¿Dónde están nuestros seres queridos/as desaparecidos/as?*

La desaparición forzada no es un fenómeno del ayer circunscrito a las dictaduras o a los períodos más represivos de la historia del continente, sino que es una realidad torturante que enfrentan día con día numerosas personas en el continente.

Con el objetivo de “prevenir, sancionar y suprimir la desaparición forzada de personas en el Hemisferio” y ofrecer “un aporte decisivo para la protección de los derechos humanos” hace veinte años, en 1994, los Estados americanos aprobaron la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas (CIDFP).

Este importante instrumento ha sido ratificado por menos de la mitad de los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA) -Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela- y, sin embargo en algunos de estos países no ha sido efectivamente aplicado, de modo que son numerosas familias las que se suman cada año a aquellas otras que cargan desde hace décadas con la memoria de personas amadas a las que se las llevaron y nunca dijeron adiós.

El hilo conductor entre los casos de ayer y del presente es la impunidad. Con notables excepciones, en la mayoría de los países no se han adoptado políticas públicas adecuadas, y prevalece la falta de investigación, tanto para identificar y castigar a los responsables como para ubicar a las víctimas y devolverlas a sus familias. Este estado de cosas, con sus efectos revictimizadores, revela con crudeza que los Estados han sido omisos en el combate decidido a la desaparición forzada, lo cual constituye una “afrenta a la conciencia del Hemisferio y una grave ofensa de naturaleza odiosa a la dignidad intrínseca de la persona humana” (preámbulo de la CIDFP). Incluso hay muchos países que ni siquiera la han tipificado como delito, incumpliendo así con lo prescrito por la Convención y lo ordenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en diversos fallos.

La desaparición forzada continúa siendo una problemática continental, en la actualidad ligada a los excesos en las políticas de seguridad de los Estados, incluyendo aquellas diseñadas para el combate de las drogas. Por ello, las organizaciones y familiares firmantes, en el vigésimo aniversario de la adopción de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas y al celebrarse el 46 periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General de la OEA, hacemos un llamado vehemente a las autoridades del continente para que renueven su compromiso con la verdad y la justicia, tengan en cuenta este fenómeno en el abordaje de las políticas de seguridad ciudadana y de fortalecimiento institucional de la justicia, así como para que fortalezcan las acciones preventivas de este crimen odioso, que continúa siendo una afrenta para la humanidad.

Señores y señoras cancilleres y embajadores: Los desaparecidos y desaparecidas no son una cifra ni un nombre en una lista, son personas que fueron arrancadas de la vida, despojadas de su humanidad y aisladas de sus familias. Hoy seguimos esperándolas y les preguntamos ¿dónde están? ¿Qué están haciendo las autoridades de sus países para averiguar su paradero? ¿Cuándo se va a investigar, juzgar y sancionar a los responsables? ¿Cómo se va a erradicar la desaparición forzada?

*Campo pagado dirigido a las delegaciones gubernamentales que asistirán a la 46 Período Extraordinario de Sesiones de la Asamblea General de la OEA que se celebrará en la ciudad de Guatemala el 19 de septiembre de 2014. Esta es una iniciativa liderada por el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), organización que litiga ante los órganos del sistema interamericano de derechos humanos.

Si estás interesado en incluir tu firma apoyando lo que expresa la carta, envia un correo a daraya@cejil.org antes del 17 de septiembre.