado en el número 185 de la calle de Vértiz, col. Doctores, y los depredadores comerciantes de bienes inmuebles se sintieron arropados por los funcionarios públicos, iniciaron una serie de atrocidades que sólo quienes las hemos sufrido podemos dimensionar. Es terrible lo que ha sucedido en esta tragedia, que las autoridades ven como comedia y actúan como farsa, de manera negligente con evidente vejación de los derechos humanos.
El 20 de agosto (el mismo día que se le vencía a la inmobiliaria el permiso de demolición otorgado por los funcionarios corruptos de la delegación Cuauhtémoc —no se necesita más explicación para ver lo absurdo de su proceder: a pesar de que desde el 6 de agosto el juez Tercero de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, Martín Adolfo Santos Pérez, resolvió «conceder la suspensión definitiva» dentro del juicio de amparo núm. 1405/2015, los empleados delegacionales necesitaron 14 días, los mismos que faltaban para que se venciera el permiso de demolición, para ir a poner unos cuantos sellos, y en lugar de ponérselos a los que de manera inhumana, injusta, ilegal han violado todas las normas, los pusieron en los espacios que durante 34 años ocupó la editorial de manera pacífica elaborando libros—) por la madrugada ―como actúan los hampones― llegaron los funcionarios del Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal (Invea) a colocar unos sellos de suspensión de demolición sólo para los interiores D, 000, 8 y 9 del referido inmueble, cosa inaudita, pues si todos estos departamentos hubieran quedado arriba de la planta baja, las autoridades, al autorizar la demolición de la parte de abajo, en su terrorífica imaginación los hubieran dejado flotando en al aire. Pero su mente surrealista les dio para más: los empleados de la delegación Cuauhtémoc no nos vieron, ni nos ven. A pesar de que se acreditó de varias formas (desde 1982 tengo copia de todos los contratos de arrendamiento del inmueble de Vértiz 185) y de las distintas notificaciones que he recibido de parte de los anteriores dueños de dicha propiedad y de los actuales, así como de diversa documentación fiscal que acredita la legítima posesión de los departamentos por la editorial, Inmuebles Abec, por medio de su representante legal, Eloísa Cruz Prado, le volvió a mentir al juez federal cuando le aseguró que al solicitar la licencia de demolición y acudir el personal de la delegación al inmueble para verificar sus condiciones estructurales «el predio estaba desocupado» y que la editorial, por mi conducto, lo había invadido de la noche a la mañana. Aquí se ve el claro contubernio de las autoridades con la empresa constructora, pero no sólo eso, sino el tamaño de su mentira e imaginación, según pudo constatar la actuaria que llevó a cabo la inspección ocular ordenada por el juez federal; ella dio fe de que toda la maquinaria, las decenas de miles de libros, las miles de obras pictóricas valiosas y todos los bienes muebles no son juguetes en miniatura que se llevan en un costal de un lado para otro.
Lo trágico y deleznable fue la injusticia que se cometió en mi contra el pasado 20 de agosto, en que me levanté a la hora de siempre y bajé del departamento 8 al 000. Vi unos sellos puestos a un lado de las puertas del 9, del 8 (donde vivía) y del 000 que no impedían el acceso al taller donde laboro desde hace 34 años; la accesoria D no tenía ningún sello. Ese día llegó como a las 11 de la mañana un camión para hacer otra mudanza a Cuernavaca —a consecuencia de las acciones terroríficas, bestiales, asesinas de Abec, había empezado mi traslado a dicha ciudad para preservar mis bienes, los de la editorial y mi integridad—. Abrí la puerta de la calle y les dije a los dueños de la mudanza que les dejaba abierta también la puerta del taller para que pasaran cuando terminaran de estacionar bien su camión, mientras yo avanzaba con el trabajo. Al asomarme a ver si todo estaba bien, me topé adentro de mi lugar de trabajo con el energúmeno abogado de Abec, Alfredo Morales Huerta, que le ordenaba a unos policías que lo acompañaban (según su placa de identificación, R. Macías C., núm. 888683; M. Solís T., núm. 932017; J. Hernández O., núm. 826353) que me detuvieran por haber violado los sellos de suspensión de trabajos de demolición. Aunque quise explicarle a los policías el equívoco y que no había violado ningún sello, que estaban intactos, y que en todo caso, los sellos que ellos indicaban inhabilitaban a la empresa del desquiciado que manoteaba y gritaba, aquéllos me amenazaron con que si no salía por la buena me esposarían y sacarían arrastrando del taller, a pesar de haberles explicado y mostrado el amparo federal por el que se pusieron esos sellos, y que era ilógico que yo quisiera quitarlos. Habían pasado 3 minutos y ya estaban dentro de mi centro laboral otro empleado de Abec fotografiando y filmando y 5 policías que se dedicaron a amedrentar y justificar la agresión del abogado de Abec. Fui conminado a salir bajo amenazas, de manera violenta, arbitraria, de mi domicilio, sin mediar orden judicial alguna, con total violación de mis derechos humanos. Me subieron a una patrulla y me llevaron a la delegación Cuauhtémoc. Ahí, el abogado que ordenó mi detención siguió manoteando y gritando a la juez cívica. Le ordenó que me remitieran al área del Ministerio Público y que me confinaran en las galeras, en el subterráneo de la delegación, adonde me condujeron y fui objeto de intimidaciones e injurias, fui despojado de todas mis pertenencias y desnudado y permanecí incomunicado durante 12 horas. A pesar de que no existía ningún delito qué perseguir, y de que el Ministerio Público que avaló y solapó mi detención ilegal no encontró elementos para mantenerme retenido, mi salida de los separos se obtuvo mediante el pago de 15 mil pesos, para no quedarme privado de mi libertad durante 48 horas, que al atravesarse el fin de semana se hubieran convertido en 96; en otras palabras, tuve que pagar para que se reconociera mi inocencia, otra total incongruencia y una prueba más de la vejación de mis derechos humanos.
La tragedia continuó cuando regresé a Vértiz 185 a las 3 de la mañana y no pude ingresar al departamento que habitaba, pues la entrada estaba bloqueada con cadenas y candados y un guardián de Abec se mostraba agresivo y provocador. Me dio posada mi amigo Carlos Galindo a partir de esa madrugada hasta el lunes 7 de septiembre, cuando me trasladé a Cuernavaca. El sábado 22 de agosto se comunicó conmigo Eduardo Vázquez Martín, secretario de Cultura del Gobierno del Distrito Federal; me planteó la idea de organizar una reunión al día siguiente con la secretaria de Gobierno, pues debía protegerse el patrimonio cultural que representa Editorial Praxis para la ciudad de México. Para organizar la reunión, Vázquez Martín comisionó a Marco Rascón. Dicha junta se postergó hasta el 3 de septiembre. A ella asistió, entre otros, el director jurídico de la delegación Cuauhtémoc y en todo momento trató de justificar los actos ilegales, mafiosos, de la dependencia donde trabaja. Sin embargo, ante la contundencia de los argumentos que argüimos mi abogado y yo, no le quedó más que aceptar que repondría los sellos de clausura ahora sí contra la inmobiliaria. No lo hizo, ni asistió a la siguiente reunión convocada para el 11 de septiembre. En su lugar asistió el secretario de Gobierno de la delegación y se comprometió a que repondría los sellos. Me pidió que estuviera presente en la diligencia para abrir la puerta de acceso a los interiores de Vértiz 185. Fui y en todo momento vi la acción de los empleados del Invea: tibia, timorata, de franco sometimiento a la inmobiliaria. Ni siquiera hicieron el intento de abrir la puerta del 185, que ya tenía otra cadena y candado puestos, además de un muro que está detrás de la puerta principal del predio. De nuevo, los empleados de la inmobiliaria —retadores, prepotentes, provocadores, agresivos— se impusieron sobre la autoridad. Esta vez, con el agravante de que llegaron el dueño de la inmobiliaria y varios de sus empleados, además de un grupo de los que trabajan en la construcción del predio aledaño a Vértiz 185, a vociferar y amenazar con que «esto no se va a quedar así», entre otras expresiones obscenas. Ante esto, los enviados del Invea se retiraron con el argumento de que la diligencia había concluido, sin haber hecho el intento de abrir la puerta del predio para colocar adentro los sellos de suspensión de actividades, que sí colocaron en la fachada del edificio. A los cinco minutos de que se habían retirado los funcionarios del GDF los empleados de Abec abrieron las cortinas que apenas habían clausurado los del Invea y retiraron varios de los sellos de suspensión de demolición. Entre gritos, risas, burlas y violencia verbal del dueño y sus acompañantes me retiré del lugar, donde se pactó una reunión que no se llevó a cabo el 18 de septiembre; a dicha mesa de trabajo fui convocado a las dos de la mañana del mismo día que se llevaría a cabo.
Desde hace más de un mes fui despojado por Abec —en contubernio con la delegación Cuauhtémoc— de todo mi patrimonio de 35 años de trabajo. Todos mis bienes están secuestrados. Pararon mi actividad económica, tuve que indemnizar trabajadores, no he entregado trabajos pendientes, todos mis archivos, negativos, galeras, computadoras, máquinas de impresión, fotolito, dobladoras, guillotina, retractiladora están retenidos de manera ilegal, injusta. En estos momentos subsiste mi angustia sobre el destino de mis bienes. Los actos de arrasamiento continúan por parte de Abec sin que las autoridades hagan el menor intento por pararlos. Responsabilizo a Inmuebles Abec, S.A. de C.V., a los funcionarios de la delegación Cuauhtémoc, al Invea, al Gobierno del Distrito Federal de lo que me pase a mí y a mi patrimonio, así como el de la editorial que represento. A las miles de personas que se han solidarizado con nosotros en estos días aciagos les digo que no vamos a defraudar su confianza y generosidad. Que seguimos resistiendo. Hoy más que nunca estamos seguros de que no podrán detener nuestro trabajo, pues con todas limitaciones mencionadas seguimos, convencidos de la justeza y legitimidad de nuestras reivindicaciones. Porque nos asiste la razón y la ley, estamos seguros de que se impondrán el sentido común y el respeto por la vida, el trabajo, la creación, la palabra.
Carlos López Barrios
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